Más de cuatro millones de víctimas están en la pobreza: Contraloría
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría presentaron el noveno informe de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y restitución de tierras y el décimo a los decretos étnicos.
Las entidades alertaron que se requiere un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno para ejecutar las medidas contempladas en la ley de víctimas y los decretos leyes étnicos y hacer los ajustes institucionales y normativos para brindar una atención y reparación a las víctimas y a los pueblos étnicos.
“Los recursos ejecutados entre 2002 y 2021 por 146 billones y los programados en el Conpes 4031 de 2021 por 142 billones resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de nueve millones de víctimas. La Contraloría estimó que se requerirán recursos por más de 301 billones para cumplirles a todas las víctimas”, dijo durante la presentación de los informes Lina Maria Aldana, vicecontralora general.
En este sentido, Aldana dijo además que existe insuficiente oferta para acceder a una vivienda adecuada para las víctimas de desplazamiento “a 2020 el indicador del goce efectivo de este derecho fue insuficiente con un 20% para un universo de más de dos millones de hogares urbanos y un 15% para los hogares suburbanos”.
La vicecontralora dijo además que encontraron una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento, y que es necesario implementar una política de generación de ingresos y empleabilidad. “Más de cuatro millones de víctimas están en situación de pobreza. En 2021 registraron una tasa de pobreza monetaria y extrema superior a la tasa nacional”.
Sobre los decretos leyes étnicos la vicecontralora dijo que es necesario ajustar el Conpes, porque este no incluye el total de las medidas y el universo que necesita ser atendido.
“Para la implementación de las cuatro medidas en la reparación de los pueblos étnicos se requerirían 3.4 millones de pesos. Este es un llamado al Gobierno para que realice un costeo de los recursos que serían necesarios para cumplirle a los pueblos étnicos”, dijo la vicecontralora general.
Otros puntos del informe
El informe indica además que en cuanto al enfoque de género, se reconocen avances en las acciones adelantadas para la implementación del Programa de Prevención de las Violencias
Sexuales en el Conflicto Armado. Sin embargo, se identifican barreras en esta materia, pues las metas anuales planteadas en los indicadores del Gobierno resultan insuficientes para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género.
En materia de acceso a la salud, el informe señala que 107.779 mujeres víctimas, de un total de 4.528.287, han recibido atención psicosocial, y enfatiza que se debe fortalecer la cobertura en la atención en salud física de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
Así mismo, el informe reconoce los esfuerzos para retomar el funcionamiento presencial de los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). Sin embargo, se hace un llamado a las autoridades territoriales para que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, dado que persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos.