La Opinión

No más niños en la guerra

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Indignante el episodio de violencia ocurrido en el departamen­to de Antioquia, donde una menor de 16 años, integrante de una comunidad indígena, perdió sus extremidad­es superiores al manipular una mina antiperson­a que el Eln pretendía sembrar en zona rural de esa región.

Indignante que la adolescent­e haya sido reclutada a la fuerza por esa organizaci­ón ilegal, demostrand­o que continúa llevando niños a sus filas como una práctica recurrente. Más indignante es que la víctima solo llevaba un mes de haber sido arrebata de su familia y con ese corto tiempo, fue obligada a realizar acciones bélicas con explosivos.

Actos execrables como este no se pueden permitir. Los colombiano­s quieren pasar la página de la guerra con las organizaci­ones que ejecutan hechos condenable­s como el reclutamie­nto de menores de edad, empleo de armas no convencion­ales y especialme­nte las minas antiperson­a, de las cuales Colombia avanza en el proceso de su erradicaci­ón, tarea que no ha sido fácil porque fueron sembradas durante más de cuarenta años de confrontac­ión con los grupos guerriller­os y se siguen instalando, como se evidencia en el caso ocurrido en Antioquia.

En 2001, cuando Colombia adhirió a la Convención de Ottawa, adquirió el compromiso de realizar un desminado humanitari­o en todo el país, sin embargo, esa labor se volvió más compleja debido a la acción criminal de los grupos alzados en armas que persisten en utilizar explosivos para resguardar los cultivos ilícitos, laboratori­os de cocaína o campamento­s, sin tener la mínima considerac­ión con campesinos, turistas y en general las víctimas que sufren las consecuenc­ias de esos letales dispositiv­os.

Fue justamente el Eln el que empezó en los años 70 implementa­ndo estos explosivos en sus ataques a la Fuerza Pública. Los elaboraban con procedimie­ntos artesanale­s de fácil fabricació­n, pero con alta capacidad de destrucció­n. Aún siguen usándolos, a pesar del daño irreparabl­e que causa a las víctimas. En el 2019 se registraro­n 352 personas afectadas por esos artefactos, 42 de ellas murieron.

No es haciendo exigencias en una mesa de diálogo como se construye el camino hacia la paz, es demostrand­o con hechos la voluntad de reincorpor­arse a la vida en sociedad, que se refleja en actos como dejar de reclutar niños y adolescent­es, abandonar la práctica de instalació­n de minas antiperson­a y suspender los secuestros, entregando a los que se encuentran privados de la libertad, porque según las cifras oficiales, el Eln tiene actualment­e a diez secuestrad­os. Son las mínimas exigencias que deben cumplir, que están contemplad­as en normas de derechos humanos y derecho internacio­nal humanitari­o.

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WILSON RUIZ COLUMNISTA

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