Otra demanda contra el representante Quintero
La financiación de las candidaturas fue uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaron los aspirantes de las Circunscripciones Especiales de Paz, en las elecciones de marzo, y es justamente ese asunto el que tiene hoy nuevamente al representante por el Catatumbo, Diógenes Quintero, bajo la lupa del Consejo de Estado.
El alto tribunal acaba de admitir una demanda contra el dirigente, esta vez de pérdida de investidura.
En el Consejo de Estado comenzó a hacer trámite una nueva demanda contra el representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, con la que buscan, esta vez, la pérdida de su investidura.
Hace apenas unas semanas, esa misma corporación dejó en firme la elección del congresista, luego de desestimar una supuesta inhabilidad en la que estaba incurso el dirigente y una aparente violación a las normas sobre financiación de campañas y corrupción al elector.
Los magistrados concluyeron que en este caso no se encontraron elementos de prueba que conllevaran a declarar nula la elección del representante por la curul de paz.
En la nueva acción interpuesta por Mauricio Solano García, un ciudadano residente en Floridablanca (Santander), este le pide al Consejo de Estado declarar la muerte política del legislador catatumbero, por considerar que incurrió en una infracción a las reglas de financiación de las campañas para las Circunscripciones Especiales.
Según el demandante, Diógenes Quintero reportó $39 millones como gastos de campaña, superando los topes máximos autorizados, puesto que, asegura Solano García, para cada lista de la Citrep 4 (la del Catatumbo) el Consejo Nacional Electoral dispuso un monto de $44 millones, es decir, $22 millones por candidato.
Al representante de la curul de paz le reprochan, igualmente, el no haber solicitado el anticipo ante el Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales para el respectivo financiamiento de su campaña al Congreso.
Dice el demandante, también, que Quintero no adelantó el proceso para adquirir la póliza o garantía bancaria ante una compañía de seguros, corporación financiera u otra entidad y que tampoco fue posible acreditar copia de la documentación sobre los particulares que le hicieron donaciones.
“En el Informe Integral de Ingresos y Gastos de las campañas reportado el 13 de mayo del 2022, la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí (Asofadhaca) relacionó las donaciones de privados en especie que recibió de manera directa el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya por un valor de $24.000.000 y $15.999.000, evidenciándose una clara violación al recibir aportes directos de privados a favor de su campaña”, se lee en la demanda.
De igual forma, le insisten al Consejo de Estado que la lista de la que hacía parte el actual congresista del Catatumbo reportó un 90% de donaciones, cuando el monto establecido era de apenas el 10%.
Mauricio Solano dice que con este tipo de actuaciones, el demandado, al igual que la Asociación que los avaló para las elecciones de marzo pasado, “infringieron los fundamentos jurídicos recientemente desarrollados en el momento de exceder el tope máximo de los gastos autorizados para la financiación de las campañas”, y por eso considera que hay lugar a que se declare la pérdida de la investidura del representante.
La financiación de los candidatos a las curules de paz que se eligieron por primera vez este año se convirtió en uno de los principales obstáculos para los aspirantes, pues faltando apenas unas semanas para la contienda, ninguno había podido acceder a los anticipos estatales.
El propio CNE advirtió en su momento que el proceso estaba en riesgo, pues las compañías de seguros, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y establecimientos bancarios se negaban a expedir las pólizas o garantías a los candidatos, que era uno de los requisitos para acceder a los anticipos.