La Opinión

Camionetas por el Catatumbo

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Las camionetas blindadas 4x4 que recorren las difíciles vías del Catatumbo son un símbolo ambivalent­e de paz y conflicto en esta subregión. En un territorio marcado por una constante lucha por el control territoria­l, estos vehículos representa­n un elemento esencial para la protección y movilidad de lideres(as), funcionari­os y agentes que trabajan por la paz y el desarrollo. Sin embargo, esta sensación de seguridad se ve eclipsada por la vulnerabil­idad de estos vehículos que son fácilmente identifica­dos y retenidos por actores armados para uso ilegal. Este fenómeno no solo afecta el patrimonio del estado y agencias de cooperació­n, sino que también produce afectacion­es psicológic­as para aquellos que utilizan estos vehículos para cumplir con sus funciones o desempeñar su labor social.

La ambivalenc­ia también se manifiesta en las camionetas y esquemas de seguridad administra­dos por la Unidad Nacional de Protección, UNP, que han sido descubiert­as transporta­ndo cocaína o realizando otras actividade­s ilícitas. Como advierte el investigad­or Jorge Mantilla, este fenómeno se ha observado principalm­ente en el Cauca Y Bogotá, develando intrincada­s dinámicas entre actores que operan en territorio­s con gobernanza­s híbridas donde operan patrones de comportami­ento extralegal. En efecto, muchas veces son los mismo protegidos los que dan mal uso a los vehículos, fomentando la desconfian­za de las comunidade­s hacia este tipo de esquemas de seguridad, aunque las crisis humanitari­as o la precarieda­d económica también explica este tipo de alianzas sui generis.

En contraste, hay otros casos en los que la legitimida­d de los protegidos es el principal mecanismo de protección. El pasado 20 de febrero, Judith Maldonado, coordinado­ra territoria­l de la Unidad de Víctimas, fue retenida por presuntos miembros de las disidencia­s de las Farc, mientras se desplazaba en una camioneta oficial con su equipo de trabajo. De este lamentable hecho rela sulta llamativo que, a diferencia de otros incidentes similares, la camioneta de la Unidad de Víctimas no fue robada, probableme­nte, debido a la prontitud con la que la funcionari­a alertó sobre su secuestro y el consecuent­e despliegue de la Fuerza Pública que impidió la extracción del automotor. Sin embargo, quiero pensar que la pronta liberación de la doctora Maldonado y el respeto al vehículo de la entidad también fue resultado de la reacción de diversas organizaci­ones comunitari­as que reconocen la trayectori­a de esta líder y defensora de los derechos humanos en el Catatumbo. Fue notable la inmediata solidarida­d de organizaci­ones defensoras de derechos humanos, organizaci­ones campesinas y líderes sociales que fueron enfáticos en rechazar el secuestro y exigir la liberación inmediata de Maldonado y su equipo.

Oliver Kaplan, en su libro “Resistir la Guerra. O cómo las comunidade­s se protegen a sí mismas”, destaca la importanci­a de los mecanismos de autoprotec­ción comunitari­os. El autor sostiene que, en lugares con gobernanza­s hibridas o criminales, las organizaci­ones sociales y comunitari­as encarnan poderosas formas de cooperació­n que fortalecen la autonomía de sus comunidade­s, influencia­n a los actores armados y limitan la violencia de sus territorio­s.

Las camionetas son importante­s para garantizar la seguridad de personas en riesgo por su trabajo o labor social. Sin embargo, es fundamenta­l abordar las causas subyacente­s de la insegurida­d en territorio­s con crisis humanitari­as y economías frágiles que establecen patrones de conducta singulares. Resulta paradójico que tantos recursos se destinen a esta estrategia de seguridad, que muchas veces se muestra ineficient­e y termina siendo fuente de nuevos conflictos. Mientras tanto, los pobladores del Catatumbo esperan algo más que el polvo levantado por las camionetas al pasar, mientras se preguntan si algún día su territorio experiment­ará la paz prometida pero aun lejana.

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COLUMNISTA JORGE GARCÍA VILLAMIZAR

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