El colapso de la industria colombiana del etanol

No se concibe que ante una agroindustria ávida de recursos de inversión, el Gobierno envíe contundentes señales de inestabilidad normativa que desestimulan a los inversionistas potenciales.

duda de que la inversión privada en la agroindustria ha de ser un impulsor fundamental del crecimiento económico del país. El vertiginoso incremento global de la demanda de alimentos y biocombustibles plantea inmensas oportunidades de negocio que permitirían aprovechar la amplia cantidad de tierras aptas y disponibles para la generación de las respectivas materias primas. La tendencia de aumento en el uso de biocombustibles en el mundo, muestra una prometedora industria en la que los países le apuestan, no solo por razones económicas, sino también por aspectos de seguridad ambiental. En esa dirección, los combustibles renovables actualmente representan el 4% del consumo mundial y se proyecta en un 14% para 2040. Para responder a esta demanda mundial en asenso resultan pertinentes las zonas de vocación agroindustrial que cuentan con la capacidad de producir etanol usando vegetales como caña de azúcar, palma, remolacha y maíz. Es así como, en varios países se ha venido desarrollando el mercado interno del etanol sobre la base de políticas públicas que propenden por el adecuado abastecimiento interno, la equidad de mercado y el fortalecimiento de la industria. Fruto de un programa de renovación de combustibles iniciado en 1975, actualmente la gasolina consumida en Brasil tiene un 27.5% de etanol originado de la caña de azúcar. Igualmente, cuenta con una regulación de mercado que celosamente protege el desarrollo de la industria nacional a partir de aranceles. Esta misma clase de medidas proteccionistas han sido tomadas por China y los países de la Unión Europea, priorizándose de esa manera, el sostenimiento de una industria nacional que mantenga la proveeduría del etanol en el largo plazo. Estados Unidos tiene un programa de renovación de combustibles en que el etanol recibe 30% de subsidios, según cálculos de un estudio realizado por Ernst & Young, realizado para la CREG. En 2001 Colombia se alineó a esta tendencia internacional de impulsar el desarrollo de la industria del abastecimiento nacional de etanol. En ese año se aprobó la Ley 693 que constituye el marco regulatorio y de estímulos para la producción, comercialización y consumo de alcoholes carburantes. De esa forma nació el mercado de etanol nacional procedente de la caña de azúcar y producido por siete destiladoras nuevas, que con certeza se lanzaron a esa aventura de inversión con expectativas de participar en un mercado sensatamente regulado y con las garantías mínimas de estabilidad normativa. En el grupo de estas empresas está la destiladora Bionergy en que Ecopetrol invirtió 750 millones de Dólares. Desde su inicio el mercado del etanol tuvo una curva de maduración importante, lográndose en la marcha precisar aspectos regulatorios

Colombia importa de los Estados Unidos el 31% del etanol y en cuestión de días sería el 100% si no hay regulación de precios”.

como la definición de los estándares de calidad del producto y la fórmula para el cálculo del precio, así mismo, el porcentaje del etanol adicionado a la gasolina en todo el territorio nacional, pasó del 8% al 10%. En esa dinámica evolutiva del mercado, en 2013 se abrió la posibilidad de importar las cantidades etanol que compensaran cualquier déficit en el que la producción nacional fuera inferior a la demanda estimada por el Ministerio de Minas y Energía. Bajo este esquema regulado, las importaciones anuales nunca superaron el 4% del consumo nacional, evidenciándose así que la industria tiene la capacidad de producir 670 millones de litros por año coincidiendo lo cual coincide con las actuales proyecciones de consumo. En esas condiciones las destilerías criollas seguían recibiendo los flujos de caja que permitían su permanencia. Sin embargo, en 2016 el Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución con que se liberaron las importaciones a partir de mayo de 2017. El Gobierno no dimensionó que esta medida implicaría el inminente y rápido colapso de la industria nacional del etanol. Se Ignoró que en esta estructura de mercado regulado era contraproducente abrir el espacio a unos importadores no regulados que tienen la posibilidad de traer etanol de maíz desde Estados Unidos a precios avasalladoramente bajos; en los cuales se refleja el 30% de subsidio otorgado a los productores americanos. Aunque en Colombia, el precio oficial del etanol lo estima mensualmente el Ministerio de Minas y Energía a partir de una fórmula, en dicho cálculo, la mayor ponderación la tienen los costos directos y de oportunidad de las destilerías nacionales y es sobre esa base que se fija un precio único. Los distribuidores mayoristas autorizados para adquirir el etanol, lo deben comprar a las destilerías nacionales a ese precio oficial, pero también la posibilidad de conseguirlo a un precio mucho más bajo de los importadores de etanol de Estados Unidos. La liberación de importaciones resulta ser un incentivo perverso y una medida inequitativa, pues pone a competir a los productores regulados con importadores no regulados que ofrecen el etanol mucho más barato, con el agravante de que ese ahorro transaccional por el diferencial de precios, se queda en las arcas de los distribuidores y no es trasladado al consumidor del combustible porque los precios de la gasolina son fijados con fórmulas fijas que consideran estrictamente el precio oficial del etanol. En consecuencia, actualmente se importa de Estados Unidos el 31% del etanol y es cuestión de días para que llegue al 100% si no se retorna a la sana regulación de precios. Es insólito que una ligereza normativa tenga la capacidad de destruir un programa estratégico de autoabastecimiento energético del país y de impulso a la agroindustria, con su respectiva generación de empleo y otros dividendos sociales, ambientales y económicos. Este despropósito se da haciendo caso omiso a la manifestación de la Superintendecia de Industria y Comercio, que al respecto, señaló: “liberar el mercado resulta inconsistente con las políticas públicas perseguidas por el Gobierno Nacional y las condiciones asimétricas en la competencia entre los productos importados y nacionales ponen en riesgo dichas políticas”. No se concibe que ante una agroindustria ávida de recursos de inversión privada, el Gobierno envíe contundentes señales de inestabilidad normativa que fácilmente desestimulan a los inversionistas potenciales.

Archivo La liberación de importaciones es perversa y una medida inequitativa, pues pone a competir a los productores regulados con importadores no regulados.