“Más grave que Iota y Eta es el huracán de la corrupción en San Andrés”: procurador
El caso. Según el procurador, se estarían revisando cerca de 5000 contratos suscritos este año, que suman 191.000 millones de pesos
El procurador Fernando Carrillo aseguró que la corrupción que existe en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es más grave que cualquier huracán que lo haya afectado.
Así lo expresó al referirse a una vigilancia que desarrollará sobre más de 5000 contratos suscritos por la Gobernación de ese departamento este año y que además indaga otros 1500 por una posible nómina paralela, todo por una cuantía de 191.000 millones de pesos.
“Más grave que los huracanes Iota y Eta es el huracán de la corrupción en San Andrés”, dijo Carrillo durante una visita a San Andrés.
La Procuraduría identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso de Iota, en el departamento se han celebrado 318 contratos por valor de 7035 millones de pesos, de los cuales seis, que suman 2315 millones de pesos, corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación del archipiélago.
“Como parte de una acción preventiva, el ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla”, detalló la Procuraduría.
La acción del ente de control focalizará la vigilancia y seguimiento a 12 contratos suscritos con 10 contratistas, por más de 16.300 millones de pesos.
Según la Procuraduría, entre enero y marzo, la contratación sobrepasó los 112.000 millones de pesos.
De abril a lo que va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la contratación fue de casi 79.000 millones de pesos.
Alumbrado navideño
Entre las acciones desarrolladas por la Procuraduría está la apertura de una indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago, Alen Jay Stephens, por “presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla”. Ese contrato tiene un valor de 1.550 millones de pesos.
Igualmente, indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.
También avanzan investigaciones por posibles irregularidades en un contrato para el suministro de almuerzos, paquetes alimentarios y de aseo a 300 adultos mayores, para evitar contagio de COVID-19, otra por presuntos sobrecostos en contrato para la desinfección de edificios públicos y vehículos de la alcaldía, entre otros.