5 condenados por acciones criminales en contra de exguerrilleros
198 personas en proceso de reincorporación han muerto. Jefe político de las Farc responde a señalamientos. Justicia.
Cinco personas responsables de asesinar, amenazar o desplazar a exguerrilleros de las FARC recibieron condenas en diferentes partes de Colombia por esos hechos, informó la Fiscalía General de la Nación.
Las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía “permitieron obtener contundente material probatorio para esclarecer cuatro acciones criminales contra personas en proceso de reincorporación”, indicó el ente acusador.
En un primer caso, a dos personas las hallaron responsables del ataque armado en el que asesinaron el exguerrillero José Andrade Betancourth Leal, ocurrido el 6 de agosto de 2019 en Rioblanco, Tolima.
Según la Fiscalía, el juez penal del caso “condenó a Fernando Betancourt Correa a ocho años y 10 meses de prisión tras acogerse a sentencia anticipada y aceptar cargos como determinador de la acción criminal”, por lo que lo declararon responsable de homicidio agravado en grado de tentativa, entre otros delitos.
Por la muerte de Betancourth también condenaron al venezolano Geiner José Mejías Valladares, quien deberá pagar una pena de nueve años y un mes de cárcel como coautor material.
Sentencia en el suroeste
Por otro asesinato, del reincorporado de las Farc, Mauricio Castañeda Restrepo, ocurrido el 15 de octubre de 2018 en Corinto ( Cauca), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a Gustavo Adolfo Pecupawue Quiguapumbo, integrante de las disidencias conocidas con el nombre de Dagoberto Ramos.
Pecupawue deberá pagar siete años y dos meses de prisión por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Esta condena es la
sexta que obtiene la Fiscalía por el asesinato de Castañeda Restrepo.
Desplazamiento y amenazas
Por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los reincorporados de las Farc Evert Ramos Gallego y Patricio Ramos Gallego, así como cinco exguerrilleros más y sus familiares, un juez de Quibdó, Chocó, condenó a José Gabriel Julio Guerrero, alias Pinto, a 84 meses de prisión y al pago de una multa.
A Julio Guerrero le imputaron “los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de la Fuerzas Militares”, explicó la Fiscalía.
El implicado, que aceptó los cargos y se sometió a sentencia anticipada, se dedicaba a ampliar los territorios bajo dominio de la banda criminal Clan del Golfo y de manejar las rutas del narcotráfico en esa región.
Otro juez de Quibdó condenó a Wálter Romaña Moreno a dos años y seis meses de prisión por las amenazas de las que fue víctima el reincorporado Martín Matilde Cuesta Moreno.
Responde a críticas
Rodrigo Londoño, máximo líder del partido político Farc, aseguró este viernes que la exguerrilla no firmó el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano para mentirle al país, al tiempo que le pidió al Ejecutivo cumplir lo pactado y a los medios de comunicación ser transparentes al publicar información.
“Nosotros no firmamos el acuerdo para mentir a Colombia”, dijo Londoño, conocido como “Timochenko”, en una carta que envió a los “directores y periodistas de los grandes medios”.
La misiva es una respuesta al debate de control político que el pasado lunes llevaron a cabo de manera virtual las senadoras uribistas Paloma Valencia y María del Rosario Guerra para denunciar supuestos incumplimientos de la exguerrilla sobre lo firmado en 2016 en el acuerdo de paz, especialmente en lo relacionado con la entrega de bienes y de verdad en la justicia transicional.
En lo que tiene que ver con los bienes, Londoño indicó en la carta que al firmar la paz dispusieron la entrega total del patrimonio producto de la economía de guerra, por lo que en agosto de 2017 entregaron “un inventario que superaba los $ 963.241 millones, aparte de 450 mil dólares y 267.520 gramos de oro”.
También, recordó que ante la Justicia Especial de Paz ( JEP), organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, los excombatientes ya han suscrito 9.732 actas, mientras que los miembros de la Fuerza Pública suman solo 2.590 y los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública han hecho lo propio con 88.
Finalmente, hizo un llamado a los medios a ser “honestos” en la divulgación de información relacionada con la paz y a evitar “que el lenguaje de odio y estigmatización repita la tragedia de dolor en este país” debido al asesinato de 197 exguerrilleros desde que se firmó el acuerdo.
Las senadoras Valencia y Guerra aseguraron en el debate de control político virtual que los incumplimientos de las Farc son la no entrega de todos los niños reclutados y las armas, así como la falta de dinero y bienes para resarcir a las víctimas.