El camino a la adjudicación de TM por la avenida 68
A pesar de la discusión por la adjudicación de la troncal de TransMilenio por la Avenida 68, la decisión habría evitado fuertes demandas a Bogotá
Si hubo una luna de miel entre la administración de Claudia López y la ciudadanía bogotana duró 23 días. La Alcaldía de Bogotá tomó una decisión muy impopular al adjudicar la construcción de la troncal de TransMilenio por la avenida 68. A pesar del rechazo popular, la Administración debió cumplir el paso de una de las obras más grandes de Bogotá.
La insistencia que dio la alcaldesa al tratar de justificar la decisión fue a estar ‘amarrada’. La mandataria, en un mensaje en redes sociales, aseguró que la decisión se hacía contra sus opiniones. “(Enrique) Peñalosa y su administración es responsable del proyecto TM68, que desafortunadamente no pudimos jurídicamente detener”, dijo.
Cabe destacar que el contrato licitatorio fue firmado por el director encargado del IDU, Isauro Córdoba, quien viene de la administración de Enrique Peñalosa y fue uno de los estructuradores del proyecto en los cuatro años anteriores. Claudia aseguró que su mandato en el IDU empezaba la próxima semana, cuando posesione a Diego Sánchez como director del Instituto.
Más allá de las explicaciones de la Alcaldía, que insistió con su falta de responsabilidad por una licitación abierta en noviembre de 2019, la ley deja muy pocas opciones para un eventual reversazo.
Directo a la licitación
Manuel Restrepo, profesor de derecho administrativo de la Universidad del Rosario, es uno de los mayores expertos en contratación pública del país. El abogado analizó para PUBLIMETRO el proceso licitatorio de TransMilenio
por la avenida 68, en especial debido a una línea de tiempo que hubiera podido detener el proceso.
Una de las dificultades más grandes que presentaba el proyecto, para Restrepo, es que la recepción de ofertas se cerró el 30 de diciembre de 2019, solo dos días antes de que la administración Peñalosa dejara la Alcaldía. Esta fecha fue denunciada por la propia López, quien aseguró que Peñalosa y el IDU evaluaban ofertas “mientras nosotros celebrábamos el año nuevo”.
Aunque López expresó la preferencia de una opción diferente como tranvía o metro ligero para la 68, Restrepo advierte que esta sola preferencia no es motivo suficiente para dejar a un costado la licitación que ya estaba abierta.
Para suspender una licitación, según Restrepo, “tiene que haber otros elementos distintos a la circunstancia del propio cambio de gobierno. Lo que habría que ver es si, además del cambio de gobierno, hubo circunstancias nuevas que permitieran suspender o no adjudicar la licitación”, explica.
Estas circunstancias nuevas se habrían podido plantear mediante tres escenarios: la intervención de un juez, la de un ente de control como la Procuraduría o la Contraloría, y una decisión del propio gobierno distrital. La alcaldesa aseguró que la única forma de parar el proceso era con intervención de la Procuraduría o de un juez.
¿Cómo frenar un proceso?
El primer escenario exigía una acción popular como la de Rodrigo Lara contra la licitación de TransMilenio por la Séptima (ver recuadro). En este caso, veedurías ciudadanas y grupos de vecinos como los comerciantes de Venecia y Alquería habrían podido interponer la acción popular. Esto hubiera permitido una revisión judicial que, según Restrepo, hubiera permitido suspender la licitación, pero no se hizo.
La segunda implicaba la intervención de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría. Un estudio de los entes de control habría podido encontrar, según el jurista, un posible riesgo al patrimonio público. “Si se encontrara que eventualmente hay un sobrecosto en el presupuesto, podría decirse a la administración que existe este riesgo y exigir que revise el contrato. La administración podría suspender el proceso, estudiarlo y luego tomar la decisión de revocar la apertura de la licitación o seguir adelante”, explica.
“Pero, en este caso, esta opción no se dio porque la Procuraduría no intervino”, añade Restrepo. Si bien la Procuraduría envió una carta al IDU en la mañana del pasado jueves, día en el que se adjudicó la licitación, las inquietudes fueron respondidas el mismo jueves durante la audiencia de adjudicación.
Esto dejaría abierta la posibilidad de que la Alcaldía tomara la decisión de frenar TransMilenio por la avenida 68 de manera unilateral. “Antes de la adjudicación, la única posibilidad era de que la Administración tomara la decisión de suspender el proceso o de revocar el acto de apertura”. López hubiera podido tomar esta decisión mediante un mecanismo de revocatoria del acto de apertura, una decisión de gran complejidad.
Demandas inevitables
El elefante en la sala está en las firmas proponentes a la licitación, que presentaron las ofertas para la licitación antes del 30 de diciembre. “El Distrito correría un riesgo muy alto de que, si decide revocar la apertura de la licitación sin pedir el consentimiento de los proponentes, ellos demanden. Por el camino les habrían cambiado la regla del juego y no se les hizo saber antes de que presentaran las propuestas. Con esto, se le crea a la administración entrante, prácticamente, un hecho cumplido que es muy difícil de revertir frente a los riesgos que entraña”, asegura el jurista.
Declarar desierta la licitación también hubiera provocado el riesgo de demandas. “Cualquiera de las firmas podría demandar diciendo que esta fue una licitación amañada para declarar la licitación desierta, lo que habría provocado que se indemnizara a un proponente que no hizo un metro cuadrado de pavimento”, añade Restrepo.
Este hecho indica que Peñalosa entregó a López, casi literalmente, una licitación ya amarrada para construir TransMilenio por la 68 el 1.º de enero. “Lo que uno deduce es que, para el momento en que la nueva administración entró, ya estaban terminando el proceso de evaluación de propuestas. Lo único que faltaba era calificar y adjudicar. El riesgo de perder una demanda si se revocaba la apertura de la licitación era muy alto, además de todo lo que implica estructurar desde cero la alternativa a la troncal”, asegura el abogado.
Todo esto implica una discusión extremadamente técnica desde el derecho de contratación. También implica, sobre todo, que otras obras casi completamente adjudicadas
“El Distrito correría un riesgo muy alto de que, si decide revocar la apertura de la licitación sin pedir el consentimiento de los proponentes, ellos demanden”
Manuel Restrepo, profesor de derecho administrativo de la Universidad del Rosario
como la ALO Sur o la avenida Tabor no podrían tener cambios sin someter a Bogotá a demandas millonarias.