Las claves para un eventual sometimiento del Clan del Golfo
Horas antes de que se posesionara la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió estudiar una política de acogimiento colectivo de miembros de grupos ilegales, pensando especialmente en el Clan del Golfo.
“Clan del Golfo, ¿quiere sentarse con el Gobierno nacional a hablar, vamos a hablar de paz? Bueno, entonces yo pongo unas condiciones dada la experiencia, porque al ‘perro no lo capan dos veces’. Primero tienen que pensar antes que sentarse con el Gobierno. Yo no digo que no. Yo le he pedido a la nueva Fiscal General de la Nación que hablemos de acogimiento colectivo a la justicia. Es decir, que ya no individuos, sino organizaciones colectivas, puedan negociar unas condiciones políticas para su región”, expresó el mandatario.
No es la primera vez, sin embargo, que el presidente Petro intenta algún tipo de negociación con esa organización ilegal, hasta ahora sin éxito.
“Yo sí creo que se puede negociar, pero esta organización tiene que pensar qué se negociaría. Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, la extorsión, el traqueteo, hablamos, pero no para vernos la cara de bobos, sino para hablar seriamente de eso, porque a mí me interesa más la verdad”.
De inmediato, el Clan del Golfo respondió afirmativamente a la invitación al diálogo, pero descartando de entrada que sean narcotraficantes o que tengan injerencia en el negocio del tráfico de migrantes en el Darién, pese a las pruebas que en ese sentido han recogido las autoridades colombianas.
“Aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales”, expresó la organización criminal en un comunicado. Pero, a renglón seguido, aclaró: “Lo que sí debemos anotar es que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización. No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el ‘impuesto al gramaje’ en el caso de la coca”.
Ante esta nueva oportunidad de acercamientos, expertos advierten que es necesario que el gobierno nacional tenga claro ciertos puntos que aún no son del todo certeros, con la finalidad de evitar fracasos como los que ya se presentaron en 2015 y 2018 y en el comienzo de este gobierno.
Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación ideas para la Paz (FIP), aseguró que actualmente la propuesta es “muy ambigua”.
“Lo que no estamos viendo es que no hay decisión de nombrar unos voceros del Gobierno, de reconocer unos voceros también del Estado mayor conjunto de las AGC para sentarse con ellos, falta un dialogo con la fiscal general para definir un proceso de sometimiento o acogimiento”, explica.
A esto, añade que es necesario una serie de concesiones jurídicas para que ellos dejen de cometer crímenes y hasta un diálogo con la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, “que tiene a muchos miembros del clan del Golfo pedidos en extradición, y si no hay esas claridades pues va a ser muy difícil la participación de Estados Unidos en un proceso de acogimiento, porque sin esa variable es muy difícil que un proceso de acogimiento o sometimiento funcione”.
El investigador aseguró que es importante que el gobierno no ponga en la misma posición a los grupos armados y que se definan los de estatus político y los que no. A lo que suma que se deben “aplicar unos correctivos a la paz total”, porque en su concepto hace falta una estrategia de seguridad y falta saber cómo el Estado le responde a esos ciudadanos, puesto que, en los acuerdos y ceses al fuego, los grupos armados se han fortalecido y hasta se han expandido.
Otro de los cuestionamientos a estos posibles diálogos de paz tiene que ver con
el dilema de que exista un sometimiento o una negociación política, lo cual sería una brecha importante para definir entre el gobierno nacional y este grupo armado.
Según el senador y analista en conflictividad Ariel Ávila este grupo no debe tener ningún reconocimiento político y el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia.
“Eso es innegociable, no va a haber reconocimiento político porque sencillamente esa puerta se tiene que cerrar en Colombia. Entonces el Clan del Golfo ahora ya no se llama, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sino Ejercito Gaitanista e Colombia, pero intenta someter a la población intenta reunir a la población para aparentar una base social”, explica. Ávila agrega que eso no se puede permitir y que el mismo gobierno debe aclarar que “no va a haber ningún tipo de reconocimiento político, así se cambien el nombre. Traqueto es traqueto, así se cambien el nombre”.
La Fundación de Ideas para la Paz publicó el informe “la última negociación del Clan”, que muestra cómo este grupo se ha fortalecido en los últimos años y qué errores se cometieron en el pasado que no deberían repetirse para que la negociación funcione. “Sobre la primera negociación frustrada sacamos que es necesario un método de un plan, necesitamos una estrategia de seguridad que vaya a la par de una estrategia de negociación para el sometimiento y al acogimiento, necesitamos un rol activo de la de la Fiscalía”, explica Arias.
