El boquete que abre decisión de Corte IDH en caso Petro
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fue la fecha en la que la Procuraduría inhabilitó a Gustavo Petro
La sanción se dio en el marco de la gestión de Petro como alcalde, por lo que el entonces procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, consideró una falla grave la desprivatización del servicio de recolección de basura, que trajo problemas con los operadores privados.
Ante la medida, que dejó en suspensión al senador, un equipo de abogados inició la defensa jurídica que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, más allá de juzgar si Petro
fue culpable, lo que hizo fue abogar por que los derechos políticos de candidatos elegidos popularmente no puedan ser interrumpidos por entes administrativos no judiciales.
Con el fallo, Colombia tendrá que hacer fuertes modificaciones, pues entidades como la Procuraduría cursan procesos de destitución para alcaldes, gobernadores, senadores y representantes a la Cámara.
Esto ya no será posible y causa un problema, que muchos consideran que es dejar sin dientes a Procuraduría y Contraloría. Incluso, el debate ya ha sido planteado en términos de que la corrupción celebra con el fallo.
Sobre esto, en rueda de prensa, Gustavo Petro aseguró que no se trata de que la corrupción pase de agache, sino de fortalecer los mecanismos judiciales para que en manos de ellos queden los futuros políticos de quienes son elegidos popularmente en el país.
Incluso se refirió al caso del exdirigente de la oposición venezolana Leopoldo López, que fue suspendido por la contraloría de Nicolás Maduro y aseguró que su caso es igual, y que respondió a “temas políticos para anular al rival, como en las dictaduras”.
Aunque aún se analizan los alcances de la providencia judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), se fue lanza en ristre en contra del senador. Camilo Gómez, director de la entidad, asegura que el fallo abre la puerta a la corrupción y plantea que en este momento analizan las acciones a seguir.
Sin embargo, ante las preguntas por los casos que ya han sido fallados (políticos destituidos por Procuraduría), Gómez asegura que el fallo no procederá, porque “hay una presunción de legalidad y de convencionalidad de las decisiones anteriores”, lo que indica es que se aplicará a futuro.
Con esto, Colombia tendrá que responder con un cambio en las leyes que indique que los funcionarios elegidos popularmente solo podrán ser retirados de sus cargos mediante fallos judiciales y no con medidas de carácter administrativo.
Lo que sí podrá hacer la Procuraduría y Contraloría es investigar y destituir a otro tipo de funcionarios como ministros, secretarios de Gobierno y directores de entidades, entre otros.
¿Quién deberá pagar a Petro?
Si bien la Corte IDH pide una indemnización a Gustavo Petro, la Andje asegura que el senador no obtuvo todo lo que pedía, que rondaban los 70.000 dólares. La providencia habla del pago de 10.000 dólares, cerca de 40 millones de pesos.
Sobre la pregunta de si será la nación quien pague la indemnización, el Estado estudia una acción de repetición para que, en caso tal, sea el actual embajador de Colombia ante la OEA, quien saque de su erario para pagar lo que fue un proceso fallido bajo su mando en la Procuraduría.
“¿Qué pasa políticamente con Ordóñez, que es embajador de la OEA de este Gobierno? La sentencia no habla nada de eso ni a mí me interesa mucho porque el embajador de la OEA es un digno representante del presidente (Iván) Duque y esa es la imagen que él quiere presentarle al mundo”, expresó Petro.
“SI ORDÓÑEZ TUVIESE VALORES CIMENTADOS EN LA DECENCIA, ÉL MISMO DEBERÍA TOMAR LA DECISIÓN DE RENUNCIAR” GUSTAVO PETRO Senador