Rechazan asesinato de líder indígena
Sandra Liliana Peña tenía apenas 34 años. La mataron tras denunciar el crecimiento de los cultivos ilícitos en su resguardo. Triste.
El asesinato de una gobernadora indígena del Cauca vuelve a prender las alarmas sobre la violencia en ese departamento, donde vivían más de un tercio de las 836 víctimas de violencia políticosocial que hubo en 2020 en Colombia, reveló ayer un informe académico.
Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena nasa y líder ambiental del resguardo La Laguna Siberia, viajaba el martes en motocicleta cuando hombres armados le dispararon a sangre fría a ella y al conductor.
Fueron “los mafiosos”, dijo al hablar sobre los presuntos responsables del crimen, su padre Clímaco Peña, entre lágrimas durante el velorio de “Lilianita”, como llamaba a su hija, que tenía apenas 34 años, y denunció repetidamente el crecimiento de los cultivos ilícitos en la zona.
La gobernadora, de hecho, empezó hace un mes un proceso activo de erradicación de cultivos de coca, junto a la guardia indígena.
“Mi hermana era muy fuerte, muy echada para delante, ella no se amedrentaba”, destacó Olga Peña Chocué, durante el concurrido velorio celebrado en La Laguna, al que acudieron unos 2 mil indígenas, y agregó que deja “un camino para que nosotros tengamos un derecho ganado frente al Estado”.
“No, compañeros, no nos asustemos. Seguimos adelante en pie de lucha, no nos quedemos en las casas, sino que cuando a un compañero le quitan la vida, manifestémonos”, pidió la hermana.
“Caldono siempre ha sido víctima de la violencia. Entre 1997 y 2014 han ocurrido 248 acciones armadas que vienen de todos lados”, explicó el alcalde de este municipio que engloba el resguardo, José Otero. Agregó que allí se realizan consejos de seguridad después de cada acto, pero “no han adoptado un plan que dé verdaderas soluciones”.
439 asesinatos en 2020
El Centro de Investigación y Educación Popular ( Cinep) divulgó ayer los datos de sus registros del 2020, revelando que las violaciones de derechos humanos y la violencia socio- política aumentó el año pasado respecto al anterior y el Cauca recogió gran parte de estos incidentes.
De las 836 víctimas de violencia política y social, que incluye 439 asesinatos, 219 amenazas y 82 lesiones físicas, 300 estuvieron en este departamento, mientras que de las 502 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 232 se produjeron también allí.
Así se extrae de la Revista Noche y Niebla n º 62, presentada ayer por el Cinep y que se enfoca en la región pacífica del Cauca, donde hay cerca de 273.000 hectáreas que están siendo explotadas y contaminadas para la extracción de oro, y la población también convive con un aumento de las actividades de narcotraficantes.
En la región actúan grupos armados, entre ellos disidencias de las Farc, bloques de la guerrilla del Eln, el Clan del Golfo, y otros grupúsculos criminales, que se disputan las valiosas salidas al Pacífico, los corredores para sacar la mercancía ilegal, y las explotaciones mineras.
Durante esta guerra por los recursos y el territorio, estos grupos asesinan a todo quien se pone en su paso, incluyendo a indígenas, que se mantienen fieles al resguardo de su territorio.
La mayoría de asesinatos que se cometen en los últimos años, según el activista y delegado de la organización Cococauca, Dionisio Rodríguez Paz, ya no son reivindicados, sino que el disparo sale de “hombres armados sin identificar”, encapuchados a los que muy probablemente les paguen. Crímenes que ahora son más difíciles de resolver y perpetran la impunidad que existe en Colombia.
La población vive en muchos casos acosada por el miedo, y movilizarse es un acto de valentía que le ha costado la vida a 193 líderes y lideresas sociales en 2020, según el Cinep.