para la ‘apps’
Luego de más de cinco años de que las grandes plataformas de economía colaborativa llegaran al país, se regularán temas de seguridad social para sus trabajadores.
Aunque el Gobierno aún está en mora de actualizar las reglas de juego que permitan a nuevos jugadores tecnológicos de transporte operar y competir de manera regulada con los taxis, en el nuevo periodo legislativo el Ejecutivo debe llevar al Congreso un proyecto de ley para ponerse al día en temas de seguridad social y garantías para empleo en las
apps de domicilios, hospedaje y el segmento ya citado, entre otros.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 aprobado el año pasado por el Parlamento, el Gobierno estableció, en el artículo 205, que se deberá definir, a través de un proyecto de ley, “la forma de vinculación correspondiente a los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas tecnológicas”.
Además, a través de un documento que define las políticas en las que trabajará el ejecutivo durante el cuatrienio, quedó establecido que dentro del año siguiente a la promulgación del PND –es decir, en este 2020–, el Gobierno llevará al Congreso de la República el proyecto legislativo ya descrito.
“Vamos a presentar el proyecto de ley en el tema de trabajo en las plataformas”, explicó Víctor Muñoz, alto consejero de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Solo por mencionar algunas, la iniciativa busca cobijar a firmas como Airbnb, Uber y Rappi, entre otras de ese sector.
El artículo señala que “el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con las carteras de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, y de las TIC, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de prestación de servicio y las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas”.
Además, indica que las aplicaciones y plataformas, “así como las personas naturales y jurídicas del sector, suministrarán la información necesaria que servirá de insumo para la política pública y los estudios sectoriales que se requiera, incluyendo la caracterización”.
A pesar de que esto es un gran avance en materia laboral para mejorar las condiciones de las personas que hoy trabajan mediante las apps de los renglones citados, los actores también están pidiendo que se avance en regular su operación en el país. Por lo menos así lo manifiestan las dedicadas al transporte que han llegado desde el 2013 y que han tenido más obstáculos traducidos en sanciones, inmovilización de los vehículos, enfrentamientos y resistencia con algunos taxistas; todo esto porque las reglas de juego no son equitativas y, aunque no es obligación del Gobierno, la normativa no se ha actualizado para que los nuevos competidores puedan hacerlo en un escenario regulado.
Aún queda, entonces, una gran tarea pendiente, que lleva más de seis años sin solución.