Un expolicía que estuvo preso fue el origen de la masacre en Bogotá
Un ajuste de cuentas es la hipótesis que manejan las autoridades alrededor de la masacre de cuatro personas, que aparecieron en la madrugada del pasado viernes en una camioneta en Bogotá.
Las víctimas del hecho ya fueron identificadas y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) porque uno de los hombres asesinados debía estar bajo su custodia en cumplimiento de una pena en detención domiciliaria.
Se trata de Élder José Perosso Zabala, quien se presume era escolta de Juan Carlos Useche, el expolicía implicado en delitos del narcotráfico por quien habrían ido los asesinos.
“(Perosso Zabala) ya tenía antecedentes criminales por posesión de armas. Había sido capturado por la policía, judicializado por la Fiscalía y cumplía, supuestamente, una pena privativa en prisión domiciliaria. Aquí hay una falla del Inpec: tenían un preso bajo su custodia y no la hizo efectiva. Ni estaba detenido ni cumplía con su pena”, datalló López.
Al cuestionar al Inpec, la alcaldesa aseguró que “Perosso, evidentemente, no estaba en su domicilio ni cumpliendo su pena”, sino que “continuó en actividades para delinquir y terminó asesinado en este hecho”.
La hipótesis más fuertes es que la masacre se cometió por un ajuste de cuentas entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
La alcaldesa reveló que ya se estableció que los homicidas iban fundamentalmente contra Juan Carlos Useche, quien había sido patrullero de la Policía Nacional en Cali.
En 2006 fue retirado de la institución y desde entonces acumuló un historial de cargos como concierto para delinquir y actividades relacionadas con narcotráfico. En al menos dos ocasiones estuvo preso.
La gobernante capitalina también informó que ni la Policía ni la Fiscalía tienen información que les permita creer que este crimen está relacionado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
En la masacre también fueron asesinados Leonardo Sanabria, quien al parecer también cumplía el trabajo de escolta de Juan Carlos Useche, y Leydi Alejandra Betancourt, pareja del uniformado, quien fue encontrada con signos de tortura, pero no registra antecedentes judiciales.
Los hallazgos de los cuerpos, según el relato oficial, iniciaron hacia las 10:15 de la noche del pasado jueves.
Las víctimas estaban dentro de unas bolsas negras, sin sus documentos de identidad y con sus prendas de vestir empacadas en otras bolsas.
La Policía, por su parte, señaló que se desplegaron 100 investigadores para esclarecer esta masacre y encontrar a los responsables. En la investigación cuentan con 150 horas de video de 50 cámaras de seguridad que servirán de material de prueba.
Hay una recompensa de $20 millones por información sobre pistas del múltiple crimen.
Los cuerpos fueron hallados en los puestos de pasajeros y el baúl de una camioneta blindada, marca Toyota.
Según las autoridades, el vehículo está a nombre de un ciudadano residente en Barcelona, España, que lo había vendido recientemente e iniciado los papeles de traspaso.
Dicho hombre resultó ser Carlos Mauricio Navarro, hijo de la polémica empresaria María Stella Durán, más conocida como la reina del telemarketing.
Durán fue capturada e investigada en 2018 por participar de una banda de corrupción dentro del Invima.
En todo caso, las autoridades mantienen la hipótesis de que la camioneta era usada por el policía retirado Juan Carlos Useche, tras la venta.
“Aquí hay una falla del Inpec: tenían un preso bajo su custodia y no la hizo efectiva. Ni estaba detenido, ni cumplía con su pena”, Claudia López, alcaldesa de Bogotá.