UNA RECUPERACIÓN
frágil.
La industria petrolera parece haber entrado en un periodo de estabilización, no de bonanza, y es preciso mantener los pies en la tierra con medidas que promuevan la seguridad jurídica, borren la falta de presencia del Estado en los territorios y justifiquen la necesidad de ajustar el Sistema General de Regalías.
La euforia reciente de los mercados internacionales tiene a mucha gente haciendo cuentas alegres sobre la recuperación de la industria petrolera en Colombia y lo que esto significa en materia de ingresos fiscales para la nación. En parte, el optimismo es justificado, pues, según las cifras del Ministerio de Hacienda, por cada dólar que suba el petróleo 350.000 millones de pesos ingresan a las arcas del Gobierno Central.
También es cierto que los resultados del primer trimestre del año dan señales de que, al menos, estamos en un periodo de estabilización. En materia de producción de crudo, las cifras se mantuvieron en un promedio de 847.000 barriles diarios en el primer trimestre, lo que significa un leve aumento de 1 por ciento frente al balance del mismo periodo del 2017. En gas también se registró un incremento de 3 por ciento, hasta los 913 millones de pies cúbicos. En cuanto a exploración, vemos resultados mixtos, pues, por un lado, se logró multiplicar por tres la sísmica ejecutada (de 259 a 700 kilómetros equivalentes), pero por el otro, el número de pozos explorados pasó de 18 a 15 entre el 2017 y el 2018.
Estos avances son consecuencia de mayores presupuestos de inversión que se planearon desde el año pasado, ante la previsión de un escenario de mejores precios del crudo para el 2018, que en la realidad ha superado las expectativas. En el
Estudio de Ambiente de Inversión que publicó la ACP en diciembre, con base en entrevistas realizadas entre octubre y noviembre del año pasado a directivos de compañías dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas en el país, las empresas ya preveían que sus inversiones este año se duplicarían. Con un presupuesto estimado en 4.500 millones de dólares, las firmas del sector calcularon para este año un aumento focalizado en actividades de producción.
Sin embargo, y pese a que todas estas son buenas noticias, es necesario mantener los pies en la tierra y decir las cosas como son: la leve recuperación que estamos viendo hoy en la industria petrolera en Colombia obedece a una mayor eficiencia, a la reducción de costos por parte de las compañías y a un mejor entorno de precios. Es posible que con estas cotizaciones más favorables haya un mayor margen de maniobra para ejecutar inversiones y más capacidad de las empresas, pero el problema es que este momento de alivio en los mercados internacionales no debe llevarnos a bajar la guardia.
Llama la atención que tres de los principales temas estructurales que afectaban al sector en el periodo reciente de crisis, con precios de 30 dólares por barril, siguen siendo los mismos hoy, aunque con algunos matices. En primer lugar, entre las organizaciones sigue existiendo una gran preocupación por la seguridad jurídica, para lo que es fundamental liderar una solución al problema causado por el uso –en nuestro sentir, indebido– de la consulta popular, ya que este mecanismo de participación está utilizándose como instrumento para modificar la política pública nacional en materia
de hidrocarburos, y afecta contratos vigentes entre las empresas y el Estado.
Otro asunto esencial es la falta de presencia del Estado en los territorios y la necesidad de ajustar el Sistema General de Regalías para que las regiones perciban de manera más contundente los beneficios de la industria. En tercer lugar, si el país desea continuar atrayendo inversiones al sector, en particular para exploración, sigue siendo necesario ajustar el régimen fiscal, esto, dado que para aumentar las reservas y mantener la autosuficiencia en hidrocarburos se debe explorar con mayor intensidad, y esto requiere capital extranjero. Más aún si se tiene en cuenta que el 70 por ciento de la inversión en exploración proviene de empresas extranjeras, que para continuar destinando recursos requerirán de unas condiciones más competitivas.
No hay duda de que se han dado algunos avances en estos temas. La reforma tributaria implementó el Certificado de Reembolso Tributario, que es un estímulo en la dirección correcta para los inversionistas que quieren apostarles a proyectos del sector. También es de destacar el esfuerzo que se ha realizado desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos para fortalecer la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, y del Ministerio de Trabajo para impulsar el Servicio Público de Empleo: ambas iniciativas le apuntan a mejorar condiciones de entorno en el territorio.
Pero aún hace falta mucho por hacer. Sobre todo, hay que aprender de las lecciones del pasado. Hoy, cuando vemos mejores cotizaciones del crudo, movidas por factores geopolíticos fuera de nuestro control, no podemos dejar de lado la competitividad y no podemos seguir aplazando los ajustes que este país necesita para tener un entorno favorable para la inversión en exploración y producción de hidrocarburos. Entre ellos, promover el país y ofertar nuevas áreas a través de rondas o del proceso competitivo permanente, no sea que perdamos una ventana de oportunidad frente a los inversionistas. A fin de cuentas, esta industria no solamente es fundamental para las finanzas públicas, sino que es una herramienta de desarrollo territorial de gran importancia para el país.