¿Una nueva consulta?
Cambiarle la cara al mecanismo por el cual se le pregunta a las comunidades y minorías étnicas sobre el desarrollo de proyectos extractivos, es uno de los principales objetivos del Gobierno.
El Gobierno Nacional viene abonando el terreno en donde busca cambiarle, de una vez por todas, la cara al mecanismo de la consulta previa. Y para lograr su cometido, prepara dos caminos para hacer la tarea. El primero es crear –gracias a un decreto– una entidad independiente en lo operacional y financiero, pero adscrita al Ministerio del Interior. Y el segundo es hacer aprobar una reforma al contenido mismo de este mecanismo a través del trámite de una ley ordinaria en el Congreso de la República.
El Ministerio del Interior tiene listo, por eso, un decreto que dará vida a la Dirección de Consulta Previa (DC). La nueva entidad nace de la sentencia unificada 123/2018 de la Corte Constitucional, la cual ordena al Ejecutivo y al Legislativo crear una institución “sólida e independiente” para desarrollar estas herramientas y expedir el certificado.
Así mismo, la iniciativa de la DC cobró vida al ser incluida en el reciente Plan Nacional de Desarrollo (PND), y cuyo articulado estableció que su reglamentación se dictará a través de un decreto expedido por el Gobierno a través de la cartera del Interior.
El otro cambio para terminar de modificar la consulta previa y darle más rapidez a su proceso con las comunidades es de fondo: en un proyecto de ley ordinaria que deberá radicar el Gobierno en los próximos meses para su estudio, se trazarían siete nuevos ejes temáticos. En ellos se sustentarían transformaciones al proceso como estar orientado al resultado, identificar los sujetos de la consulta, lo mismo que el ámbito y la temporalidad, así como determinar en qué casos se necesita el consentimiento para realizar el proceso. También, incluir instrumentos que reduzcan la asimetría de las partes y establecer una metodología que permita un flujo continuo de los diálogos.
De esos ejes temáticos, llama la atención que se deba llegar a un acuerdo vinculante en el que todas las partes coincidan en lo que pretenden del proyecto.
Por último, el texto destaca la necesidad de incluir reglas dentro del mismo proceso que sean objetivas, consistentes y claras para identificar los ‘sujetos de consulta’ y para acreditar los representantes.
La nueva consulta previa deberá estar orientada al resultado, identificar los sujetos y determinar en qué casos se necesita el consentimiento para realizarla.
Se busca más coordinación
Un proyecto, en el que participan los sectores minero y petrolero en su construcción, sincronizará las políticas administrativas entre el Estado y los municipios para las tareas de extracción.
Para la industria, esta ley de coordinación y concurrencia dará más claridad en las reglas para el desarrollo de las tareas. Y confirma el contenido de la sentencia 095 de la Corte Constitucional, sobre que los entes territoriales no pueden prohibir la minería a través de la participación ciudadana.
“El país ha avanzado en materia jurisprudencial, lo que le dará más certeza al sector. Esta precisión y claridad genera mayor inversión. Las decisiones de la Corte Constitucional lo dejan claro”, señala Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Ajuste a las licitaciones
Entre las medidas que la ministra del Interior, Alicia Arango, anunció como las de máxima prioridad, sobresale la que tiene que ver con la reforma de la contratación y los ‘pliegos tipo’. Ella fue aprobada en cuarto debate en diciembre por la Cámara, y se encuentra en proceso de pasar por el Senado.
Con esta norma, según la plataforma de Congreso Visible, el “Gobierno adopta ‘documentos tipo’ para los pliegos de condiciones de todo proceso de selección que, mediante licitación pública, deba adelantarse por las entidades de derecho público, cualquiera que sea el régimen jurídico que le sea aplicable y el orden al que pertenezca”.
Asimismo, al definir estos ‘pliegos tipo’, la idea es enfrentar de una manera más fuerte la corrupción que se ha dado en muchos de estos procesos, tanto desde el área del control y vigilancia, como también establecer unas mayores sanciones a quienes incurran en estas prácticas ilícitas.