Un mes después, estamos aprendiendo a escucharnos
Se cumple un mes de protestas y queremos destacar los diálogos que se llevan en puntos claves de Bogotá y Medellín, analizar la situación de derechos humanos y cuál sería la manera de comenzar a solucionar los problemas. Le contamos.
“IMPEDIMENTO DE ENTRADA DE LA CIDH ES UNA MUESTRA MÁS DEL ‘NEGACIONISMO’ DE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS QUE ENFRENTA EL PAÍS” ÉRIKA GUEVARA Directora para las Américas de Amnistía Internacional
Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en medio de las manifestaciones del paro nacional, han manifestado su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se han presentado en las protestas.
El Gobierno, por medio de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, anunció que no permitirá la entrada inmediata de una misión de verificación de la Cidh para observar la situación de derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Por lo menos, no antes del mes de julio, ya que la vicepresidenta dijo que hay que dejar que las entidades competentes, como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, hagan su respectivo trabajo.
Sin embargo, ante este anuncio, la sociedad se ha mostrado indignada por no permitir la entrada de esta misión que tendría como objetivo observar de primera mano la situación en el país. Las organizaciones sociales vienen manifestando su preocupación y exigiendo al Gobierno que se permita la entrada de la Comisión. En un reciente comunicado, la Comisión reiteró que urge que el Estado permita la visita de la misión de verificación.
Según Indepaz y la ONG Temblores, en este mes de manifestaciones por lo menos 60 personas habrían sido asesinadas en el marco del paro. Dentro de estas 60 personas, en 43 casos, la fuerza pública tendría la presunta autoría del crimen, según las organizaciones.
Además, según las mismas organizaciones, 46 personas habrían sido víctimas de heridas oculares y 22 de agresión sexual. Además, expusieron que dos miembros de la fuerza pública fueron asesinados. Se conoció, también, por medio de un video, la agresión a un policía con una bomba molotov que le incendió la cabeza y le dejó en delicado estado de salud.
El pasado 21 de mayo, el país conoció el relato de una patrullera que fue abusada y agredida por personas desconocidas al interior de un CAI que estaba siendo vandalizado en Cali, el 29 de abril. Las organizaciones de derechos humanos de mujeres y feministas se manifestaron al respecto. “Nuestros cuerpos no son campos de guerra”, pronunciaron diferentes mujeres en las redes sociales.
En el marco de las movilizaciones, la Cidh también manifestó su preocupación en cuanto a las agresiones sufridas por la minga indígena en Cali, cuando civiles armados dispararon contra un de personas que entraba a la ciudad por el sur, pasando por el sector de Ciudad Jardín. En estos hechos, habrían resultado heridas nueve personas de la comunidad indígena.
La ONG Temblores ha hecho un juicioso seguimiento a los casos de violencia policial en el marco del paro nacional. Su último informe, reporta que hasta el 24 de mayo, se habían presentado 3155 casos de violencia policial. Además, se reportaron 955 víctimas de violencia física, 1388 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones violentas y 165 casos de disparos con arma de fuego.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Cceeu, una red de 285 organizaciones sociales y de derechos humanos, declaró que sostuvo una reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para hablar sobre la preocupante situación de derechos humanos en el paro.
Además, Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó que “la determinación gubernamental de no dejar entrar a la Cidh al país, es una muestra más del negacionismo de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país”.
En este mes de movilizaciones se han podido recoger miles de videos en las redes sociales que muestran tanto el actuar irregular de la fuerza pública como graves situaciones de ataques a misiones médicas e impedimentos de circulación de ambulancias por el territorio nacional.
A todo este panorama se ha sumado la preocupación nacional por el pedido de auxilio de una cifra alarmante de desaparecidos. Varios de ellos ya han aparecido sin vida y la mayoría siguen sin aparecer. La Fiscalía reportó la desaparición de 129 personas en el marco de las protestas, mientras que varias ONG y la Defensoría del Pueblo habían reportado una cifra de 500 personas desaparecidas. La Fiscalía reportó que por el Mecanismo de Búsqueda Urgente, 290 personas habrían sido encontradas, según el ente.
Si bien el Gobierno ha dicho que está dispuesto a dialogar para encontrar una solución a esta situación, lo cierto es que en las calles, los ciudadanos siguen denunciando ser agredidos por la fuerza pública, como lo han contabilizado en los últimos días los registros de diferentes organizaciones sociales. La ciudadanía reclama que se cumplan los lineamentos del derecho internacional humanitario para la garantía al derecho legítimo a la protesta.
Otros alegan que los bloqueos que se han generado en diversas vías de hecho del país, vulneran los derechos humanos de muchos por no poder tener libre circulación y por amenazar la seguridad alimentaria, entre otras cosas, por no permitir el paso de transporte que lleva comida, insumos médicos y de otras naturalezas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre toda situación ha sido insistente en que mira con extrema preocupación la crisis de derechos humanos está ante los ojos del Gobierno, y que en este punto, necesita con urgencia un ojo directo internacional.