Los asesinatos de líderes tienen que dejar de ser parte del paisaje
Violencia. Una investigación realizada por fundaciones y organizaciones muestra que hay impunidad, sistematicidad y estigmatización en los crímenes de líderes sociales en el país. Le contamos.
Pese a que el Estado ha reiterado en diferentes oportunidades que no existe una sistematicidad en los crímenes cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, un estudio de la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, Indepaz, la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia, confirmó que no solo existe un patrón en los asesinatos, también descubrieron una estigmatización e impunidad en la mayoría de los casos que estudiaron.
Dicha investigación, que revelarán hoy al país, identificó varios patrones en los asesinatos perpetrados en las regiones del norte del Cauca; el Urabá antioqueño y bajo Atrato chocoano; sur de Córdoba, y nordeste y bajo Cauca antioqueños.
Según la investigación, en el periodo comprendido entre el 1.º de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, en las regiones mencionadas, unas 255 personas fueron víctimas de homicidio: 213 de ellas fueron caracterizadas como defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y las otras 42 eran excombatientes de las Farc.
“Aunque las regiones focalizadas tienen contextos específicos y dinámicas diferenciadas en las violaciones a los derechos humanos, la investigación concentró el análisis de estas zonas atendiendo a los siguientes aspectos: el
“Los sectores de liderazgo y defensa de los derechos humanos más victimizados son los pertenecientes a los sectores comunal, indígena, político, campesino y sindical” SEGÚN INDICA EL ESTUDIO
incremento de los hechos de violencia en estas regiones, son zonas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), son territorios estratégicos para diferentes actores armados y son territorios con existencia de conflictos por el uso del suelo”, indicó el estudio.
Estos son algunos de los patrones que resaltó la investigación:
Sistematicidad
Teniendo en cuenta los 213 crímenes contra líderes y defensores que se estudiaron en la investigación, se mostró que “los sectores de liderazgo y defensa de los derechos humanos más victimizados son los pertenecientes a los sectores comunal, indígena, político, campesino y sindical. También han sido victimizados los líderes y lideresas afrodescendientes, personas defensoras que lideran o participan en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, líderes y lideresas que participan en procesos de restitución de tierras, y personas defensoras de los derechos ambientales y territoriales”.
Estigmatización
Las amenazas constituyen otra modalidad de agresión predominante. Están relacionadas con la estigmatización, “pues mediante ellas, además de anunciar futuros asesinatos, desplazamientos forzados o torturas contra la persona defensora, miembros de su grupo familiar, comunidad y organizaciones, se le señala peyorativamente”.
La investigación señaló que de los 213 registros, 120 de ellos pertenecían a organizaciones políticas, comunales y campesinas. Además, 44 de estas personas pertenecían a Marcha Patriótica, lo que indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de la oposición.
Impunidad
Sobre los 255 casos de estudio, la Fiscalía no aportó información que permitiera conocer la orientación de las investigaciones ni su avance en términos de la desarticulación de las organizaciones criminales que se presume están tras esos crímenes.
Ante los cuestionamientos hechos a la entidad para resolver algunas inquietudes, esta fue la respuesta del ente acusador: “La aplicación de las líneas de acción de la estrategia y la metodología de investigación han permitido que la Fiscalía eleve el índice de avances en el esclarecimiento en materia de casos de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. Así, pese al elevado número de homicidios contra esta población y las limitaciones dadas por la pandemia, la Fiscalía ha dado un salto importante durante 2020, en el que se logró avanzar en 10 puntos porcentuales, de febrero de 2020 a febrero de 2021, se pasó de 52% a 62,74% de avance de esclarecimiento en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos”.
La investigación, además, precisó que el ente acusador al decir “avances en el esclarecimiento” se refirió a “aquellas noticias criminales en las que hubo al menos una captura, imputación, condena o muerte del indiciado”. Esto, sin explicar en cuántos casos se consiguió establecer los autores intelectuales, las estructuras o alianzas tras los crímenes, los cómplices y los determinadores.
Otro punto preocupante que resaltó el informe es la diferencia en las cifras que toman las entidades oficiales, como la Fiscalía, para presentar sus estadísticas.
En este caso, para presentar los resultados de los casos esclarecidos se tomaron en cuenta las cifras verificadas por la Oficina de la Representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), sin tener en cuenta que este organismo ha precisado que esas cifras son solo una muestra de los homicidios contra personas defensoras, y que no representa el universo de los casos.
Pero según la base de datos conjunta de las organizaciones que participaron en el informe, entre el 1.º de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 se registraron 944 homicidios contra líderes sociales y excombatientes de las Farc en 29 de los 32 departamentos. Solo en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander ocurrieron 568 casos.
La presentación de esta investigación se podrá ver hoy, a través de los perfiles en Facebook de las organizaciones participantes, desde las 8:00 a.m.