“Ser dirigente social no es un delito”: Bernardo Argüello
Esta es la segunda entrega de un especial sobre la difícil situación que viven los miembros de organizaciones sociales en este departamento
Bernardo Argüello Santos recuerda como si fuera ayer el día que personas armadas le tumbaron la puerta de la casa y se lo llevaron para el coliseo de Saravena, donde, para su sorpresa, estaba el 80% de la población de este municipio. Era 2002, y la madrugada en que se lo llevaron fue la del 12 de noviembre, después de una noche de ferias y fiestas. De hecho, a las demás personas las capturaron sobre las 3:00 a.m. en el parque principal cuando todavía estaban departiendo.
“Yo ya estaba descansando en mi casa y allá llegaron sobre las 5:00 a.m. Llegamos al coliseo sobre el mediodía. Empezó entonces el reciclaje. Allí tenían gente de civil en carros con vidrios oscuros y ellos eran los que decidían. Nos pasaban en fila y a la gente que iban liberando le ponían un sello en un lugar visible. Finalmente quedamos toda la dirigencia social y de ahí nos llevaron al batallón. Estuvimos tres días antes de que iniciara todo el proceso”, cuenta Argüello.
El grupo de aproximadamente 40 personas fue enviado en un avión militar directo a la cárcel La Picota, en Bogotá, a rendir cuentas por acusaciones de rebelión: “A la mayoría nos decían que pertenecíamos a la insurgencia del Eln, solo a unos cuantos les dijeron que eran de las Farc”.
Para ese entonces, Bernardo era el tesorero de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal y el tesorero de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Saravena (Ecaaas). En pocas palabras, era uno de los dirigentes sociales con más visibilidad en el departamento en ese momento, que según cuenta, estaba muy bien organizado y tenía importantes liderazgos que incluso se llevaban bien con los gobiernos locales y departamentales.
“Finalmente, duramos 18 meses presos y salimos todos juntos, en grupo. Posteriormente fuimos absueltos de esas acusaciones. Eso exactamente es un falso positivo en el sentido en que llevan a los dirigentes presos. El proceso de investigación es muy lento, para finalmente decir: ‘Qué pena, ustedes son inocentes’. Pero ya el daño está hecho y es cuantioso. El daño psicológico, moral, y el daño a la estructura de las organizaciones sociales es muy grande, pues la gente empieza a renunciar a las juntas de acción comunal y a los sindicatos por temor a que los lleven a ellos presos”, cuenta Argüello.
La dicha de la libertad le duró muy poco. Apenas 20 días después de reencontrarse con su familia y volver a frecuentar los lugares de la dirigencia social, volvieron a capturarlo.
“La cuadra de mi casa amaneció rodeada de militares y tanquetas. Me llevaron al batallón y lo primero que me dijeron fue: ‘A usted lo volvemos a capturar porque, ¿qué hacía en el edificio de las organizaciones sociales, en Ecaaas y en Asojuntas alborotando de nuevo a la gente?’. Fue difícil porque ahí me tuvieron cua
“La conclusión que uno saca de esto es que la fuerza pública, con el poder del Gobierno nacional, utiliza a algunos desmovilizados y otros vagos de la calle (gente que no quiere trabajar) como falsos testigos para acusar a la dirigencia social y a los campesinos de que pertenecen a la guerrilla” BERNARDO ARGÜELLO Dirigente social
tro días recibiendo el asedio de los comandantes del batallón y sus supuestas dádivas. Me decían que me iba podrir en la cárcel porque ya no me acusaban por rebelión, sino por terrorismo, y que por eso iba a durar 40 años preso. Pero yo dije que no, que a mí me daba mucha pena, que a mí me tenían que respetar, que esas personas que están nombrando eran dirigentes sociales que conocía, gente de bien y que no iba a señalar a nadie. Y que si eran 40 años, los pagaba, pero que estaba seguro de que no debía nada, así que me sometía a los estrados judiciales y que allí definieran”, dice Bernardo.
Lo cierto es que esta vez duró otros 23 meses en prisión. Y cuenta que, aunque fue duro, le sirvió para terminar de convencerse sobre la realidad de las instituciones en el país.
“La conclusión que uno saca de esto es que la fuerza pública, con el poder del Gobierno nacional, utiliza a algunos desmovilizados y otros vagos de la calle (gente que no quiere trabajar) como falsos testigos para acusar a la dirigencia social y a los campesinos de que pertenecen a la guerrilla. Todo esto auspiciado por las compañías petroleras transnacionales, que son las que le pagan a la fuerza pública para que haga esas acusaciones”, dice este líder social.
“La Fiscalía es el órgano que acusa sin tener las pruebas, solo con falsos testigos pagados. De hecho, la Fiscalía estaba compuesta por personas de Bogotá instaladas en el batallón de la Brigada 18 del Ejército. Ahí mismo queda claro que no hay una independencia y que les pasan información falsa para acallar la protesta social”, afirma Bernardo.
“Afortunadamente el equipo jurídico del movimiento social hizo un trabajo muy fuerte y fue fácil demostrar mi inocencia. Porque la acusación era que en los camiones de la empresa yo transportaba guerrilleros y explosivos para explotar el oleoducto Caño Limón Coveñas. Para ese entonces, Ecopetrol también puso abogados acusadores, pero entre más personas hablan de una situación que no es cierta, más contradicciones hay y más fácil se puede demostrar la inocencia. Sin embargo, la Fiscalía sabe eso desde un comienzo, pero sigue acusando para que la persona siga retenida hasta el último momento que se pueda sostener”, dice Argüello.
Pese a que la familia le rogó a Bernardo que se fuera cuando salió de la cárcel, debido a la zozobra que vivían, este líder social se ha negado a ser un desplazado y a empezar de cero una nueva vida. Ya estuvo lejos de su familia cuando estuvo preso y no le parece que deba dejar su vida de nuevo solo por presión del régimen. Aunque no ha dejado de tener miedo, hoy este hombre se desempeña como presidente encargado de Ecaaas, porque el presidente elegido por la junta directiva, Weimar Cetina Lozada, está preso en estos momentos en condiciones similares. También es el vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal.
“Finalmente, uno no se somete al desplazamiento y corre riesgos en contra de la voluntad de la familia. A los seis meses tomé la decisión de correr el riesgo de nuevo, prefiero morir con dignidad en mi pueblo. Aquí estoy y sigo trabajando en el sector social, porque ser dirigente social no es un delito”, dice Bernardo.