ONU denuncia los abusos en Venezuela
CERCA DE 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio según un informe publicado este jueves por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), Michelle Bachelet, que recientemente visitó ese país.
La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.
“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el gobierno venezolano.
En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.
La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que atribuye en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018. “Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores” resalta Bachelet.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio Gobierno venezolano, precisó la portavoz, Ravina Shamdasani. “No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada. “El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas” explica el texto, mientras que “recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos”
“Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social” dice el texto. El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.
Para el gobierno venezolano, el informe “nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundoa que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, concluye Bachelet.