Generales investigados
No puede admitirse que quienes deben proteger derechos terminen vulnerándolos.
Los generales Gonzalo García Luna y Luis Felipe Montoya tendrán que ir a juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, al estar vinculados con el perfilamiento de cerca de 130 personas, entre ellas líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos del actual gobierno. El primero era el comandante de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, y el segundo era el jefe del Estado Mayor de Operaciones.
También serán investigados cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército, que habrían participado de manera directa en las operaciones de espionaje, a todas luces ilegales. Eso llevó al Ministerio Público al solicitarle al Ministerio de Defensa la revisión inmediata de los protocolos de inteligencia y la suspensión de todas aquellas acciones que no estén sujetas al cumplimiento de la Constitución y la ley.
Aunque desde instancias gubernamentales se den explicaciones que traten de bajarle importancia a las denuncias, debe quedar claro que este tipo de espionajes y perfilamientos solo deben estar dirigidos a organizaciones criminales que pongan en riesgo la seguridad nacional, labor que curiosamente no se desarrolla contra esos grupos criminales, pero sí contra personas nacionales y extranjeras que están claramente en la legalidad. En el caso de los periodistas hay una evidente violación a la libertad de prensa.
No es admisible que se trate de argumentar que la Ley de Inteligencia permite este tipo de acciones, cuando se están afectando derechos fundamentales de personas sin casos pendientes con la justicia. Tampoco está clara la razón por la que se hacían esos perfilamientos y a quién o quiénes llegaba esa información, situación que debe ser investigada a fondo sin caer en señalamientos ligeros, sino con el hallazgo y sanción de los verdaderos responsables.
El llamado a interrogatorio que ya hizo la Fiscalía General de la Nación al general en retiro Nicacio Martínez, quien era el comandante de Ejército durante los meses en los que se llevó a cabo esta operación ilegal, debe arrojar resultados concretos. No puede admitirse que quienes deben proteger derechos terminen vulnerándolos, como lo viene afirmando de manera acertada Naciones Unidas.
También es preocupante lo ocurrido alrededor de la llamada Operación Bastón, que involucra a 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles, en relación con la venta de armas del Ejército a disidencias de las Farc y a mafias como la Oficina de Envigado, y también las alianzas con el Clan de Golfo, lo que muestra las razones por las cuales es tan difícil hacer la paz y luchar contra el crimen organizado en el país.
Todo esto, además, nos lleva a concluir que se necesita una depuración a fondo en esa institución, que debería generar orgullo entre los colombianos en lugar de indignación. Los procesos de la Procuraduría y la Fiscalía no pueden quedarse en investigaciones exhaustivas que luego terminan sin resultados. Es fundamental que en este caso se llegue no solo a los autores materiales sino también a los determinadores de estos crímenes.