Notificación a la disidencia
Lo sucedido con el Estado Mayor Central de la disidencia de la Farc, que aprovechó el cese del fuego bilateral para fortalecerse y conformar otro frente subversivo, ratifica que al proceso de ‘Paz Total’ hay que taponarle ese boquete por el que está haciendo agua.
Hay que destacar en esta ocasión que al menos el Gobierno Nacional admitió las consecuencias de esa falla, así como la activación de las operaciones militares contra dicha organización disidente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle.
Como si hubiera sido un oráculo, desde finales del año pasado el expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se firmó el acuerdo de paz con las Farc, había advertido que no era del todo saludable para el país que se le hubiera concedido a los disidentes que se apartaron del pacto, el ostentar de nuevo ese nombre para llegar a sentarse a negociar.
“Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las Farc-ep, como el Estado
Mayor de las Farc-ep”, fue la consideración de Santos sobre lo hecho por el presidente Gustavo Petro.
Ahora lo planteado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de que este grupo armado ilegal se ha aprovechado el cese al fuego para incrementar su número de combatientes, consolidar territorio y para tratar de incrementar el poder ilegal del territorio, es la primera admisión directa de que este proceso no anda bien y que los críticos y analistas tenían la razón.
Pero más allá de esas voces los expertos, quien más sufre en carne propia la desatada acción de hostigamientos y de acrecentamiento de los hombres alzados en armas es la población civil en zonas como el Catatumbo, por ejemplo.
Los informes de inteligencia indican que los disidentes del EMC ya están presentes en 147 municipios y 2.845 veredas a lo largo del territorio nacional, donde ejercen toda clase de presiones y hacen funciones de un ‘estado paralelo’, lo cual no puede ser permitido por el Gobierno Nacional.
En un reportaje enviado a sus abonados en el mundo, la agencia de noticias AFP mostró que en el cañón del Micay, al suroeste de Colombia, manda el Estado Mayor Central, con el frente Carlos Patiño, uno de los mayormente implicados en narcotráfico.
La Defensoría del Pueblo reveló que el año pasado se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la Fuerza Pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas.
De los ataques contra unidades militares, el 94% correspondió al Estado Mayor Central de la disidencia de las Farc que igualmente fue responsable del 58% de las llamadas acciones indirectas, que incluyen atropellos como desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, extorsiones y restricción a la movilidad, es la precisión que hizo la Defensoría del Pueblo.
Llegó entonces el momento de que el Gobierno Nacional se amarre los pantalones y en la mesa de negociaciones le haga ver a esa estructura armada que no puede seguir haciendo de las suyas y que el Estado no tolerará más que ni se sigan expandiendo ni continúen en el negocio del narcotráfico ni que irradien su poderío en vastos territorios.
La notificación debe de ir acompañada de lo que está pasando en los tres departamentos en que las Fuerzas Militares reactivaron las operaciones ofensivas, para señalarles que de seguir así, el Estado se encuentra dispuesto a derrotarlos y a contrarrestar sus acciones ilegales.
Lo planteado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de que este grupo armado ilegal se ha aprovechado el cese al fuego para incrementar su número de combatientes, consolidar territorio y para tratar de incrementar el poder ilegal del territorio, es la primera admisión directa de que este proceso no anda bien y que los críticos y analistas tenían la razón.