Corte Suprema abrió indagación a Álvaro Uribe por las chuzadas
El caso. Según el alto tribunal, la indagación preliminar contra el senador se abrió por ser el supuesto destinatario de la información recogida por el espionaje del Ejército a más de 130 personas
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe como supuesto destinatario de la información recabada en el espionaje de miembros del Ejército a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros.
“Es una investigación preliminar” contra Uribe, dijo una fuente de la Corte Suprema.
Según una investigación publicada a comienzos de mayo por la revista Semana, titulada Las carpetas secretas, la operación de espionaje militar ocurrió entre febrero y diciembre del año pasado y entre las víctimas, además de periodistas, hay defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.
La Corte Suprema señaló en su cuenta de Twitter que basada en una denuncia, “la Sala de Instrucción abrió la indagación previa contra el senador Uribe como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”.
Según Semana, la Corte tomó la decisión sobre Uribe tras recibir información de un anónimo. “Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas; Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada”, reaccionó Uribe en su cuenta de Twitter.
Decisiones de la justicia
Del seguimiento informático del Ejército fueron víctimas periodistas internacionales como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey, varios medios de comunicación que cubren el conflicto en Colombia, y el fueron chuzadas por el Ejército director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Los detalles de la denuncia suscitaron múltiples voces de rechazo y peticiones al Gobierno para que explique quién dio la orden de los seguimientos y castigue a los responsables que al parecer están en la cúpula de la inteligencia militar.
Por este hecho, la Procuraduría colombiana llamó a juicio disciplinario el pasado 20 de mayo a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.
En medio del escándalo, el Ministerio de Defensa ordenó el retiro del servicio de nueve oficiales del Ejército, entre ellos cinco tenientes coroneles, un mayor y tres capitanes, aunque no reveló las razones de la decisión.
Además, la Fiscalía General anunció una citación a interrogatorio al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019, periodo durante el que ocurrió el espionaje, y quien pasó a retiro alegando motivos familiares después de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos.
La revista Semana, que tuvo acceso a decenas de documentos y entrevistó a más de 10 fuentes, denunció también que “las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera”.
La operación generó un debate en el país y la condena de distintos sectores de la sociedad que además lamentaron que se desperdicien con estos fines recursos de la inteligencia militar.
El caso de espionaje ha sido calificado como inadmisible por el presidente colombiano, Iván Duque, quien prometió castigo para los implicados.
“LA SALA DE INSTRUCCIóN ABRIó LA INDAGACIóN PREVIA CONTRA EL SENADOR URIBE COMO POSIBLE DESTINATARIO DE LA INFORMACIóN DE SEGUIMIENTOS ILEGALES DE INTELIGENCIA MILITAR EN 2019”
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA