Van siete declaratorias de emergencia económica en 30 años
El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta oficial de X, resaltó la importancia del proyecto de ley que planea aumentar el cupo de endeudamiento hasta por US$17.000 millones e incluso advirtió que, de no ser aprobado, el país entrará en cesación de pagos, por lo que decretará la emergencia económica.
Esta no es la primera vez que el presidente Petro habla de la emergencia económica. El año pasado, también hizo oficial la declaratoria para atender los problemas de La Guajira.
La motivación principal fue la llegada del fenómeno de El Niño, por lo que el mandatario anunció cambios en salud, agricultura, agua, energía, agua y educación. Sin embargo, la Corte Constitucional ha estado tumbando algunos decretos de la declaratoria, por considerar que ese no era el medio para impulsar estas medidas.
Otras declaratorias
La declaratoria de emergencia económica del año pasado fue la séptima en los últimos 30 años.
Antes de la de Petro, la más reciente fue en 2020, cuando el entonces presidente Iván Duque declaró la emergencia sanitaria y económica por la llegada de la COVID-19. El Decreto 417 de 2020 tenía el fin de mitigar la contingencia sanitaria.
Con los decretos 417 y 637 se facilitó la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, que canalizó recursos por $40,5 billones destinados a amortiguar la crisis.
Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos fueron tres veces que declaró la emergencia económica. Estas fueron en 2010, 2015 y 2017.
Los decretos formulados durante este tiempo fueron utilizados para atender a los damnificados por las lluvias, la crisis migratoria venezolana y el desastre natural de Mocoa.
Antes de Santos, no se declararon más emergencias económicas en lo que va del siglo. Solo hasta el gobierno de Andrés Pastrana, en 1998, se declaró el estado de emergencia económica y social por la crisis financiera de la época, por cuenta del colapso del UPAC.
Un año antes, 1997, Ernesto Samper Pizano también decretó la emergencia económica y social por un grave deterioro en las finanzas públicas. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó aquel decreto, al declararlo inexequible por improcedente.
En el artículo 215 de la Constitución se establece que el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Emergencia por periodos de hasta 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder los 90 días en el año calendario.
previsiones, que, posiblemente, este año habría un rezago de un poco más del 1%, es decir, cerca de $16 billones, en materia de recaudo tributario”, añadió. El académico recordó que el director saliente de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ha hablado de un atraso efectivo en materia de liquidez y de recaudo de $7.7 billones, en el primer trimestre del año. “La norma favorecería al consumidor, pero si el Estado no tiene prevista la renta para reemplazar ese recaudado, indiscutiblemente podría darse un efecto fiscal. La situación para zonas de fronteras como Cúcuta sería neutra, porque ya gozan de exención tributaria”, concluyó el experto.
Para el presidente de la Fundación XUA Energy, Julio César Vera, es un error eliminar los impuestos a los combustibles, porque estos son el pago por el uso de un contaminante que genera deterioro y necesidades de inversión. Además, estos llevan a un uso racional y eficiente de la gasolina y el ACPM. “La tendencia mundial está incrementar los impuestos a los combustibles, a través de los llamados impuestos al uso de carbono. Colombia, desde 2016, incorporó el impuesto al carbono a los combustibles, que tiene un valor muy inferior al mercado internacional. Aquí estamos hablando de 5 dólares la tonelada de carbono para el año 2020, pero en el mundo se está hablando de 20 a 30 dólares mínimo”, aseguró. Vera destacó que el IVA en esos derivados del petróleo es bajo, solo del 5%, mientras que en los demás productos es de 19%. Sostuvo que son cerca de $9 billones al año lo que dejan lo tributos de estos combustibles, “recursos muy importantes para el desarrollo de los programas sociales del Estado, de infraestructura y para el funcionamiento del aparato local institucional en muchas regiones”. El experto propuso que el impuesto nacional sea diferencial, que dependa de los precios del petróleo, por lo que, cuando estos suban, el tributo sea más bajo y viceversa.
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