Una conversación empantanada
En medio de marchas y actos de descontento social, organizaciones sindicales, estudiantiles y populares se reúnen con el Gobierno del presidente Iván Duque en busca de un acuerdo que por ahora luce lejano.
El paro nacional del 21 de noviembre se convirtió en el punto de partida de una nueva agenda para el gobierno del presidente Iván Duque y el país en general, que se extenderá incluso hasta más allá del 2020 y marcará el rumbo de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos durante los próximos años.
Lo planteado por el mandatario, en el sentido de convocar a una ‘conversación nacional’ en busca de un acuerdo no solo con los organizadores de las protestas, sino con todos los actores de la sociedad, tiene como objetivo recuperar la gobernabilidad, afectada por alteraciones del orden público.
La propuesta presidencial incluye seis ejes temáticos (lucha contra la corrupción, educación, paz con legalidad, medioambiente, fortalecimiento institucional y crecimiento con equidad), que se abordarán de aquí a marzo próximo año, en tanto que las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares presentaron un pliego de peticiones de 13 puntos, que en buena medida son distintos a los planteados por el jefe de Estado. Mientras los diálogos transcurren, el sector productivo advierte sobre el efecto de la convulsión nacional en los negocios, la generación de empleo, la confianza inversionista y los proyectos de desarrollo. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) aseguró que la primera semana de protestas habría dejado pérdidas por $1,2 billones.
Por su parte, la presidente de la Cámara de Comercio Colombo Estadunidense, María Claudia Lacouture, asegura que los inversionistas extranjeros siempre están atentos al clima político y social, además de los temas económicos y de estabilidad jurídica en los países en donde están presentes o tienen pensado iniciar operaciones.
Agrega que las marchas de Colombia tienen una agenda muy amplia que abarca todas las posibles necesidades, que van desde educación, protección del medio ambiente, salud, transporte digno, fracking, derechos humanos y negociaciones con ELN, entre otros. Pero que, sin desconocer la importancia de cada uno de estos aspectos, un derrotero tan abierto impide tener claridad sobre las expectativas. “La sensación de estancamiento, sin solución clara a corto plazo, hará que paradójicamente se suspendan procesos de inversión que a su vez fortalecen a las empresas y la generación de desarrollo”, advierte.
Por ello urge enviar señales claras a la comunidad internacional sobre la existencia de un diálogo abierto, con todas las partes involucradas, con una agenda y cronograma concreto.
A su turno, Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial, sostiene que si las marchas continúan el próximo año, así sean pacíficas, lesionan el comercio, el empleo y los derechos de los colombianos que no protestan y que quieren ir al trabajo y regresar normalmente a sus hogares. Y que tampoco se pueden afectar las clases en colegios y universidades.
“Perjudicar el comercio genera un daño al sector del empleo. Tampoco se puede olvidar el efecto negativo que las marchas tienen sobre la imagen de Colombia a nivel internacional, por la falta de capacidad del país para el diálogo civilizado”, dice Bedoya.
Por ahora, está claro que los diálogos se extenderán hasta marzo del 2020, con la posibilidad de que se prolonguen por varios meses más. Es más, si no hay acuerdo, existe el riesgo de que las protestas se intensifiquen y la tensión externa continúe. Incluso si la ‘conversación nacional’ da los resultados esperados por el Gobierno, el tema permanecerá en la agenda interna, pues vendrá la implementación y posiblemente se requerirá del trámite en el Congreso de algunas leyes tendientes a cumplir lo pactado.
Todo esto confirma que Colombia seguirá el año entrante bajo la amenaza de protestas callejeras, tensión interna e incertidumbre para los inversionistas.