¿El futuro digital es para todos?
Insisto en la necesidad de crear la superintendencia de comunicaciones para hacer converger en un solo ente las funciones de vigilancia de la competencia, integraciones empresariales y protección de los usuarios del sector de TIC y telecomunicaciones.
Cuando escribí el artículo ‘#Elfuturodigitalesdetodos’ en este diario, el MINTIC no había radicado aún el proyecto de ley que han denominado de modernización de las TIC. Muchos pensaron que era un análisis del proyecto de ley. No. El análisis va aquí. Me alegra haberme adelantado, pero después de leído el susodicho proyecto de ley y escrito aquel texto le debo a mis lectores un comentario a fondo de la ley presentada por el Gobierno. Insisto en lo de TIC y telecomunicaciones. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), el sector se debe denominar TIC y telecomunicaciones, no solo TIC, como está allí estipulado. Haber incluido las redes y servicios de telecomunicaciones en las TIC, pluralizando el último término a comunicaciones, ha traído graves consecuencias para la aplicación del TLC con Estados Unidos, por la asimetría desfavorable de las cargas regulatorias para las empresas nacionales, que son categorizadas como prestadores de servicios de telecomunicaciones, cuando deben ser clasificadas como de servicios de información. Esta situación ha generado una importante y definitiva barrera para su competitividad y ha desestimulado la inversión en el sector de comunicaciones. La ley tiene un tufillo que desagrada desde el comienzo. Por eso mi pregunta del título. ¿Es una ley para todos o es una ley para favorecer a los grandes operadores de telecomunicaciones del país? Empezando por eso de “maximar el bienestar social” y aumentar las concesiones del espectro a 30 años. Seríamos el único país del mundo que hace eso. Ministra Constaín: eso no es serio. Saltar de 10 años a 30 años de un plumazo. Espero que el Congreso de la República entienda que no podemos entregar nuestra soberanía de esa manera. 20 años, como estaba en el anterior proyecto del gobierno es más que suficiente. La unificación de la tasa de contraprestación para todos los actores del sector es una buena medida. Lo delicado es que establece que no podrá ser superior al establecido para el Fontic que es del 2,2 por ciento de los ingresos brutos. Esto implica que se reducen drásticamente los flujos al Fondo Único y se ponen en riesgo la financiación de proyectos futuros incluidos la televisión digital terrestre, la radiodifusión sonora y los contenidos audiovisuales, adicionalmente, la última milla y los planes de banda ancha fija. Además, se establece la condición u “obligación de hacer” para pagar la contraprestación económica por la utilización del espectro, incluso para pagarla totalmente. Esta posibilidad disminuiría drásticamente los ingresos del fondo único dejando en riesgo las inversiones en el sector y en la TV abierta y radiodifundida y contenidos audiovisuales, principalmente. Entre las funciones del Ministerio de TIC, en el artículo 14 de dicho proyecto, se establece que las concesiones para TV serán manejadas por el Ministerio. Hasta aquí llegó la democracia informativa y de programación de contenidos en la TV. El gobierno de turno diciendo a quién le da espacios de TV y a quién No. ¡Esto es inaceptable! Cuando la CNTV existía, la TV era independiente. Se eliminó y se creó la ANTV, que es parcialmente independiente, y ahora con este proyecto de Ley 152 se le acaba de dar sepultura a la libertad de expresión, a la libertad democrática y al pluralismo informativo, cuando es el gobierno de turno el que decide a quién darle espacios y programas de TV. En el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior esa función era propiedad del Regulador Único Convergente, ahora no. Es el fin de la generación de contenidos audiovisuales como los conocemos hoy. Insisto en la necesidad de crear la superintendencia de comunicaciones para hacer converger en un solo ente las funciones de vigilancia de la competencia, integraciones empresariales y protección de los usuarios del sector de TIC y telecomunicaciones. Se suprime de las inhabilidades para acceder al permiso para el uso del espectro, en el Artículo 11 del proyecto de Ley 152 la siguiente: “Aquellas personas que hayan sido condenadas a penas privativas de la libertad, salvo cuando se trate de delitos políticos o culposos”. ¿A quién estarán favoreciendo? No se menciona la última milla, la banda ancha fija y el aumento de la velocidad de banda ancha, para incrementar el PIB. Este proyecto de ley acaba con la libertad de expresión y generación de contenidos de la TV pública y privada en Colombia, con respecto a la orientación de sus contenidos audiovisuales por parte del gobierno de turno es lo que se infiere del Artículo 18. Para rematar, en el Artículo 13 del proyecto de ley, se establece que el MINTIC adelantará la inspección, vigilancia y control del sector, incluyendo la televisión abierta radiodifundida y el servicio de radiodifusión sonora y, por supuesto, la televisión cerrada, no tanto en lo que se refiere a redes, sino a los contenidos audiovisuales. No parece un proyecto de ley para todos.
Aumentar las concesiones del espectro a 30 años, Ministra Constaín, no es serio. Saltar de 10 años a 30 años de un plumazo. Seríamos el único país del mundo que hace eso”.
La ley tiene un tufillo que desagrada desde el comienzo. Por eso mi pregunta. ¿Es una ley para todos o para favorecer a los grandes operadores de telecomucaciones del país?”.