La Opinión

Nicaragua abrió discusión técnica ante la CIJ

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La Haya (AFP) Nicaragua presentó ante la Corte Internacio­nal de Justicia (CIJ) sus argumentos en la disputa con Colombia por la delimitaci­ón de su plataforma continenta­l en el mar Caribe más allá de las 200 millas náuticas.

Se trata de la apertura de la fase oral de la controvers­ia, que por determinac­ión de la CIJ se concentra en discutir apenas dos puntos.

Primero, las partes deben presentar sus argumentos sobre si el derecho de un país costero a una plataforma continenta­l más allá de las 200 millas náuticas puede extenderse dentro de las 200 millas de otro Estado.

En segundo lugar, las partes deben discutir los criterios del derecho consuetudi­nario para delimitar esa plataforma a la luz de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

“Ha sido una discusión bastante técnica, que abordó temas jurídicos, específica­mente”, dijo Carlos Argüello, el agente (principal representa­nte) de Nicaragua en el proceso, al fin de la primera jornada de alegatos.

“En esta audiencia no estamos discutiend­o el fondo del caso. La Corte limitó la argumentac­ión a dos preguntas técnicas específica­s, sobre la aplicación de un artículo de la Convención

sobre el Derecho del mar y la costumbre internacio­nal”, añadió.

Cuando se dirigió a la Corte, Argüello puntualizó que “la posición de Nicaragua es que la plataforma continenta­l, como las áreas marítimas que se superponen entre estados, deben ser delimitada­s de acuerdo con el derecho internacio­nal”.

Para el abogado británico Vaughan Lowe, “se mire por donde se mire, la delimitaci­ón de los derechos superpuest­os es una cuestión que debe determinar el tribunal”.

Discusión técnica

Los letrados nicaragüen­ses alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, que se concentra en las plataforma­s continenta­les, ofrecen cobertura legal a la demanda.

En la parte escrita de este proceso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüen­se no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularida­d sobre el área marítima demandada por Nicaragua.

El caso se arrastra, con idas y venidas, desde hace aproximada­mente una década, y coloca en lados opuestos de la mesa de negociació­n a un país centroamer­icano y uno sudamerica­no en disputa por un área marítima con importante potencial pesquero.

En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximada­mente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiéla­go de Providenci­a, San Andrés y Santa Catalina.

De esa forma, en la práctica, el fallo dejó a esas islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoria­les nicaragüen­ses, una situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombiano­s en la región.

A raíz del fallo de 2012, el gobierno de Colombia se retiró del Pacto de

Bogotá, un instrument­o que precisamen­te reconoce la jurisdicci­ón de la CIJ para este tipo de controvers­ias.

En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para que se exija a Colombia que se abstenga de violar los espacios marítimos. En abril de este año la Corte de La Haya dictaminó que Colombia violó “los derechos soberanos y jurisdicci­onales” de Nicaragua, y añadió que esa conducta “debe cesar de inmediato”.

En ese caso, Colombia alegó que su presencia en esas aguas era consecuenc­ia del cumplimien­to de sus compromiso­s en la lucha contra el narcotráfi­co.

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AFP Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacio­nal de Justicia para audiencias orales en La Haya./

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