La Cidh verá caso de exterminio a miembros de Unión Patriótica en el país
Hurgando en el
pasado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) comienza hoy una audiencia de cinco días por una demanda contra el Estado por el supuesto exterminio y violaciones a los derechos de unos 6000 miembros del partido Unión Patriótica a lo largo de 20 años a partir de 1984.
La Cidh, con sede en Costa Rica, llevará a cabo la audiencia de manera virtual debido a la pandemia de la covid-19 y se prevé que concluya el próximo viernes tras haber declarado testigos y peritos y se hayan expuesto los alegatos orales finales de las partes.
La demanda, presentada a la Corte en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), afirma que “el caso se relaciona principalmente con un exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones al derecho a la vida, desapariciones forzadas y desplazamientos de particular gravedad y magnitud, y tiene un carácter emblemático en Colombia”.
Estos hechos ocurrieron a partir de 1984 y durante al menos 20 años, contra unos 6000 miembros o militantes de la Unión Patriótica (UP), quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales.
Además, la demanda alega que determinadas personas habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos judiciales.
Al Estado colombiano se le acusa de haber violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial, así como los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no
"Se sostiene que las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso habrían sido incipientes e insuficientes” AFIRMA LA DEMANDA DEL CASO
discriminación.
Todo ello debido a que el móvil de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las presuntas víctimas habría sido su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo.
La demanda también señala que las víctimas de este caso aparentemente fueron sometidas constantemente a estigmatización a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas o brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Esos calificativos habrían tenido un efecto en los actos de violencia desatados en contra de los miembros y militantes del partido, por lo que la acusación señala que el Estado incurrió en violaciones al derecho a la honra y la dignidad.
“Se sostiene que las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso habrían sido incipientes e insuficientes, y no habrían logrado proveer, ni a los sobrevivientes, ni a los familiares de los fallecidos, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la UP”, afirma la acusación.