Puestos ambulantes se quedan con pipetas
Aunque se permite el uso de gas en los puestos de la calle, se anunciaron medidas.
Una resolución emitida el 27 de noviembre, prohibía a miles de vendedores de alimentos en zonas públicas de Bogotá la venta de sus artículos. La norma, entre otras restricciones, suspendía el uso pipetas de gas y maquinaria de combustión. Su efecto sobre los vendedores informales fue ampliamente criticado, por lo que la Secretaría de Gobierno decidió rescindir dicha prohibición y permitir a los vendedores informales volver a vender comida caliente en las calles.
La resolución 1183 de 2020 había lanzado una serie de prohibiciones que, a la vista de múltiples líderes políticos, eran riesgosas para los intereses de los comerciantes informales. El representante a la Cámara Inti Asprilla, uno de los más ruidosos críticos de la decisión, la comparó con una peñalosada, y llamó indolentes a la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
“Ahora quieren prohibirle a los vendedores informales vender productos calientes durante toda la temporada decembrina, después de que muchos de ellos están en la ruina”, escribió Asprilla. “Las pipetas –agregó– deben ser reguladas, mas no prohibidas. Los y las vendedoras de comidas y bebidas calientes las necesitan para poder vender sus productos”.
La polémica también fue terciada por los líderes comerciantes. Las organizaciones denunciaron que quienes se iban a ver perjudicadas con la decisión eran las mujeres cabeza de familia, como lo relató la bancada femenina del Polo Democrático. Para la organización, la resolución afectaba “los derechos al trabajo y mínimo vital de los vendedores informales (…) las mujeres son las que más dependen de esta actividad”.
¿Cuántos afectados?
El Instituto para la Economía Social (Ipes) destacó que los riesgos de una resolución como la presentada con las pipetas de gas podría afectar a miles de personas. Según su director, Libardo Asprilla, el 35% de los casi 110.000 vendedores informales en las calles de Bogotá realiza ventas de comida y alimentos. Un porcentaje muy alto, aunque no fue destacado por el funcionario, lo realiza mediante alimentos calientes.
Esta situación no solo afectaría a vendedores con sus carretas o chazas, sino también a, por ejemplo, los carros de franquicia de Cocheros, que en muchas partes de Bogotá cocinan hamburguesas en los andenes. También perjudicaría a vendedores de todo tipo de artículos: desde algodón de azúcar, que utilizan motores de gasolina, hasta tamales y envueltos.
Uno de los objetivos de la resolución era, justamente, poner control a estas ventas. En especial, el posible impacto de las ventas para impedir el adecuado distanciamiento social fue uno de los motivos de la resolución. “Es importante que podamos garantizar espacios adecuados para que ellos puedan cumplir con las medidas, no solo de bioseguridad, sino también de salubridad”, destacó Asprilla.
Otro riesgo que del que habló el secretario de Gobierno fue del de accidentes con elementos inflamables. Un cilindro de gas provocó una emergencia en 2019 en la capital, y otras se han vivido en otras ciudades del país. Gómez llamó bombas de tiempo a estas carretas no reguladas en el espacio público.
Un paso para atrás
La Secretaría de Gobierno anunció que las medidas para permitir el uso de pipetas de gas cambiarán de objetivo. Se permitirá el uso de algunos puestos de venta informal con gas propano, pero con normas muy específicas que buscan reducir los riesgos de posibles incendios u otro tipo de incidentes.
Los vendedores de comida caliente en el espacio público que utilicen cilindros de gas, deben cumplir con una serie de recomendaciones planteadas por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Las pipetas deben tener máximo 40 libras, ser de una compañía registrada y no presentar abolladuras, grietas, ni signos de corrosión. Deben estar en áreas ventiladas y sobre una base que evite que se pueda caer para evitar cualquier riesgo.
Asimismo, los puestos de alimentación que utilicen gas natural deben estar separados como mínimo cinco metros de otros puestos de venta ambulante. La Secretaría indicó que, con las alcaldías locales y bomberos, se adelantarán verificaciones en puntos de alta concentración de público durante la temporada decembrina como San Victorino, el 20 de Julio y el Parque Nacional.
“En Bogotá vamos a garantizar el derecho a la ciudad y al uso del espacio público: a los vendedores informales y formales, a los peatones y a los residentes. Para lograrlo estamos organizando el espacio público para que los vendedores ambulantes puedan mejorar sus ingresos y con mejor mobiliario, y a la vez permitan que los ciudadanos puedan transitar y disfrutar la ciudad sin riesgo y aglomeración”, afirmó Gómez.
A los vendedores informales que no cumplan con todas las medidas de seguridad exigidas les serán retirados los cilindros con el fin de evitar que se ponga en riesgo su vida y la de los compradores. El mobiliario que se utilice para estas ventas no puede ser fijo y no debe bloquear la vía. En caso de incumplimento, los vendedores serán retirados inmediatamente del área.
“DEBEMOS EVITAR UNA BOMBA DE TIEMPO EN LAS CALLES DE BOGOTÁ”
LUIS ERNESTO GÓMEZ
Secretario de Gobierno