Sobrecosto sería de $790 millones en dos parques
Integrantes de la veeduría Alerta Ambiental señalaron que cuando llueve fuerte y de manera prolongada el parque Simón Bolívar, uno de los intervenidos, queda “con piscina”.
Investigación de la Contraloría de Caldas. El ente de control tiene cinco años para realizar las indagaciones. Por remodelación de parques Bolívar y Gaitán. Búsqueda.
La renovación de los parques Simón Bolívar y Jorge Eliécer Gaitán, en La Dorada, tiene un lunar. La Contraloría General de Caldas adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $790 millones 87 mil 223. Esto quiere decir que se investiga si hubo irregularidades en el manejo del dinero para ejecutar las obras.
La remodelación de estos parques está en la lista de los principales logros de la Administración del exalcalde César Arturo Alzate Montes (2020-2023).
La Contraloría revisó el contrato para las obras a raíz de una denuncia, según consta en un informe fechado en febrero pasado, en el que da cuenta de seis hallazgos de tipo administrativo, tres disciplinarios, uno de carácter penal y el de tipo fiscal ya mencionado.
Las irregularidades
Primer hallazgo: celebraron el contrato de interventoría de las obras con una Empresa Industrial y Comercial del orden municipal, dependien
te del municipio de La Dorada.
“El equipo auditor evidencia un incumplimiento al Manual de Contratación del municipio, debido a que la interventoría la debe ejercer una persona natural o jurídica independiente del municipio de La Dorada”, precisa el informe.
Para la Contraloría, hubo debilidades en el seguimiento y control y a una deficiente planeación, lo que pudo ocasionar sobrecostos, por eso hace una observación administrativa con presunto alcance disciplinario y penal.
Segundo hallazgo: no tenían la licencia de construcción para adelantar las obras en los parques.
“Esos hechos se presentaron por la falta de control de la entidad en la evaluación de las ofertas, de conformidad con las especificaciones exigidas, de igual forma, se observan debilidades en
el seguimiento y control por parte de la interventoría”, concluye el informe.
Para la Contraloría, hubo falencias en los controles que no permitieron evidenciar el problema, lo que generó incumplimiento de las actividades planteadas en el pliego de condiciones definitivo.
Tercer hallazgo: deficiencias en la etapa de contratación de ambas obras con una presunta connotación fiscal por $790.087.223.
Según el informe, el valor inicial del contrato era de $2 mil 521 millones 552 mil 377, con un plazo de 4 meses para ejecutar la obra, se concedieron dos adiciones por $790 millones 87 mil 223 y prórrogas que sumaron 385 días. El ente de control señaló que “se infieren fallas en la planeación contractual, debido a que el contrato en mención se fijó inicialmente con una fecha de ejecución de 120 días, por el contrario, se ejecutó (…) en 505 días”.
Para la Contraloría, se presentó una presunta omisión del contratista y del contratante a los principios de planeación, economía y eficacia, establecidos en la Constitución. Además, hubo falencias en los controles y un uso ineficiente de recursos, por lo que el ente de control teme que se pierdan recursos. Esta es una observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal.
Cuarto hallazgo: El acta de inicio de la obra no está suscrita por el supervisor del contrato.
En el informe se explica que, según el Manual de Contratación y Supervisión del municipio, una función del supervisor es elaborar y suscribir las actas de inicio, pero que en este caso solo la firman el interventor externo y el contratista.
“... se debe a debilidades en la etapa contractual y falta de rigurosidad en cumplimiento de las normas internas que se expiden al interior del ente territorial, razón por la cual se presenta una observación administrativa”, precisa.
Quinto hallazgo: deficiencia en la autorización de vigencias futuras y Manual de Presupuesto desactualizado.
El ente de control explica en el informe que el municipio puede utilizar vigencias futuras ordinarias y las reservas presupuestales para prestar servicios o adquirir bienes, pero no para contratos de obra pública. Sobre este punto el informe indica que se puede generar una situación administrativa con presunto alcance disciplinario. El informe también concluye que hubo deficiencias en el seguimiento y control del contrato.
Sexto hallazgo: debilidad en la aplicación del Manual de Políticas Contables del municipio de La Dorada.
Según la Contraloría, hubo procedimientos inadecuados en el registro contable del contrato en cuestión. Hay que anotar que la Alcaldía de La Dorada presentó las explicaciones para cada hallazgo. Incluyó dificultad para encontrar mano de obra calificada y retrasos por invierno, pero la Contraloría los confirmó todos. Ese ente de control precisó que tiene cinco años para investigar y determinar si hubo irregularidades y a los responsables.