El sector TIC se moderniza y consolida
En momentos en los que el país requiere acciones que consoliden el desarrollo productivo y social, los servicios públicos y especialmente el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), da un paso adelante presentando un proyecto de ley de reforma institucional, que permitirá contar con una política pública que promueva la inversión y consolide la economía digital, que no es otra cosa que el uso pleno de las herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones, por parte de los distintos estamentos de la sociedad. Para ello, son importantes el equilibrio competitivo y la nivelación de las cargas regulatorias e impositivas. También es clave generar los instrumentos que favorezcan la inversión, ya que se requieren alrededor de 90 billones de pesos hasta el 2030, donde el sector empresarial deberá aportar 75 billones para lograr un verdadero cierre de la brecha digital. Lo anterior comprende la ampliación de cobertura, mejoramiento de la velocidad de banda ancha y una alfabetización digital de toda la sociedad. Este es el gran reto que esperamos se logre con esta ley, el cual se verá traducido en beneficios para todos los colombianos. Adicionalmente, es necesario avanzar en un ajuste institucional que acomode la estructura sectorial a las nuevas realidades, con una distribución de competencias entre el ente rector de la política y un regulador único. Esta ley crea un fondo único universal que permite el desarrollo de políticas sociales coherentes y complementarias para los sectores TIC y audiovisual, dejando claro que se garantizan los recursos para la continuidad de la prestación del servicio de televisión pública. También es de resaltar, la ampliación de la vigencia de las licencias para el uso de espectro, hasta por un plazo de 30 años, lo que permite una adecuada amortización de las inversiones sectoriales, generando beneficios en términos de continuidad, calidad y tarifas al usuario, así como mayor estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas. Sin duda, la asignación del espectro debe venir acompañada con la maximización del beneficio social. En ese contexto, es deseable que se puedan ejecutar proyectos en comunidades apartadas y de bajos ingresos, como pago por el uso del espectro y así mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. Consideramos importante destacar la introducción del modelo de vigilancia y control ‘Preventic’, dentro de las reformas a realizar a la Ley 1341 de 2009. Este modelo permite acompañar, asesorar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y la suscripción de planes de mejora voluntarios por parte de los operadores de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y postal, y de esta forma pueden tener la oportunidad de proponer acciones para corregir las situaciones y avanzar en soluciones que brinden mayor beneficio para los usuarios. Este es un sector esencial para lograr el desarrollo y equidad en Colombia, por lo cual debemos seguir construyendo sobre lo construido y no improvisar.
El proyecto de reforma institucional permitirá contar con una política pública que promueva la inversión y consolide la economía digital”.
En buena hora su presentación. P.D.: finalmente, dos asuntos para reflexionar. El primero, competencia del MINCIT, frente a la necesidad de contar con una interpretación clara de la figura de Must Carry contenida en el art. 11 de la Ley 680 de 2001 y que está en discusión en la Comunidad Andina de Naciones. El segundo, competencia del Ministerio del Interior, para que desarrolle una metodología que defina el cálculo de la tarifa que remunera los derechos de autor y una Ventanilla Única para su trámite y pago.