Una falta de vergüenza
Como servidor público, por mínima dignidad del cargo y por grandeza personal, debería mantenerse al margen de las importantes discusiones ciudadanas que se dan en el Concejo.
Es necesario partir del principio incontrovertible de que toda persona señalada de algún delito es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. La presunción de inocencia está consagrada en la Constitución Nacional y es fundamental que la justicia así lo reconozca, pero más que nada es vital que la sociedad lo entienda, y que en el marco del respeto por las decisiones de los jueces nunca se señale como probados hechos que son materia de investigación.
Ahora bien, hay que hacer la salvedad de que hay delitos de delitos y que los involucrados en hechos punibles también deben ser observados en sus contextos. Para decirlo de manera más gráfica, no es lo mismo ser acusado de hurto que de violación de niños, como tampoco es lo mismo que el implicado sea un desconocido a que sea una figura pública, con posibilidades de tomar decisiones a nombre de una comunidad.
Estas reflexiones nos enmarcan un hecho notorio en Manizales que tiene a muchas personas indignadas, por el permiso que le fue otorgado al concejal Víctor Hugo Cortés, del Partido Liberal, para que siga ejerciendo sus labores de concejal. No hay duda de que no se le puede señalar como claro responsable de los abusos de los que se le acusa desde la Fiscalía, que en un Estado de Derecho como el que tenemos, da por sentado que es necesario castigar al corporado por sus presuntas conductas criminales.
Hay tres jóvenes que habrían sido víctimas de Cortés siendo menores de 14 años que señalan sus presuntas actuaciones de abuso, y eso es algo para nada despreciable. Otra cosa es que el juez le haya dado, por ahora, el beneficio de la prisión domiciliaria, a que pueda considerarse que los delitos de los que se le acusa le permitan moralmente seguir actuando como concejal, cuando es a los líderes de una sociedad a los que les corresponde dar ejemplo y actuar con decoro en cada momento.
No hay duda de que legalmente no se le puede negar el permiso a que siga ocupando la curul que ostenta por voto popular, y atendiendo a ese principio se dio la determinación del juez, pero el propio concejal Cortés debería reflexionar acerca de si, mientras su situación jurídica se aclara, debería mantenerse al margen de su actuación en el Concejo Municipal. Es un asunto de conciencia y de criterio moral, principios que deberían ser vistos como valores superiores a lo que está escrito en las normas.
Como ciudadanos quisiéramos que las investigaciones de este caso avancen de manera rápida y que, si realmente el concejal no es culpable de lo que se le acusa, pueda estar en el Concejo o en cualquier otra posición pública con la frente en alto. No obstante, mientras que no haya un veredicto y pese a la presunción de inocencia, como servidor público, por mínima dignidad del cargo y por grandeza personal, debería mantenerse al margen de las importantes discusiones ciudadanas que se dan en el Concejo, al cual realmente solo deberían llegar personas honorables.