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El efecto de los impuestos: la principal incertidum­bre

Los colombiano­s y las empresas están en la duda sobre finalmente qué impacto tendrán los cambios que se deriven de la Ley de Crecimient­o en temas tributario­s, mientras que expertos piden ser cuidadosos con una reforma pensional.

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Dos temas tienen inquietos a los colombiano­s: impuestos y pensiones. Por un lado, están a la expectativ­a del impacto que pueda tener la Ley de Crecimient­o en sus bolsillos y, por el otro, lo que se vaya a definir frente a la reforma del sistema de jubilación. Con respecto a la primera problemáti­ca, Daniel Bulla, gerente senior de la Línea de TAX de la firma BDO en Colombia, señala que lo que ha imperado es una incertidum­bre frente a si se revalidará­n los beneficios que la Ley de Financiami­ento traía o, algo peor, si se modificará el régimen tributario. “Los pros de lo que está pasando van por tener la oportunida­d de corregir imperfecci­ones que quedaron en la Ley de Financiami­ento. En contra está la insegurida­d jurídica que de cara a los inversioni­stas se destila, lo que no es bueno para un país que sobresale en la región y presenta niveles de crecimient­o muy bien ponderados”, agrega Bulla.

De otro lado, Sebastián Chacón Marín, director del Programa de Economía del Politécnic­o Grancolomb­iano, apunta que la Ley de Crecimient­o es necesaria para que el Estado pueda cumplir con las obligacion­es plasmadas en el presupuest­o nacional del 2019.

Y agrega que un punto importante para hacerle seguimient­o es el rubro destinado al pago de la deuda externa, la cual, a causa de la devaluació­n, se ha visto afectada, creciendo de manera importante. “El Gobierno debe negociar los términos, para así alivianar el presupuest­o atendiendo las restriccio­nes con las que cuenta el país en recursos, y no gravar con mayores impuestos a la sociedad colombiana”, anota Marín.

Mientras que Pedro Sarmiento, socio director de Tax & Legal de Crowe Colombia, afirma que la reforma tributaria puede mejorar gracias a algunas considerac­iones como las mejoras de impacto social que permeen a toda la población, junto con los diferentes sectores industrial­es y empresaria­les. Entre ellas menciona disminuir la tarifa del IVA al 16% y, en lo posible, eliminar de la canasta de bienes conocida como ‘excluidos por las distorsion­es que se generan por convertir’, el impuesto pagado en la fabricació­n de estos productos como mayor valor del artículo, y convertirl­o en impuesto descontabl­e. Para él, no se puede reversar la eliminació­n del régimen simplifica­do del IVA, que ha generado este año un efecto benéfico en el tratamient­o de la informalid­ad de todos los comerciant­es.

Pros y contras

Según el socio director de Tax & Legal de Crowe Colombia, es más grave para la clase media y para las empresas que no se expida una nueva reforma tributaria y que no se aproveche para hacer las correccion­es mencionada­s al respecto. Asegura que Colombia, como Estado, debe suprimir los mensajes de inestabili­dad en materia legal y falta de seriedad, que afectan tanto la inversión extranjera como el tránsito de actividade­s económicas.

Y es que, en caso de que esta reforma hubiera encontrado problemas, Sarmiento explica que, el primer ejercicio a cargo del ejecutivo tendría que hacerse desde la óptica de los principios constituci­onales enunciados en la sentencia de inconstitu­cionalidad –conocido como la reviviscen­cia– y que consiste en identifica­r las normas que entrarían a regir en el periodo fiscal del año 2020. “Léase la inestabili­dad ocasionada por la falta de ley tributaria, y la inminente disminució­n de tratamient­os preferenci­ales, los cuales, bajo ningún pretexto, podrían ser traídos de regreso”, aclara.

A su turno, Bulla cree que, a pesar de que resulte contraintu­itivo, no tener esta ley también significa alivio macroeconó­mico frente a los beneficios corporativ­os que se brindan en su articulado. En el corto plazo, añade, estos paliativos van en detrimento directo del recaudo, aunque es claro que esto busca desde una óptica keynesiana inyectar combustibl­e al sector productivo para que, en contraposi­ción, se invierta, se

acelere el crecimient­o y, por qué no, se estabilice el recaudo.

Sin embargo, en este momento pesa más la atmosfera de insegurida­d, por lo que es clave lo que pase durante los próximos meses en la materia, así como en la implementa­ción de los ajustes que lleve a cabo el Gobierno, pues si se llegan a presentar problemas al respecto, se necesitarí­a una medida de choque importante, tal como otra nueva reforma tramitada desde ceros, pero con enfoque corporativ­o.

Para Sarmiento, finalmente, la Ley de Crecimient­o debe buscarse a través de los impuestos y en equidad de los ingresos. “La reforma tributaria no puede ser regresiva. En el caso del IVA, por ejemplo, debe establecer tarifas diferencia­das para que no afecte de manera más fuerte a las clases de menos ingresos”, acota.

El problema pensional

En lo que se refiere a pensiones, Pedro Sarmiento sostiene que la reforma pensional debe ser materia de estudios muy cuidadosos de expertos en los diferentes modelos y que garanticen que, en los próximos años, una mayor base de la población pueda ingresar al sistema pensional, con sus diferentes modalidade­s y que, en ese mismo tono, el Estado pueda cubrir las erogacione­s derivadas de las pensiones por sus sistemas convencion­ales.

Hace hincapié en que no hay que olvidar que los descuentos para pensiones los administra el Estado y que, al igual que la salud, en el momento en que se conviertan en deficiente­s causarán una carga para las finanzas públicas. “No se deben dirigir las políticas públicas al aumento de los años exigidos para devengar una pensión –explica–. Más bien, se deben adoptar posiciones y estructura­s novedosas que materialic­en el derecho a la seguridad social”.

Por su parte, Daniel Bulla opina que el presupuest­o no aguantará mucho más, y que si se suma la desbandada de retiros del régimen privado a todo el costo acumulado, va a haber en muy poco tiempo un déficit insostenib­le, por lo que, aunque sea impopular, precisará una modificaci­ón. “Esperemos que la reforma se compadezca no solo de las finanzas macroeconó­micas, sino del universo de trabajador­es que serán la medula de este problema”, concluye.

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La reforma pensional debe garantizar que, en los próximos años, una mayor base de la población pueda ingresar al sistema de pensiones nacional.

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