Corrupción y democracia
Cercanas unas elecciones cruciales para la historia de la nación, es necesario retomar y evidenciar algunos principios que ayuden a percibir y analizar el panorama real de la política colombiana y regional. La corrupción es, tal vez, la preocupación mayor que inquieta a todos los colombianos, la realidad más inocultable en la que coincidimos todos los ciudadanos, sin distingo de mentalidad, edad o liación política. Nos permitimos ofrecer algunas señales para la comprensión y el análisis.
UNAS DEFINICIONES
Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado, de una sociedad, de un partido, de unas personas. Sayed y Bruce (1998) de nen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para bene cio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se de ne como “el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un bene cio ajeno al bien común”. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el trá co de in uencias, los sobornos, las extorsiones, los fraudes y el nepotismo.
La corrupción también contribuye a la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la prevención del trabajo infantil, e incluso la seguridad alimentaria. Frente a la última, el economista y ganador del Premio Nobel Amartya Sen ha observado que “no existe nada que pueda llamarse problema apolítico de alimentos”. Según esto, si bien las sequías y otros eventos naturales pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o inacción del gobierno lo que determina su severidad. Las muertes por desnutrición de niños en la Guajira, que vienen de siempre, son una señal de las consecuencias que acarrean decenios de pésimas administraciones ejercidas por verdaderas ma as de la política.
DEMOCRACIA ILEGÍTIMA
La corrupción carcome los cimientos de la democracia. Pensemos en el ciudadano que le vende su voto a un candidato. Seguramente, él no entiende que es mucho más lo que pierde que lo que gana: el candidato que compra votos (dado que es un inepto incapaz de convencer), una vez elegido, se apropiará de los recursos que deben destinarse para la educación, la salud, la vivienda, entre otros, de ese ciudadano, de su familia y de su comunidad. Pensemos ahora en otro ciudadano que le “consigue” votos a un candidato para obtener un subsidio, un contrato o un puesto en una entidad pública. Probablemente, él no entiende que los políticos no son los dueños del dinero que se utiliza para pagar los subsidios, los puestos y los contratos. Ese dinero proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos y, en esa medida, es a ellos a quienes les pertenece. Por eso, subsidios, puestos y contratos deben otorgarse -y así lo establece la ley- sobre la base de criterios como mérito, experiencia e idoneidad, y todos los ciudadanos deben velar porque así sea. Lo contrario es corrupción.
En términos generales, es acertado a rmar que un sistema “democrático” en donde los ciudadanos no comprenden de qué se trata la democracia, no puede funcionar. Captar “líderes sociales” que hacen mercadeo con votos y puestos o ciales, “amarrar” los votos de empleados temporales (contratistas, OPS) para que se les conserve el trabajo, adjudicar contratos millonarios bajo compromiso de entregar el 10%, 20% o 30%, dependiendo de la voracidad del político y el tamaño del contrato, son prácticas demasiado habituales en nuestro medio que bien merecerían investigaciones objetivas, rigurosas y profundas. Algunos partidos y sectores políticos han sido verdaderos modelos de organizaciones criminales. En Colombia hemos elegido gobernantes sin el mínimo intelectivo y académico, dignatarios alcohólicos y drogodependientes, pedó los y pederastas corruptores de menores, invasores de tierras, mentirosos y cínicos redomados, asesinos comprobados y, que no se nos olvide, ma osos tristemente célebres por su crueldad. Los colombianos los elegimos. Todos somos agentes, culpables y víctimas de la corrupción.
En suma, es posible a rmar que la corrupción política es una realidad general. Su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país, da cada ciudad, de cada entorno social. Por esta misma razón las entidades nacionales e internacionales, o ciales y privadas, que tienen la misión de supervisar y controlar la corrupción política, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y Transparencia Internacional, tendrían que formar ciudadanos y colectivos sociales capacitados para enfrentar, todos los días y en todos los ámbitos, a ese cáncer social que es la corrupción.
DEMOCRACIA COMUNICATIVA
Se señala entonces un terrible error en la participación política: el emotivismo. Algo tan esencial en la vida de las sociedades, en la construcción consciente de la propia historia, sufre de una gran desvalorización, de una profunda miseria. Quien no conoce la realidad, quien no descifra el complejo mundo de las relaciones económicas y los eventos socio-políticos, quien no tiene claridad sobre la sociedad y los actores que son responsables de las decisiones políticas, quien ignora todo y sólo ve una foto de campaña, con un eslogan y varios “spots” publicitarios, será víctima de las mentiras, parcialidades, engaños y malformaciones de las redes sociales y la propaganda electorera. Algo tan importante
se reduce al “a mí me gusta X, pero no me gusta Y”, en la actualidad sustentándose por los “memes” y las pasiones sin argumentos de las cadenas de “whatsapps”. Cortina nos advierte: “Nuestro discurso público está totalmente depauperado por el emotivismo, porque es un discurso en el que no se dan argumentos, no se dan razones, sino que se trata exclusivamente de causar adhesiones”.
