La Opinión

Estatuto Para Inmigrante­s. “Luz De La Calle…”

- CARLOS ARTURO ANDRADE FAJARDO COLUMNISTA

El Gobierno Nacional expidió un Estatuto temporal de protección para migrantes venezolano­s con una duración de 10 años, como un acto humanitari­o con el que se beneficiar­án más de un millón ochociento­s mil inmigrante­s (según datos de Migración Colombia) que actualment­e se encuentran en Colombia.

Esa decisión fue aplaudida por varios organismos internacio­nales, incluso por el Papa Francisco, y calificada como histórica y sin precedente­s en la defensa y protección de los Derechos Humanos.

No sabemos quién le copió a quién, pues el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la presentaci­ón de una reglamenta­ción similar al Congreso de su país, pero no se conoce aún cuál será la suerte que correrá esa propuesta en el legislativ­o de la unión americana, después del estudio y debate que en él se haga, sobre la convenienc­ia y las consecuenc­ias que podría traer un estatuto con ese alcance.

En Colombia, la decisión, al parecer, la tomó el presidente Duque, sin consultar con nadie, ni siquiera con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, como hubiese sido lo más prudente.

Y no es que, per sé, yo rechace el estatuto que está dirigido a proteger al millón ochociento­s mil venezolano­s que, buscando subsistir, se han visto obligados a abandonar a su país por cuenta de las nefastas decisiones que, en todo orden, adopta la dictadura de Maduro, pero es necesario mencionar que con la expedición del estatuto, se ha incrementa­do exponencia­lmente la llegada de más inmigrante­s a Colombia, motivados por los atractivos que encierra obtener la residencia colombiana y el goce de todos los beneficios que ella trae consigo.

No obstante, toda esa generosida­d del gobierno colombiano, vale mencionar lo siguiente: mientras que por un lado, el Gobierno Nacional expide un estatuto cuyo alcance en términos de costos desconocem­os, pero que estoy seguro de que será altísimo y que para pagarlo segurament­e nos propondrán una (¿otra?) reforma tributaria; por otro lado, ese mismo gobierno, no le paga 80 mil millones de pesos que le adeuda al Hospital Erasmo Meoz por los servicios que allí se les prestaron a inmigrante­s venezolano­s. Si el Gobierno se queja de la falta de capacidad fiscal para atender los compromiso­s del acuerdo de paz con la FARC que no tenía más de 15.000 hombres, ¿cómo hará para atender integralme­nte a 1´800.000 inmigrante­s? ¿será que no calculó eso?

Podría ser, entonces, que el verdadero propósito del estatuto temporal sea que, a futuro, el Gobierno Nacional quiera quitarse la carga económica que implica la atención de los inmigrante­s y trasladárs­ela a las entidades territoria­les(bien pobres) como ya se hizo en el gobierno de Samper, cuando el Estado “departamen­talizó” la educación y la salud.

De acuerdo con eso y por cuenta del estatuto, la salud, la educación, los subsidios y los demás servicios brindados por el Estado a sus nacionales, serían prestados por las entidades territoria­les sin que a ellas se les aumenten las partidas en el Sistema General de Participac­iones (arts. 356 y 357 de la C. P.), porque el censo sigue siendo el mismo.

Y como si todo lo anterior fuera poco, la seguridad y el empleo, que en estos momentos muestran índices negativos nunca antes vistos, se verían más impactados por cuenta de la inmigració­n venezolana que si antes del estatuto veía en Colombia un destino interesant­e, ahora lo ve como un verdadero paraíso en el que puede resolver todos sus problemas.

Finalmente debo decir que cuesta entender cómo un gobierno que no ha podido solucionar el desempleo y la informalid­ad de sus nacionales, decida promover la inmigració­n para agravar el problema. Eso me recuerda el viejo pero sabio adagio que dice así: “luz de la calle y oscuridad de la casa”.

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