EL CORONAVIRUS, OTRO DOLOR DE CABEZA EN LA FRONTERA
La orden de no enviar a los retornados a sus estados de origen hasta cumplir la cuarentena, sumado al caos de servicios públicos y las limitaciones del sistema de salud, generan preocupación.
Últimamente se está viendo el arribo a la frontera de buses con migrantes venezolanos que han decidido retornar desde varias ciudades y países suramericanos, estimándose por parte de Migración Colombia que el número de migrantes que voluntariamente se ha devuelto para Venezuela asciende a 55.888, entre el 14 de marzo y el 13 de mayo.
En medio de ese contexto del retorno, es que en el estado Táchira hay una discusión de tipo sanitario entre las autoridades locales y nacionales, porque el confinamiento obligatorio de quienes han vuelto no es el adecuado y podría ser un factor de inminente contagio.
Pero, además, hay armada una polémica sobre la realidad de las cifras de infectados con la COVID-19 en ese estado fronterizo, al igual que por el cruce ilegal por las trochas de personas que pasan hacia lado y lado, sin que las autoridades ejerzan el control respectivo.
Pareciera que la gente va y viene por las trochas (fronterizas)en busca de alimentos y medicinas, evadiendo los controles epidemiológicos”, Laidy Gómez, gobernadora del Táchira.
La frontera venezolana vuelve a convertirse en foco de atención para las autoridades de Venezuela y Colombia, tras darse a conocer la orden del gobierno venezolano de mantener en cuarentena en los estados fronterizos a todos los migrantes que retornan al país desde distintos puntos de Suramérica.
Estas personas ingresan a Venezuela a razón de 700 por día, la mitad utilizando el corredor humanitario establecido por ambos países en el Puente Internacional Simón Bolívar, el resto, a través de las decenas de trochas que permean la seguridad de las autoridades de ambos países.
Las cifras oficiales de la entidad se han disparado exponencialmente aumentando de 26 a 129 casos en tan solo una semana. Frente a ello, las autoridades nacionales han ordenado un reforzamiento en la vigilancia de los pasos irregulares y la aplicación de severas medidas judiciales a quienes faciliten el paso de personas por estas rutas.
Al mismo tiempo que coordinan acciones para incrementar el número de refugios para la atención de los migrantes.
“Pareciera que la gente va y viene por las trochas en busca de medicinas y alimentos evadiendo así los controles epidemiológicos, pues ante la regularización de precios en los productos de la cesta básica, los artículos comienzan a escasear y la población se ve en la necesidad de ir al hermano país a comprar”, dijo la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, al tiempo que agregaba que “todo el mundo sabe quiénes se benefician en estos pasos, pero necesitamos que se tomen medidas estrictas para manejar con mayor respon- sabilidad y alcance los controles epidemiológicos”.
Destacó que a estas altura la prevención se convierte en una conducta individual y de responsabilidad ciudadana pues el Estado, autoridades regionales y municipales, así como las autoridades de salud, vienen trabajando en la prevención, pero si el colectivo no acata las normas, la situación pudiera complicarse”, expresó.
VOLVER AL PRINCIPIO
Para el alcalde de San Antonio, quien como primera autoridad del municipio de frontera más dinámico de Venezuela, ha debido lidiar con la entrada y salida del flujo migratorio venezolano, las recientes decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, respecto a la contención de la pandemia, son una vuelta al principio.
Recordó que tras la apertura del corredor humanitario y la habilitación de los primeros refugios, la cuarentena de los retornados se cumplía durante 15 días en los municipios de frontera y luego la saturación de los mismos obligó a extender su ubicación a otros 6 municipios en el interior del estado Táchira, llegando a manejarse 18 durante los primeros 15 días. Luego el tiempo de permanencia en estos refugios se redujo a 5 días y el número de establecimientos disminuyó en consecuencia.
“Entonces nos tocó improvisar, hoy en día tenemos una experiencia acumulada, hemos acondicionado los lugares que se mantienen activos en los municipios de frontera con baños y lavamanos portátiles, hemos establecido protocolos para la logística de alimentación, contamos con asesoría nutricional, hay médicos y paramédicos incorporados a la tarea de atender a los migrantes retornados”, aseguró, y agregó que en la próxima etapa de acción el desafío será llevar estos mismos protocolos a todos los centros de albergue.
Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, las cosas no parecen marchar tan bien. No existe información oficial sobre el número de camas disponibles en el estado, debido al evidente divorcio informativo entre las autoridades regionales de salud y las designadas desde el gobierno nacional venezolano para actuar en los estados fronterizos.
ENTRE LA COMPRENSIÓN Y EL MIEDO
La crisis social y económica que vive la población venezolana, sumado a la deficiencia de servicios públicos básicos y la falta de poder adquisitivo, complica el acatamiento de la cuarentena, y también la reinserción de los migrantes retornados a la sociedad venezolana.
Todo ello ha llevado a pensar a las autoridades colombianas que los migrantes venezolanos retornarán a los caminos de Latinoamérica cuando la situación tras la pandemia se normalice. “Con seguridad los volveremos a ver una vez esta crisis se calme un poco. Regresarán cuando la economía se active de nuevo”, dijo el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret.
La Opinión consultó la percepción de algunos tachirenses en torno a estas medidas y la mayoría afirmó tener un familiar en el exterior, por lo que entiende lo difícil que es para estos migrantes retornar, pero también expresaron su preocupación por la precariedad del sistema público de salud y la escasez de medicamentos.
Del lado colombiano, la preocupación principal radica en que pese a los controles, el paso por las trochas luce indetenible. Ya en una oportunidad, a principios de la aplicación del cierre de fronteras y las medidas de cuarentena, una ciudadana procedente de Venezuela que ingresó por trocha, y fue atendida en un centro de salud de Norte de Santander, falleció a menos de 24 horas de su llegada.
Oswaldo Cáceres, defensor de derechos humanos, recordó que la frontera venezolana pasó de ser la frontera más viva de América latina a ser la más golpeada. “Si un ciudadano de la frontera se enferma, es mejor ir a San Cristóbal o incluso en muchos casos, es mejor ir a Cúcuta en búsqueda de atención primaria”.
Considera que Táchira no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los venezolanos que retornan, “llevarlos a instituciones educativas es algo muy deprimente y decadente porque atenta contra su dignidad humana, al punto de que muchos prefieren escaparse y huir de esos lugares poniendo en riesgo al resto de la población”.
Para Víctor Contreras, ingeniero residenciado en San Cristóbal, la medida es muy dura para las personas que vienen de una larga travesía, sumado al hecho de que no se les ofrecen un mínimo de comodidades, al tenerlos hacinados en instalaciones donde los que pudieran estar contaminados van a enfermar a los que lleguen sanos y la exposición a condiciones de insalubridad, deficiencias de agua, luz, comida, en fin, hacen peor el remedio que la enfermedad.
“Asimismo se les causa un problema a las comunidades adonde llegan, ya que muchos logran ‘fugarse’ para buscar comida, y otros para cometer delitos, pero todos generan el riesgo de contaminar a otras personas, fuera de los refugios”.
Roberth Ruiz, habitante de San Antonio, ve con preocupación la orden de mantener en frontera a los migrantes. “En frontera vemos los PASI (Puntos de Atención Social Integral) como focos de contagio más que centros de refugio, por cuanto allí escasamente se cumplen las medidas, uno los ve sin tapabocas, realizando actividades sin el debido distanciamiento y eso preocupa porque si hay
una persona contagiada, va a contagiar a muchas más”. En frontera funcionan actualmente cinco PASI en San Antonio y otros tres en Ureña, lo que se hace insuficiente para albergar a las 700 personas por día que regresan al país.
Para Víctor Castro, flexibilizar las medidas de la cuarentena sería un riesgo, “mientras la pandemia exista hay actividades sociales que se deben sacrificar”. “No es nada fácil permanecer en cuarentena cuando la población no tiene comida, ni ingresos económicos para aguantar el confinamiento”, dijo Ana Méndez, para quien a sus 74 años “no es fácil estar en cuarentena sin agua, sin gas y sin luz”.
El disparo en las cifras no se evidencia solo en Táchira, otras entidades fronterizas con Colombia como Zulia y Apure también muestran alarmantes incrementos en las cifras de casos confirmados. Realidad a la que no escapa la franja fronteriza entre Venezuela y Brasil en el estado Bolívar.