Exmiembros de Farc, a rendirle cuentas a la JEP
Nuevamente la Sala de Reconocimiento pidió a los líderes de la exguerrilla que envíen informes detallando su compromiso con el proceso de paz. Pero ¿esto qué significa?
La JEP rechazó las apelaciones de 27 exmilitantes de las Farc, de 31 llamados, que habían presentado este recurso para no entregarle un informe en el que “se refieran a las acciones concretas que cada uno haya llevado a cabo” en el conflicto, como compromiso con el acuerdo de paz.
El pasado 10 de septiembre, la JEP había solicitado a 31 excabecillas de las Farc un informe en el que tenían que detallar sus compromisos con el acuerdo para garantizar “el acceso y la permanencia en la JEP”, lo que se traduce en el mantenimiento de los beneficios que recibieron cuando se acogieron a esta justicia.
Para sorpresa de los magistrados, 27 de los exguerrilleros presentaron recurso de apelación por “violación al debido proceso”. Sin embargo, esta semana la JEP dejó en firme la solicitud de los informes.
“La Sala de Reconocimiento confirmó su decisión”, dijo Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala, quien precisó que “el plazo máximo de la entrega (de los informes) será el
23 de octubre”. Agregó que los magistrados resolvieron, por mayoría, “no conceder el recurso de apelación, ya que la naturaleza de la providencia impugnada, así como sus efectos jurídicos, no son susceptibles de esta figura”.
¿Qué pide la JEP?
Esta sala de la JEP reiteró a los 31 exguerrilleros que necesita un informe en el que se refieran a las acciones concretas que cada uno haya llevado a cabo “en relación con el compromiso de contribuir activamente con la verdad”. Por eso, la justicia necesita una descripción de las actividades que se hayan realizado para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto.
Entre los dirigentes de la exguerrilla que deben enviar informes están Rodrigo Londoño, presidente del ahora Partido Farc; Pastor Lisandro Alape, Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich; Iván Márquez y Pablo Catatumbo.
También Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, cuyo paradero es desconocido.
Adicionalmente, cada uno deberá mencionar si tiene información que aún no haya aportado y que pueda contribuir con las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el conflicto.
“De ser así, deberá indicar si esta información se refiere o no al paradero de alguna de las personas incluidas en el listado trasladado por la Sala de Reconocimiento a los comparecientes, incluida en el informe del secretario ejecutivo, y que reproduce los datos entregados por la antigua Fundación País Libre a la JEP”, explicó la magistrada Lemaitre.
Según datos de la misma Unidad de Personas Desaparecidas, en el país hay cerca de 82.000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas de ellas desde hace 30 años. Familiares de estas víctimas saben que no tienen ninguna esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, pero esperan que al menos sus cuerpos sean localizados e identificados en fosas comunes o, por lo menos, que sus victimarios reconozcan que los desaparecieron.
“La búsqueda de los desaparecidos es un tema clave para la implementación del acuerdo de paz, para generar confianza en las víctimas y garantizar la no repetición”, dijo Luz Marina Monzón, directora de la unidad.
“La búsqueda de los desaparecidos es clave para la implementación del acuerdo, para generar confianza en las víctimas y garantizar la no repetición” Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Personas Desaparecidas