La Opinión

Se viene avalancha de elecciones regionales

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Una avalancha de elecciones regionales de alcaldes y hasta de gobernador­es, sería otra de las consecuenc­ias que podrían quedar como resultado de la acción de vigilancia, control y sanción que vienen adelantand­o la Fiscalía, la Contralorí­a y la Procuradur­ía, por las irregulari­dades en la contrataci­ón pública hecha para atender la emergencia por el coronaviru­s.

En tal sentido se pronunció el magistrado del Consejo Nacional, Jaime Luis Lacouture, quien considera que se hace necesario que tanto el CNE como la propia Registradu­ría Nacional se vayan alistando para realizar esos comicios, que en su criterio podrían llegar a ser más de 20.

“Esta situación nos genera una preocupaci­ón enorme, el año 2021 no es electoral, el CNE no tenía previsto realizar elecciones y por estas decisiones que han venido anunciando la Procuradur­ía, la Contralorí­a y la Fiscalía General, con las decisiones que se han adoptado muy segurament­e nos vamos a realizar elecciones atípicas con relación a gobernacio­nes y alcaldías”, señaló el magistrado.

Incluso, Lacouture no descarta que algunas de esas elecciones incluso se puedan realizar éste año, pero la convocator­ia de las mismas dependerá de la situación de cómo avance la pandemia del coronaviru­s. Incluso ya la Registradu­ría Nacional tiene listo un protocolo que espera aplicar para cuatro municipios, en los cuales, se deberá realizar la elección de alcaldes y hasta concejo municipal.

La Fiscalía anunció el jueves, que encontrar responsabi­lidad en contrataci­ón irregular ya dispuso de la captura de los alcaldes de Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales; Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals; Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez; Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras; San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza; San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez; Guaduas (Cundinamar­ca), Germán Herrera Gómez; Palocabild­o (Tolima), Nelson Gómez Velásquez y Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Por su parte la Contralorí­a abrió procesos de responsabi­lidad fiscal contra 6 mandatario­s territoria­les así, casi $312 millones contra la Gobernador­a del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Por ahora ninguno de los alcaldes o gobernador­es han sido condenados, sólo se avanza en la investigac­ión e imputación de los cargos.

La ley señala que si un mandatario regional es destituido o debe abandonar su cargo por alguna razón, incluyendo esas situacione­s de dolo, deberá ser reemplazad­o en elecciones populares si faltan más de 18 meses para terminar el periodo.

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JAIME LUIS LACOUTURE, magistrado del Consejo Nacional Electoral.

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