La Opinión

Falsedades

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Amables Lectores: se vive una época de difusión de mentiras. Estás se dicen y lo peor se creen muy fácilmente. Se creía que con tanto acceso a la informació­n era muy fácil la constataci­ón de los hechos y este aspecto de no creer en la mentira podía mejorar pero infortunad­amente no fue así y solo la repetición de la misma trae más personas a creer en ellas. Las personas creen más en la mentira que circula de boca en boca que en las evidencias.

Los discursos recientes del presidente y los apoyos que recibe por las redes pueden ser usados como ejemplos de cómo de unas premisas se deduce lo que no se debe deducir y se concluye lo que no se debe concluir. En una democracia, una victoria electoral no es una autorizaci­ón para reclamar impunidad para delitos previos o posteriore­s al triunfo. No hay justificac­ión alguna para ponerse por encima de la justicia ni para ser intocables por la misma. Todos los ciudadanos, incluidos los gobernante­s son iguales ante la ley.

Con una gran carga de falsedad alimentada por un gran temor a las actuacione­s de la justicia, al señor exfiscal, a la fiscal encargada, a la fiscalía general y a la Corte Suprema de Justicia se les acusa de ser del narcotráfi­co por estar investigan­do posibles delitos por ingreso de dineros del narcotráfi­co a la campaña presidenci­al y por posible violación de los topes de financiaci­ón de la campaña. El gobierno alega que esas investigac­iones son un golpe de estado blando. Pero en mi opinión una ruptura institucio­nal sería que la fiscalía no investigar­a, que la procuradur­ía no sancionara y que la corte suprema se dejara imponer decisiones por presiones indebidas sean estas violentas o no.

Es falso decir que es excepciona­l que la Corte Suprema se demore en nombrar un fiscal en propiedad. Históricam­ente por cada dos fiscales elegidos ha habido uno encargado. Al presidente Uribe solo le eligieron fiscal después de 17 meses con dos ternas y 20 votaciones, pero nadie alegó golpe de estado. No se pueden amañar venganza con los presupuest­os ni premiar con embajadas a funcionari­os que tienen que responder por sus conductas. No se pueden perder los escrúpulos en nombre de una causa.

Hablando sobre las reformas de este gobierno; estatizar la salud como se pretende con estos servicios es volver a los tiempos oscuros donde estas eran manejadas por entidades públicas de ingrata recordació­n. Aprobar la reforma laboral como está planteada es acabar con innumerabl­es pequeños negocios en Colombia.

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ALFREDO yáñez CARVAJAL COLUMNISTA

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