Cuando la voz se quiebra al decir ‘Colombia’
Derechos humanos. En un nuevo día de paro, después de ocho días de protestas, violencia e impotencia, hay un país que exige respuestas, que no se va a callar hasta ser escuchado y que quiere recomponerse. ¿Cómo llegamos a este punto?
Denuncias. Las redes sociales han albergado decenas de videos e imágenes que dan muestra del uso excesivo de las autoridades en contra de los manifestantes. Por eso muchos se preguntan: ¿quién está dando la orden de disparar?
Llamado de atención internacional. Diferentes organizaciones y Estados le han pedido al presidente Iván Duque poner fin a la represión de las manifestaciones y lograr un diálogo con quienes protestan
Hoy se cumple una semana desde que se iniciaron las marchas en Colombia en contra de la reforma tributaria y el panorama del país, en relación con las violaciones de los derechos humanos, parece haber alcanzado niveles que no se habían visto en su historia reciente.
Una inoportuna reforma, que pretendía gravar a la clase media para costear el hueco fiscal que causó la pandemia de covid-19; y un ministro de la cartera de Hacienda, que no tenía ni idea de cuánto costaba una docena de huevos, fueron el detonante para que los ciudadanos salieran a las calles a marchar, aun sin importar que el país atravesara por el tercer pico de contagios de covid-19.
Desde el día uno las manifestaciones se tornaron violentas y en las ciudades se empezaron a contabilizar pérdidas materiales, pero también vidas.
Luego llegó la tardía respuesta del presidente Duque, quien solo hasta el domingo admitió el error de presentar una reforma que encarecería la vida de la mayoría de los colombianos y por eso ordenó al Congreso de la República retirarla. En la mañana del lunes, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio un paso al costado entendiendo el costo político que le representó ser la cabeza del proyecto más nefasto del Gobierno.
Enfrentamientos y muertes
Pero estos dos anuncios no fueron suficientes para los colombianos, que siguieron protestando para exigir explicaciones por quienes perdieron la vida en medio de las represiones de las Fuerzas Militares y que al cierre de esta edición ya sumaban 19 víctimas, según datos de la Defensoría del Pueblo y la ONU. Sin embargo, otras organizaciones de derechos humanos han reportado 31 homicidios hasta el 4 de mayo y a esto se suma la cifra de 89 personas desaparecidas en medio de las protestas y de las cuales sus familiares no tienen conocimiento sobre su paradero o estado de salud.
Para responder a estas acusaciones, el ministro de Defensa,
Diego Molano, informó al país que pese a que solo ha muerto un policía en medio de las marchas, las autoridades tienen reportes de 216 disparos contra los uniformados, de los cuales 202 se registraron en Cali, donde las protestas han sido más crudas.
Además, Molano manifestó que hay un registro de 579 policías lesionados: “464 uniformados tienen contusiones, 93 han sido heridos con arma cortopunzante, tres con arma de fuego y 15 por artefactos explosivos o acción incendiaria. De ellos, 25 continúan hospitalizados”, indicó.
Pero el ministro también anunció investigaciones contra miembros de esta institución: “En coordinación con la
“TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE MOMENTO ESTÁ TRANSVERSALIZADO POR EL ÁNIMO PRELECTORAL QUE HAY EN EL PAÍS”
DANIEL PALACIO MEJÍA Politólogo y abogado
Procuraduría y la Fiscalía, las autoridades adelantan las siguientes actuaciones: se les dio apertura a 29 investigaciones disciplinarias, siete investigaciones penales asumidas por la Fiscalía y son cinco investigaciones asumidas por la Justicia Penal Militar”, indicó y al tiempo aseguró que “nadie ha dado la orden para disparar” en contra de la población.
Daniel Palacio Mejía, politólogo y abogado, dijo a PUBLIMETRO que estas manifestaciones se traducen en una crisis de gobernabilidad que afecta tanto al Gobierno nacional como a los locales, dado al descontento generalizado de los ciudadanos, que se ha incrementado por la pandemia y la situación económica: “Todo lo que está pasando en este momento está transversalizado por el ánimo prelectoral que hay en el país”.
Los ojos del mundo puestos en Colombia
Las denuncias que se conocieron a través de transmisiones en vivo en Facebook e Instagram y publicaciones en Twitter las pudieron comprobar los miembros de una comisión de la ONU que llegaron a Cali y que fueron víctimas de las agresiones de la Policía.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se mostró profundamente alarmada por los acontecimientos ocurridos en esta ciudad, “en los que la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban por las reformas fiscales, causando varios muertos y heridos”.
Tras esta denuncia, Estados Unidos y la Unión Europea se unieron al pedido de organizaciones internacionales como la OEA y Amnistía Internacional, que le pidieron al Gobierno convocar al diálogo y frenar la represión en las manifestaciones.