Cúcuta a comienzos del siglo XX (2)

Historia contemporánea

Mientras las damas y los caballeros de la ciudad adquirían su calzado en las cotizadas tiendas ‘La Bota Negra’ del señor Robayo y en la ‘Zapatería Colombiana’, estratégicamente ubicadas en los alrededores de la Plaza de Santander, en el ‘Bazar Cucuteño’ ofrecían toda su mercancía “a precio de situación”, según anunciaban en los medios escritos de la época. Las camisas blancas y de color, cuellos, puños y corbatas de todas clases, medias crudas y de colores, chales de seda, pañuelos blancos de seda y de hilo, cortes de casimir, de lana y de muselina, así como sombreros, peinetas, cintas, franelas y demás accesorios para hombres, mujeres y niños estaban a la orden del día para sus ‘favorecedores’ como les decían a sus leales clientes. El alcalde Carlos García V. recordaba a los ciudadanos que en los días 24 y 25 de febrero se celebrarían los contratos de arrendamiento de los juegos permitidos en el interior del Mercado Cubierto, de acuerdo con las invitaciones que fueron fijadas al público en las carteleras de la alcaldía. En la agitada política regional y nacional, vientos reformistas soplaban en búsqueda de una paz esperanzadora luego de la guerra fratricida, razón por la cual, el presidente de la república sondeaba el respaldo de sus gobernadores para convocar una Asamblea Nacional que le permitiera proponer una reorganización del país en consonancia con las necesidades públicas. Para ello solicitó a los ejecutivos locales y regionales, que recomendaran a sus respectivos concejos y asambleas la aprobación de las proposiciones pertinentes en tal sentido. Enviada la solicitud, a la mayor prontitud, por parte del alcalde al concejo, éstas fueron aprobadas el mismo día, y copia de ellas remitidas telegráficamente, tanto al prefecto de la provincia como al presidente en la capital. Recibido el apoyo de prácticamente todo el país, el general Rafael Reyes, presidente de la república, convocó la Asamblea Nacional. Ante esta grata noticia, el Concejo en pleno y por unanimidad le envió copia de la siguiente proposición: “… el Concejo Municipal de San José de Cúcuta en nombre del pueblo que representa, aplaude la resolución del ejecutivo por la cual se convoca a una asamblea nacional, que invistiendo el carácter de constituyente e inspirada en los deseos del Excelentísimo Señor Presidente, expida las leyes que deban garantizar la prosperidad de la república”. Aprovechando esta ocasión, un grupo de intelectuales cucuteños, poetas, historiadores y periodistas encabezados por los jóvenes Francisco Morales Berti y Saúl Matheus Briceño iniciaron la publicación de la revista ‘Croquis y Esbozos’ de la cual eran los directores, acompañados por Luis Febres Cordero, Leandro Cuberos Niño y Manuel Rodríguez Chiari quienes fungían como revisores de estilo y contenido, y Francisco de Paula Durán era el secretario administrador. La revista se imprimía en la imprenta Lascano de esta ciudad. Salía al público mensualmente pero desafortunadamente sólo duró un año, pues las circunstancias del medio no eran propicias a las demostraciones culturales de la revista lo que obligó a esa pléyade de intelectuales a suspender labores y colgar sus pertrechos mellados por la incomprensión literaria de sus potenciales lectores. La revista reflejaba las ideas y pensamientos de aquellos jóvenes talentosos, pioneros de la intelectualidad cucuteña que al enarbolar la bandera del ideal artístico en aquella época de paz y concordia colombianas, lejos de las bajas intrigas de la política, saltaron al palenque del periodismo y de las letras. Ese mismo grupo de jóvenes que dos años antes había arrojado los arreos marciales de la contienda fratricida, para empuñar las armas de la pluma que glorifica, ennoblece y eterniza la contienda de las ideas, ahora aterrizaban ante la cruda realidad de un medio hostil a esas concepciones culturales fuera del alcance de la gran mayoría por entonces faltos de oportunidades de educación. Con la apertura al cambio que venía dándose, las buenas nuevas fueron presentándose con el paso de los días. En mayo de ese año fue nombrado el nuevo Jefe Militar de la Frontera, encargado de la milicia que reguardaba la frontera con el estado Táchira. El nombramiento recayó en la persona del general Adán J. Vargas quien reemplazaba al también general Rubén Restrepo trasladado a un alto cargo en la costa Caribe. Al tomar posesión de la Jefatura, el mismo presidente Reyes le ordenó textualmente que “… era necesario hacerles saber y sentir a las poblaciones fronterizas que el gobierno de Colombia, estaba resuelto a respetar la seguridad y tranquilidad de ellas, constantemente turbadas y amenazadas por mutuas invasiones o por el preparativo de ellas”. Las razones para impartir estas órdenes fueron originadas a partir de una intromisión de funcionarios del gobierno venezolano descubierta en la región del Catatumbo, quienes en una comisión ilegal estuvieron recopilando información sobre los yacimientos mineros y petroleros, en esos años previos a la explotación que años más tarde iniciarían las compañías americanas en concesión. Este episodio será narrado en detalles en una próxima crónica. En ejercicio de su autoridad, el general Vargas, usando de las facultades militares, puso al servicio de Cúcuta las unidades militares que con la denominación de ‘zapadores’, realizaron importantes obras de comodidad y ornato de la ciudad, siendo la más trascendental, la construcción del camellón del cementerio católico y la obra de las graderías hasta sus mismas puertas, obras que aún subsisten a pesar del paso del tiempo. Y antes de finalizar el año, en octubre, el entonces coronel Virgilio Vargas celebra con el Ministro de Obras Públicas y Fomento un contrato mediante el cual “el Gobierno Nacional otorga al contratista permiso para la explotación de las fuentes de petróleo y hulleras de propiedad de la nación que descubriera en terrenos baldíos del departamento de Santander, cerca de los límites con la República de Venezuela y limitadas por los ríos San Miguel, San Miguelito y Caño Mito Juana”. El contrato fue aprobado por el Consejo de ministros el 31 de diciembre de 1905 y perfeccionado por escritura pública No.536 del distrito municipal de Cúcuta el 5 de diciembre anterior. El 15 de mayo de 1917, el señor Barco solicitó al Gobierno Nacional el traspaso de su contrato a la ‘Compañía del Petróleo de Colombia’ previa resolución de autorización del Poder Ejecutivo, lo cual se le concedió.

“En la agitada política regional y nacional vientos reformistas soplaban en búsqueda de una paz esperanzadora de la guerra fratricida.