Un bajón de las calificadoras
Aunque el riesgo no es tan cercano, hay varios problemas estructurales que las agencias de ‘rating’ están monitoreando y, los cuales, Colombia todavía no ha podido solucionar.
Para un país, contar con una buena calificación de las agencias internacionales de rating se ha vuelto como tener un sello imprescindible para ser llamativo en el resto del mundo y así poder atraer inversiones de capitales extranjeros. Es por esto que la posibilidad de empeorar en ese indicador sería un golpe muy fuerte para la economía de Colombia.
En estos momentos, la nación cuenta con una nota de ‘BBB’ con perspectiva negativa para Fitch Ratings, ‘BBB-’ con outlook estable según S&P, y de ‘Baa2’ con perspectiva estable según el último reporte de Moody’s.
Y aunque cabe decir que en la actualidad Colombia no estaría en el foco de una posible rebaja de su evaluación, el riesgo de que ello pudiera ocurrir durante el 2020 sigue existiendo.
Esto se debe a que la economía nacional sigue presentando varios retos que serán decisivos el próximo año. Como afirma Richard Francis, líder de la calificación de Colombia y Venezuela de Fitch Ratings, “los tres factores clave para la valoración del país serán: lograr el objetivo de déficit fiscal del 2,2% del PIB, ya sea que se cumpla o no con ingresos extraordinarios como la desinversión de activos o las ganancias del banco central; que la deuda con relación al PIB se mantenga estable o comience a caer, y que no haya más deterioro en los indicadores externos”.
No hay que olvidar que Fitch mantiene una perspectiva negativa en la calificación de Colombia, lo que indica que, de no cumplirse con esos objetivos, es probable una rebaja. “Las razones detrás de este outlook es que esperamos que la deuda del Gobierno siga aumentando”, dice Francis.
Avances de las reformas
Por su parte, Renzo Merino, analista principal de Moody’s Investors Service para Colombia, señala: “Un tema importante que monitorearemos en el 2020 será la capacidad del Gobierno y el Congreso de lograr avances en la agenda de reformas que incluyen temas como el sistema de pensiones o el laboral, entre otros. Además, notamos que el contexto global podría dar sorpresas negativas el próximo año, por lo que también estaremos atentos a la respuesta de política macroeconómica de las autoridades”.
No obstante, las agencias también dejan claro que el país ha logrado progresos en asuntos como el déficit fiscal y en su camino hacia la consolidación y el crecimiento de la economía nacional, por lo que, de seguir en esa senda, se podría alejar la sombra de una posible rebaja en la nota.
La caída de la Ley de Financiamiento por vicios de trámite aplazó por unos meses la discusión de dos reformas vitales para la economía del país: la pensional y la laboral. Pero si el Gobierno no las logra sacar adelante, ello podría generar inconvenientes para Colombia.
Voceros del sector privado, público y de la academia mantienen posiciones encontradas sobre los puntos que se deberían ajustar en ambas modificaciones, pero coinciden en una cosa: el país urge tramitar estas dos iniciativas si quiere desactivar una bomba pensional que viene armándose de años atrás. Ambos proyectos van de la mano, si se tiene en cuenta que, de los 23 millones de trabajadores que hay en Colombia, solo 8,3 millones cotizan. Esto quiere decir que más de la mitad pertenece a la informalidad, lo cual implica que no aportan ni un solo peso a su ahorro pensional.
De hecho, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha sido enfática en decir que hay una necesidad de implementar una reforma laboral estructural dirigida a profundizar la flexibilización debido a cambios poblacionales y tecnológicos.
Como ello incide también en las pensiones de los trabajadores, el mensaje del ejecutivo ha sido que la iniciativa que se presente debe aumentar la cobertura y focalizar los subsidios a las personas más vulnerables.
El impacto de no tramitar estas propuestas en el 2020 tiene, además, un efecto macroeconómico, y es la no posibilidad de que la economía vuelva a crecer a su potencial, es decir, al 4,5% o más. Así lo asegura Sergio Clavijo, presidente de Anif: “Los mayores niveles de crecimiento potencial deberán buscarse por la ‘vía orgánica’ de las reformas estructurales que viene necesitando el país de tiempo atrás”.
En esto coincide Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien plantea la necesidad de “consensuar una transformación del ‘anquilosado, obsoleto, rígido y muy costoso’ régimen laboral, que traiga consigo flexibilizaciones en la contratación por horas y sus cotizaciones, así como la posibilidad de fijar el salario mínimo por regiones y sectores”.
El Gobierno, en todo caso, no la tiene fácil y podría ver truncado el proceso de tramitar dichas reformas si se mantiene la movilización social, pero también porque la Comisión de Políticas Salariales y Laborales –por la cual pasarán las propuestas– no acepte la iniciativa. En caso de lograr dar este paso, los proyectos deberán ir al Congreso, donde también peligraría su aprobación al tratarse de dos temas polémicos.
De momento, las propuestas afloran y el tiempo apremia, pero solo durante el 2020 el país conocerá cómo el Gobierno pretende desactivar las bombas pensional y laboral. Por ahora, sin la reforma, la mecha sigue consumiéndose.
Ambos proyectos van de la mano, si se tiene en cuenta que, de los 23 millones de trabajadores que hay en Colombia, solo 8,3 millones cotizan.