El día D de Álvaro Uribe Vélez
Un fiscal tendrá que tomar una decisión en el caso contra el expresidente por presunta manipulación de testigos: lo acusa o precluye.
“Antes del día 6 de marzo próximo presentaré ante el juez competente, escrito de acusación o solicitud de preclusión consecutivo de la valoración probatoria integral, realizada dentro del proceso, que generará una audiencia con presencia de las partes e intervinientes, para que de manera pública y transparente se conozcan los actos de investigación que soportan nuestra posición jurídica, y que luego de ser descantada por la controversia fijarán las decisiones de los jueces y magistrados”
GABRIEL JAIMES Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia
Mañana vencen los 120 días de plazo que tenía la Fiscalía para pronunciarse sobre el futuro judicial de Uribe. Con esta decisión, se da un paso más para establecer si el expresidente incurrió en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, por los que lo investigaba la Corte Suprema de Justicia desde 2018.
De no haber pronunciamiento, el fiscal delegado podría ser sancionado y el proceso pasaría a manos de otro fiscal. Así, sin chance de darle más largas a la situación del exmandatario, el 18 de febrero, Gabriel Jaimes se comprometió públicamente a presentar sus argumentos antes de que se venciera el plazo.
“Antes del día 6 de marzo próximo presentaré ante el juez competente, escrito de acusación o solicitud de preclusión consecutivo de la valoración probatoria integral, realizada dentro del proceso, que generará una audiencia con presencia de las partes e intervinientes, para que de manera pública y transparente se conozcan los actos de investigación que soportan nuestra posición jurídica, y que luego de ser descantada por la controversia fijarán las decisiones de los jueces y magistrados”, dijo Jaimes en una carta.
Este caso en particular ha cautivado la atención mediática, de la opinión pública y de la ciudadanía en general, sin mencionar las presiones que se han manifestado desde una y otra orilla para intentar incidir en la determinación final.
No es para menos la tensión política que vive el país en este momento, pues es la primera vez en la historia nacional que un proceso judicial contra un expresidente llega tan lejos.
El Día D de Uribe llegó y estos son los escenarios que se pueden presentar.
Preclusión
La Fiscalía General de la Nación puede solicitar al juez que dé por terminada la investigación contra el exmandatario. Esto sucedería en caso de que el ente acusador no haya encontrado elementos probatorios que vinculen al expresidente con los presuntos delitos que en su momento le endilgó la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía deberá sustentar sus argumentos ante un juez, y las víctimas pueden presentar sus objeciones en caso de no estar de acuerdo con la determinación. En este escenario, el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
Cabe resaltar que esta petición de la Fiscalía no es una orden para el juez, quien finalmente es quien decide si la acepta.
Acusación
En caso de que la Fiscalía haya encontrado material probatorio que vincule al expresidente con los delitos de soborno y fraude procesal, seguirá el proceso judicial.
En este escenario, el fiscal delegado puede solicitar ante el juez que el caso del exmandatario vaya a juicio, pasando previamente por una audiencia de lectura de acusación. Posteriormente, en otra audiencia, se determinarían las pruebas que se tomarían en cuenta en el juicio.
Esto quiere decir que aún falta mucho camino por recorrer antes de que se llegue a esta etapa del proceso.
Vale la pena aclarar que la acusación no puede ser controvertida ni apelada por la defensa, y el juez tampoco puede hacer control sobre ella.
Anulación
La defensa o la Fiscalía podrían solicitar la anulación del caso si logran convencer al juez de que al expresidente se le vulneró el derecho al debido proceso.
De acuerdo con la defensa de Uribe, no se puede equiparar una indagatoria de la Corte Suprema con una imputación de cargos de la Fiscalía, por lo que esa etapa de la justicia ordinaria no estaría superada.
La defensa del expresidente había presentado una tutela en este sentido, pero fue tumbada por el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, los abogados pueden sacar esta carta en la audiencia de acusación y, eventualmente, lograr que el juez anule todo el caso.
Cabe recordar que el expresidente era investigado inicialmente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero renunció a su cargo como senador y a su fuero de congresista, por lo que su caso salió de la órbita del alto tribunal.
El proceso llegó tan lejos, que incluso el 4 de agosto de 2020 le ordenaron medida de aseguramiento bajo la figura de prisión domiciliaria, sin embargo, el expresidente quedó en libertad 67 días después, luego de que su caso pasara a la justicia ordinaria.
Desde entonces sigue vinculado al caso, pero defendiéndose en libertad.