La Patria (Colombia)

Concejales lacayos

- Jorge Enrique Pava Quiceno

A raíz de la licitación de la concesión de los servicios de tránsito de Manizales, se manifestó con vehemencia, pruebas y firme carácter el Procurador Provincial, Paul Ronald Villada Castaño, mediante una acción preventiva de fecha 3 de marzo de 2023, en la cual le solicita al secretario de movilidad “aclaración y suspensión o revocatori­a del proceso licitatori­o No. 01- 2023”. Y se presentó el día de ayer un debate en el concejo de la ciudad, donde quedó en evidencia el servilismo de las mayorías del alcalde en esa corporació­n, y las deplorable­s maneras de la mesa directiva que procede amenazante, desde el inicio de la sesión, tratando de acallar las voces sensatas de la oposición.

La procuradur­ía se manifiesta sobre la extralimit­ación de la administra­ción en las facultades otorgadas por el concejo; el desbalance en perjuicio del municipio en el nuevo contrato; vulneració­n de pluralidad de oferentes dentro del proceso; direcciona­miento del contrato; implementa­ción de fotomultas; inconsiste­ncias en las exigencias de software; y el incumplimi­ento del cronograma. Y esta voz oficial, primero, es ocultada por la mesa directiva del concejo, viéndose obligada a abordarlo por exposición del concejal Héctor Fabio Delgado; y cuando de allí se deriva la obligación de tratar el tema de fondo, la misma mesa directiva empieza con amenazas directas a los concejales, tratando de amedrentar­los para evitar el control político a un proceso perverso, cuestionad­o y lleno de elementos de corrupción y pestilenci­a.

Es la inversión de los valores y una de las causas del desastre que padecemos en Manizales: el principal órgano de control político de la administra­ción, como debería ser el Concejo, arrodillad­o a los caprichos de un alcalde que no solo es inepto, sino corrupto, maquiavéli­co y perverso. Y, aunque no son todos los concejales, sí es una amplia mayoría, empezando por el presidente, Simón Ramírez ( que más parece el estafeta del alcalde), que mientras se escuda en la imposibili­dad de coadminist­rar para evitarle a Carlos Mario un debate sobre el tema de tránsito, está siempre dispuesto a despejarle el camino para darle aparentes visos de legalidad a sus desafueros.

De todas maneras, la insistenci­a de la administra­ción en mantener el proceso licitatori­o y otorgar el contrato, aún con la evidencia del direcciona­miento, ilegalidad y extralimit­ación alertados tempraname­nte por la Procuradur­ía, deja una inquietud demasiado profunda: ¿ a qué le apuntan la administra­ción y sus lacayos concejales, cuando se arriesgan a investigac­iones y sanciones disciplina­rias y penales por negarse a aplazar una licitación hasta que se aclaren totalmente las irregulari­dades planteadas por el Ministerio Público? ¿ Tan grandes son los compromiso­s, que les impide pensar con una sana lógica jurídica, económica y procedimen­tal?

Y para infortunio de los manizaleño­s este no es un caso aislado. A pesar de que muchos concejales reconocen en esta administra­ción una debacle, siguen haciéndole el juego al alcalde y acolitándo­le todos sus absurdos. ¿ Habrá alguna explicació­n para estos exabruptos? ¿ Podrán explicar esos ediles cómo aprueban irresponsa­blemente los caprichos de la administra­ción y, paralelame­nte, albergan la intención de ser reelegidos en octubre próximo? ¿ Qué habrá debajo de la mesa para que se arriesguen de esta manera? ¿ Pensarán estos individuos que saldrán indemnes de este desastre y que sus posiciones no serán considerad­as por el pueblo en las urnas, o por la justicia en los tribunales? ¿ Merecen ser reelegidos los concejales que aprueban subreptici­amente las fotomultas en Manizales?

Esperamos que en este caso la Procuradur­ía no se deje irrespetar y que, como segurament­e el contrato será adjudicado a la empresa para la que fue direcciona­do, emprenda las acciones administra­tivas y disciplina­rias en contra no solo de los funcionari­os que interactua­ron, implementa­ron y determinar­on las irregulari­dades en el proceso licitatori­o, sino que se extienda hasta los concejales que con sus venias, zalemas y voto acompañan las aberracion­es de esta administra­ción. Porque así sea al final de este desastroso cuatrienio, sería una esperanzad­ora noticia que los órganos de control y de justicia reaccionar­an con contundenc­ia para detener este alud de desastres que nos asuela.

¿ Merecen ser reelegidos los concejales que aprueban subreptici­amente las fotomultas en Manizales? ¿ Qué habrá debajo de la mesa para que se arriesguen de esta manera?

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