Asimismo, añade que es necesario “un proceso confidencial en sus primeras fases porque se va a generar lo que siempre ocurre de que otros quisieran convertirse en los nuevos jefes y hay un reciclaje de la violencia y lo último es garantizar cuál es el punto de llegada porque con esa experiencia del 2015-2018 y que hoy también esta es la ausencia de la estrategia del Gobierno del Presidente Gustavo Petro de qué se le va a ofrecer al clan del Golfo”.
El crecimiento del Clan del Golfo
El informe de ideas para la Paz no solo da cuenta sobre los diálogos fallidos con el gobierno Santos, sino además el estado actual del Clan del Golfo y de cómo este grupo armado ha crecido y se ha expandido en el transcurso de los años.
En términos militares y según datos oficiales, comparando 2018 con 2023, el pie de fuerza del Clan del Golfo creció en un 58% (de 3.803 a 6.015 integrantes), pasó de tener influencia en 188 municipios a 214, y tiene planes de expandirse hacia Cundinamarca, Tolima, el suroeste antioqueño y el Magdalena Medio, ahora bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia.
Estos cambios no solo se ven en su fortaleza militar, sino también a quienes lo lideran. Antes fue liderado como un clan familiar de los hermanos Úsuga, ahora está bajo el mando de Chiquito Malo, Gonzalito, Rodrigo, El Cura y Chirimoya, “todos vienen del proceso de desmovilización de los paramilitares e inclusive el EPL. Acá hay una trayectoria criminal acumulada y hoy en día ya no es un clan familiar que ellos eran antes con los hermanos Úsuga y eso marca notables diferencias a la hora del tratamiento”, explica Arias.
A esto hay que sumarle que no solo tienen accionar criminal con el narcotráfico como estaban hace un par de años, pues ya tiene un portafolio diverso de financiamiento en la extorsión, minería ilegal, tráfico de migrantes y hasta de contratación pública, como lo resalta el informe.
“El clan del golfo es una estructura criminal que tiene una capacidad de ir adaptándose. Hoy en día, tienen presencia física en 15 departamentos, tiene su nicho en la Colombia noroccidental pero hoy en día por ejemplo tiene también actividades en la costa caribe, Cúcuta y Casanare y Meta y yo diría que la estructura de crimen organizado quizás más grande de América Latina”, sostiene el investigador.
A esto se suma el informe presentado por la organización Crisis Group, quienes alertan del poderío armado, económico y hasta político que está creciendo en este grupo armado y del peligro que presenta no ser incluidos en los diálogos con el gobierno.
“Las AGC no pueden ser ignoradas. Si no son incluidas en la búsqueda de la ‘paz total’, la organización criminal se hará incluso más poderosa. Con el riesgo además de que pueden socavar no sólo la seguridad sino las demás conversaciones en curso. Las AGC están tocando la puerta de los territorios controlados por el ELN, las FARC-EMC y otros grupos urbanos”, aseguran.
Según el informe, el poder criminal de este grupo se ve en el punto en que incluso ya hacen proyectos sociales y hasta regulan precios de la comida y la salud en varios departamentos del país.
“El repertorio de control de las AGC incluye tanto incentivos (financiar proyectos, prestar servicios, pagar salarios) como la amenaza constante de violencia. Los Gaitanistas saben cooptar, coaccionar y penetrar la sociedad para que acepten su presencia. Las AGC regulan el precio de alimentos, proporcionan servicios de salud, resuelven disputas entre vecinos y pagan salarios”, agregan.
Incluso, el informe da cuenta de cómo el Clan del Golfo impone multas el algún municipio, que van de sumas superiores a los $486.000 por violencia doméstica en sus zonas o de $972.000 si hay peleas en su espacio publico
Expertos e informes consultados llegan a la misma conclusión con respecto al Clan del Golfo: ante una organización que está en un proceso de crecimiento y politización, es mejor tomar decisiones ahora, por difíciles que sean, que hacerlo en unos años, cuando el grupo se haya fortalecido más.
Yo sí creo que se puede negociar, pero esta organización tiene que pensar qué se negociaría. Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, la extorsión, el traqueteo, hablamos, pero no para vernos la cara de bobos”. Gustavo Petro, presidente de Colombia.