Legislación obsoleta para nuevas industrias
El que las normas no vayan al ritmo de los ajustes que el mercado genera puede pasarle una factura muy cara al país: se dejan de generar nuevos empleos o de recaudar impuestos, entre otros.
En el 2019 no se pudo, pero en el 2020 hay una oportunidad para que el Gobierno defina las reglas de juego de las nuevas industrias y, así, logre darles seguridad jurídica a los inversionistas. Lo anterior, con el fin de que estos puedan expandir sus negocios en Colombia y no se lleven el capital a otras naciones.
En este sentido, la economía colaborativa (en la que entran las plataformas como Uber o Rappi), la industria del cannabis medicinal e, incluso, las energías renovables, son negocios que tienen potencial económico, pero que, de seguir sin reglamentación, no solo se obstaculizaría su pleno desarrollo, sino que en términos monetarios generarían recursos que deja de recibir el Estado para financiar otros rubros del presupuesto nacional.
Nada más en el sector de la marihuana medicinal, de acuerdo con un estudio de Econcept, en términos de recaudo de impuestos de renta el sector podría darle al país, en promedio, $1,02 billones, que es lo mismo que obtendría la nación por el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas.
Dicha cifra, en el escenario más optimista, ascendería a $3,5 billones, es decir, lo mismo que pagan todas las personas naturales en impuesto de renta en Colombia. Además, podría crear 21.031 empleos en promedio, nada mal para el actual panorama del mercado laboral.
Por ejemplo, en el caso de los ‘rappitenderos’ (domiciliarios de Rappi), que según una ponencia del Concejo de Bogotá hay más de 97.000 registrados en la capital –de los cuales más de 26.000 tienen cédula de extranjería y el 68% se moviliza en bicicleta–, una de las principales quejas es que estos no tienen óptimas condiciones de trabajo relacionadas con la protección social, razón por la que se requieren acciones concretas del Gobierno.
Por eso, de no adaptarse el país a otros modelos de contratación laboral, unos más flexibles que permitan formalizar a estos trabajadores, no solo se seguirá aumentando el déficit para cubrir las pensiones, dado que estos tendrían mayores complicaciones para aportar al sistema, sino que además el descontento social podría incrementarse debido a que seguirían sin poder acceder a sus derechos de trabajo.
Otro de los principales ejemplos de esta problemática ejemplo está en proyectos de energía renovable de zonas como La Guajira y Cesar –con amplio número de comunidades indígenas y afrodescendientes–, en donde si bien en su estructuración no se ha tenido mayor dificultad, sí la hay en la entrada en operación de la línea que transmite esa energía hacia el Sistema Interconectado Nacional, porque la demora en las consultas populares no ha dejado que se avance en el tema.
Todos estos son tan solo algunos de los riesgos que tiene el país, y cuya consecuencia es que se desincentive la participación de estas iniciativas y no se generen tributos.
De no adaptarse el país a otros modelos de contratación laboral más flexibles, se seguirá aumentando el déficit para cubrir las pensiones.