El último de los mohicanos tributaristas

Una visita reciente a Bucaramanga nos permitió ver el avance de esta ciudad que ya sobrepasa los 1.3 millones de habitantes incluidas las poblaciones del área metropolitana. Se destaca el crecimiento urbanístico con expansión a las aledañas Floridablanca y Piedecuesta, amén de las construcciones de centros médicos de excelencia, lo cual no deja de sorprender, porque la conocimos hace más de cuatro décadas, por la época en que comenzó su avance jalonado por el empuje de sus empresarios, contando con la participación de las instituciones académicas a cuya cabeza está la Universidad Industrial de Santander.

Pero como toda ciudad que crece también le surgen los problemas por el aumento de pobladores, la oferta de servicios públicos y entre ellos el transporte masivo que garantice los desplazamientos entre los diversos sectores de manera cómoda y segura. Es evidente que la congestión vehicular es un problema que todos sus habitantes reconocen y afecta el bienestar de los bumangueses. El sistema de Transporte Masivo Metrolínea que funciona desde hace 12 años estaba destinado a dar solución a este inconveniente que hoy a pesar de estos esfuerzos persiste.

Sistemas similares al que opera en Bucaramanga funcionan en otras ciudades de características parecidas a Cúcuta, ejemplo de ello es Pereira donde desde 2006 funciona el Megabus, en Cali el MIO desde el 2009 presta servicio a los caleños. Transcaribe rueda en Cartagena desde el año 2015, mientras que Santa Marta se alista para inaugurar el Sistema Estratégico de Transporte Público el año venidero y Manizales está en la etapa de estructuración técnica, financiera y social del Sistema Integrado de transporte Público.

¿Mientras tanto nosotros en qué vamos? Es notorio el atraso que tenemos en implementar un servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana y es claro que otras ciudades se nos adelantaron. Pero, pensando con positivismo habremos de concluir que esta dilación nos servirá para aprender las experiencias ya puestas en marcha y cuáles han sido las dificultades para su desarrollo y asegurar su sostenibilidad, sobre todo financiera.

Cúcuta se merece un sistema de transporte acorde con las condiciones actuales, pero también mirando al futuro crecimiento que tendrá en las siguientes décadas, este tiene que ser amigable con los pasajeros, incluidos quienes tienen algún grado de limitación física y también con el entorno y tiene que ser una solución a los inconvenientes de movilidad que ya se advierten y siguen creciendo.

El proyecto que todavía está en fase de estudios abarcará a los municipios cercanos con un sistema integrado de transporte financiado en su mayor parte por el gobierno central que aportará según se sabe el 70% (el gobierno de Gustavo Petro) y el restante le corresponde al área metropolitana. Los buses serían eléctricos y por tanto amigables con el medio ambiente. La infraestructura se supone que le dará una nueva cara a la ciudad y sus áreas aledañas. El foro “Cómo vamos con el Plan de Movilidad Segura y Sostenible” de nuevo ha puesto sobre la mesa esta necesidad a la cual la alcaldía del ingeniero Jairo Yáñez le está dando la importancia que tiene.

Esperemos que pronto pasemos de los estudios a las obras y se ejecute este proyecto que debe transformar a la ciudad librándonos de las busetas y la guerra del centavo anclada en nuestras calles desde hace mucho tiempo.

Hace dos siglos, James Fenimore Cooper escribió una novela sobre la desaparición de la tribu de los Mohicanos. Un destino similar sobrevendrá sobre los ministros que hacían reformas tributarias. Ocampo II será el último.

Las reformas tributarias consisten en formas de aumentar el recaudo del gobierno, usando la regulación de los impuestos de renta, IVA, transacciones financieras, patrimonio, dividendos, y de lo que se llaman detracciones, es decir, exenciones, descuentos, deducciones y exclusiones de esos impuestos.

Con ese instrumental, los ministros que hacían reformas apresaban los ingresos de individuos y empresas.

Después de: 1) la Constitución Política de 1991, con su justificada generosidad social; 2) el inusitado aumento de los pagos pensionales; 3) las erogaciones militares para no dejarnos derrotar de guerrilleros y paramilitares; 4) las necesidades de infraestructura urbana, carretera, portuaria y de servicios públicos, y 5) el cobro de corrupción que hace la clase política nacional y local, fueron necesarias dos décadas de consecutivas tributarias que tensaron hasta la exasperación el aguante y la creatividad contable del gobierno y los agentes privados; uno persiguiendo y los otros “optimizando tributos”.

Eso hasta Alberto Carrasquilla II y José Antonio Ocampo II. El primero se arriesgó a presentar la reforma que todas las instituciones y los análisis técnicos pedían por años. Su suerte no pudo ser más peregrina. Por redentor salió crucificado. Por serio y responsable le colgaron el San Benito de causar los disturbios del 2o trimestre de 2021. Algo injusto. Pero en el intento de Carrasquilla II murieron para siempre, en mi humilde opinión, la posibilidad de recaudar más por IVA y ampliar la base de contribuyentes de renta personal.

Con Ocampo II morirán la posibilidad de gravar más la renta personal a los actuales contribuyentes, a riesgo de caer en un régimen comunista o esclavista. Así mismo, se agotó la posibilidad de gravar más a las empresas, los dividendos y sectores como la minería y la banca contra los que hay saña. Solo queda el 4x1000, pero nadie en sus cabales lo subiría a 5, 6 o 10.

Por sustracción de materia, se acabaron las tributarias que van por recaudo adicional. Con lo que hay de recaudo tocará apañarse. Implícitamente lo dice Ocampo II: los otros 30 billones saldrán de combatir la evasión.

Dos grandes Fuentes de tributación quedan abiertas: una, incorporar a la base tributaria el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el contrabando y la minería ilegal. Ese sería un gran logro de la llamada Paz Total.

Otra, que es el único curso real de pagar por una vida mejor para todos, es hacer que la economía colombiana se duplique o triplique de tamaño. Pero la carga impositiva de la actual reforma corre el riesgo de cruzar el umbral de lo admisible para los actuales y futuros empresarios y muchos profesionales colombianos.

Muchos pueden optar por votar con los pies y llevarse su ingenio, empeño, empresarialidad y capacidad gerencial a otras jurisdicciones fiscales donde no los persigan como presas de caza, sino que los acojan como los héroes económicos que son.

El resultado final solo se sabrá con el pasar del tiempo. Antes de que empiece la extinción de los empresarios, que rogamos que no se dé, habrá que aceptar la extinción de los ministros tributaristas. José Antonio Ocampo II sería el último de los mohicanos tributaristas. Una historia digna de James Fenimore Cooper.