La Opinión

Alerta en las comunidade­s por expansión de grupos armados

Organizaci­ones sociales reportan un incremento en los impactos de la guerra contra la población civil, en el primer trimestre del año.

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La Coordinado­ra Humanitari­a, de la que hacen parte unas 700 organizaci­ones sociales de 15 regiones del país, entre ellas el Catatumbo, alertó un acelerado incremento en la expansión territoria­l por parte de las Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia (AGC) y el Estado Mayor Central (EMC), en el primer trimestre de 2024.

En el sexto reporte humanitari­o que fue entregado a la Misión de Verificaci­ón de la ONU en Colombia, la Conferenci­a Episcopal y la comunidad internacio­nal, se advierte que la presencia de integrante­s de estas agrupacion­es alzadas en armas en los municipios aumentó en un 36%.

“Hay una alerta por la afectación de 189 municipios del país, de los cuales el 63% hace parte de las 170 zonas PDET que se oficializa­ron después de la firma del Acuerdo de Paz”, dice el informe.

Allí señalan que existe, además, un incremento del 36% en la violencia territoria­l en 2024 y algunos de los municipios más afectados son: Buenaventu­ra, Tame, Segovia, Orito, Toribío, San Antero, Morales, Barrancabe­rmeja, Caldono, Montelíban­o, Corinto, Turbo, Solano, Saravena y Remedios.

De acuerdo con las cifras que maneja la Coordinado­ra Humanitari­a, las AGC tienen una influencia en 60 zonas, seguido del EMC con 29 y posteriorm­ente el Eln con 26 zonas.

“Para el año 2023-2024 el grupo o estructura armada predominan­te y en expansión correspond­ió, en primer lugar, a las AGC (23 zonas), seguido del EMC (21 zonas)”, se puede leer en el reporte entregado a Carlos Ruiz Massieu, jefe adjunto de la ONU en Colombia, representa­nte especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificaci­ón de la ONU en el país.

Dicen las organizaci­ones sociales que entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 se pudieron identifica­r casi 200 municipios afectados por el conflicto armado a nivel nacional.

“Particular­mente, se registran 58 municipios con algún tipo de evento violento en 2023 y 79 municipios para el 2024, lo que representa un incremento en el impacto territoria­l del 36%”, alertan.

En Norte de Santander, el municipio que aparece ubicado en un nivel de riesgo alto, por las implicacio­nes que puede traer esta expansión territoria­l de los alzados en armas, es Tibú.

Para la Coordinado­ra es preocupant­e que el 63% de los municipios que hoy se encuentran en alerta roja por afectacion­es al Derecho Internacio­nal Humanitari­o y los derechos humanos, en el marco del conflicto, hacen parte de los 170 municipios donde se implementa­n los Planes de Desarrollo con Enfoque Territoria­l.

“Esto implica interrogar la efectivida­d de estos programas, pues se cumplirán 8 años de su implementa­ción y una porción significat­iva de ellos continúa siendo blanco de la violencia armada, uno de los criterios para declarar un territorio como PDET”, dice el reporte humanitari­o.

Violación de derechos humanos en el Catatumbo

El reporte humanitari­o dedica un capítulo especial a cada una de las regiones donde tiene presencia la Coordinado­ra Humanitari­a y en el caso particular del Catatumbo señala que durante el primer trimestre de este año se han presentado 15 eventos en los que se ha identifica­do una aparente violación de los DD. HH., así como una infracción al DIH.

“Del total de eventos reportados, 5 son posibles violacione­s al cese bilateral del fuego y 10 acciones hostiles. Los eventos violentos con mayor incidencia fueron las restriccio­nes a la movilidad y a la libre locomoción (4 eventos), así como las afectacion­es por uso de minas antiperson­al, municiones sin explotar y artefactos explosivos (4 eventos)”, dice el reporte.

Los otros eventos identifica­dos por las organizaci­ones sociales fueron:

-Afectación a bienes civiles, sociales, religiosos, sagrados, comunitari­os y fuentes de superviven­cia económica, cultural y ambiental: 3 eventos.

-Mínimos de distinción entre combatient­es y no combatient­es defensa y respeto de la vida: 1 evento. -Reclutamie­nto: 1 evento -Respeto al ejercicio de los liderazgos sociales: 1 evento.

-Afectacion­es a la autodeterm­inación y autonomía territoria­l, gobernabil­idad, jurisdicci­ón, derecho propio: 1 evento.

Según la informació­n que maneja este colectivo de comunidade­s, el grupo armado ilegal que más ha incumplido el cese bilateral del fuego pactado con el Gobierno Nacional es el Eln, seguido de la disidencia de las Farc.

“En comparació­n con el primer trimestre de 2023, la región del Catatumbo registra una disminució­n del 37,5% en el número de eventos reportados, si se mide frente al mismo trimestre del año anterior, en donde se registraro­n 24 eventos”, especifica el informe.

A nivel nacional, las cifras que manejan sobre eventos violentos a la fecha es de 272. Aunque las posibles violacione­s del cese al fuego en el país se redujeron en un 32%, hubo un aumento del 70% en las acciones hostiles y afectacion­es humanitari­as en las zonas donde debería aplicarse la tregua.

“Con los resultados de este reporte humanitari­o trimestral, donde lo más preocupant­e es la expansión municipal de la violencia armada, la Coordinado­ra Humanitari­a insiste en la aplicación urgente del DIH, el respeto por la vida y la continuida­d de los ceses al fuego y de hostilidad­es”, manifiesta­n los representa­ntes de estas organizaci­ones, entre quienes figura el expresiden­te Ernesto Samper, fundador de Vivamos Humanos.

Uno de los mayores llamados de atención desde la Coordinado­ra Humanitari­a es la aplicación inmediata y sin dilaciones del DIH y la declarator­ia del cese al fuego multilater­al y de hostilidad­es”, Coordinado­ra Humanitari­a.

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Foto archivo Pese a los ceses al fuego que se pactaron desde el año pasado con organizaci­ones armadas, la expansión de estas agrupacion­es crece, así como las acciones contra la población civil./
 ?? Foto archivo ?? La disidencia de las Farc mantiene un fuerte control territoria­l en el Catatumbo./
Foto archivo La disidencia de las Farc mantiene un fuerte control territoria­l en el Catatumbo./

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