La lósofa española Adela Cortina expone que es necesario un cambio en el cual se vivencie un nuevo tipo de democracia, la democracia comunicativa, por la cual los afectados, es decir, los ciudadanos, efectivamente participen oponiéndose a la corrupción y acompañando los procesos políticos y la construcción del derecho, de las leyes y normas. Opina así:
“Tratar de asegurar a todos unos mínimos de justicia es condición indispensable para que una sociedad funcione democráticamente, no se puede pedir a los ciudadanos que se interesen por el debate público, por la participación pública, si su sociedad ni siquiera se preocupa por procurarles el mínimo decente para vivir con dignidad. Éste es un presupuesto básico que ya no cabe someter a deliberación, sobre lo que se debe deliberar es sobre el modo de satisfacer ese mínimo razonable, teniendo en cuenta los medios al alcance”.
Conocer las acciones reales es lo que legitima el ejercicio y la gestión política. Ahora bien, capacitar, identi car, dialogar, criticar, valorar y elegir los gobernantes, representa un serio proceso de formación que es la base democrática inomitible. Saber elegir sería la segunda tarea. Cabe aquí ir proponiendo sugerencias como asegurar la transparencia en la nanciación de los partidos para evitar la corrupción como una condición de supervivencia democrática. Confeccionar listas abiertas, que permitan a los ciudadanos no votar a quienes no desean y quitar fuerza a los aparatos, evitando en cada partido el monopolio del pensamiento único. Eliminar los argumentarios, esos nuevos dogmas a los que se acogen militantes, simpatizantes y medios de comunicación a nes, impidiendo que las gentes piensen por sí mismas. Prohibir el mal marketing partidario que consiste en intentar vender el propio producto desacreditando al competidor, olvidando que el buen marketing convence con la bondad de la propia oferta. Penalizar a los partidos que, al acceder al poder, no cumplen con lo prometido, no aseguran las calidades morales de sus candidatos, ni dan razón de por qué no lo hacen. Acabar con la partidización de la vida pública, con la fractura de la sociedad en bandos en cualquiera de los temas que le afectan. Propiciar la votación por circunscripciones, favoreciendo el contacto directo con los electores.
Éstas serían algunas propuestas para mejorar la representación, pero la buena representación, con ser esencial, no es el único camino para que los ciudadanos expresen su voluntad. Es necesario multiplicar las instancias de deliberación pública, en comisiones, comités y otros lugares cuali cados de la sociedad civil, impulsar las “conferencias de ciudadanos”, y abrir espacios para que las gentes puedan expresar sus puntos de vista en nuevas ágoras. Éste es el espacio de la opinión pública- no sólo publicada-, indispensable en sociedades pluralistas, que hoy se amplía en el ciberespacio, pero sigue reclamando lugares físicos de encuentro, de debate cara a cara, porque nada sustituye la fuerza de la comunicación interpersonal. No se puede vivir democráticamente si nos limitamos a un mero electorerismo, la simple acción de asistir a las urnas.
Un paso más consistiría en delimitar, como mínimo, una parte del presupuesto público, y dejarla en manos de los ciudadanos para que decidan en qué debe invertirse, mediante deliberación bien institucionalizada y controlada, aprendiendo de experiencias como las de Porto Alegre, Villa del Rosario, Kerala y una in nidad de lugares no tan emblemáticos a lo largo y ancho de la geografía. El dinero de todos debe ser invertido en las necesidades señaladas por todos.
MORALIZACIÓN
La búsqueda del bien común como único objetivo del ejercicio político que previene los excesos, tentaciones y engaños de la corrupción, exige, en el fondo y de forma inaplazable, una reforma moral. Lo legal no es una acción mágica que por ella misma asegura la honestidad y la corrección. La ley fructi ca cuando está sembrada en la tierra humana abonada de saberes objetivos y críticos, valores; tierra abonada de certezas y evidencias ético-democráticas. Cortina así retrata la relación entre legislación y moralidad:
“Evidentemente, las leyes son inevitables, pero el vacío legal no es nunca la causa de los desaguisados. Lo peor es el dé cit moral, porque si los ciudadanos no nos convencemos de que hay determinados modos de conducta que valen la pena por sí mismos, que son por sí mismos humanizadores mientras que otros no lo son, no hay leyes, controles y sanciones en el mundo capaces de resolver el problema. Y esa convicción de que hay determinados modos de actuar que humanizan tiene que venir desde dentro. Por eso es importante la moralización de las sociedades”.
La meta consiste, como es obvio, en ir consiguiendo que los destinatarios de las leyes, los ciudadanos, sean también sus autores, a través de la representación auténtica y la participación de los afectados. Éste es uno de los caminos posibles para evitar que la desmoralización destruya nuestra sociedad democrática”.
REFERENCIAS
Wikipedia, entrada “Corrupción Política”, consultada el 28-03-2017; Sayed & Bruce. (1998). “Police corruption: Towards a working definition”, en African security review, 7 (1). Cortina, Adela. “¿Para qué sirve realmente la ética?” Barcelona, Paidós: 2013; “La regeneración moral de la sociedad y de la vida política”, en Cuadernos de Deusto No. 9, 1996.