Las controversiales reformas aprobadas en el Congreso: a la justicia y al Código General Disciplinario
Controversiales han resultado las dos reformas que podrían, incluso, ir en contra de la Constitución. Varios senadores y representantes se han pronunciado en contra
En los últimos días, las mayorías en el Congreso han sido duramente criticadas por la opinión pública debido a la aprobación para proyectos de reforma que tendrían micos en sus textos. Le explicamos por qué la polémica
En los últimos días, específicamente desde el pasado martes, en el Congreso se han debatido proyectos de reforma cruciales para determinar prioridades en el sistema judicial y en el código disciplinario que reglamenta el actuar de la Procuraduría General de la Nación, encargada de investigar y sancionar a funcionarios públicos que incurran en irregularidades.
Parecerían reformas que tendrían que hacerse, pero hay puntos que no convencen. El primero, la reforma a la justicia, que se llamó Reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, fue una apuesta del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y algunos congresistas.
El objetivo principal de esta reforma es mejorar la gestión del sistema judicial y facilitar la labor de los trabajadores de esta rama del poder. Dentro de las iniciativas del proyecto están la adopción de expedientes digitales para facilitar la labor judicial. Además, crear juzgados itinerantes para solventar requerimentos de la justicia en algunas zonas del país.
Otro de los asuntos positivos es que el texto plantea equidad de género, pues instauraría la obligación de que el 50% de las listas para magistratura en las altas cortes sea para mujeres.
Sin embargo, varias críticas han despertado algunos artículos de la reforma que serían micos. Según varios representantes en la opinión pública, estos artículos no representarían los intereses de la ciudadanía.
Varios senadores alegaron que, después de varias reformas al texto, este fue aprobado con un parágrafo, el artículo 67, que modifica los requerimentos para aspirar a a los cargos de procurador, fiscal general, registrador y defensor del Pueblo. Estos requisitos migrarían a que no deben tener experiencia en el ámbito judicial las personas que aspiren a estos cargos. Se habla de una diferencia muy grande, debido a que hasta ahora la experiencia requerida es de 15 años.
Los trabajadores de la Rama Judicial pertenecientes a Asonal han alegado, también, que el declarar la justicia como un derecho fundamental estaría desconociendo sus derechos sindicales y de huelga, ya que esta facultad les impediría generar paros para reclamar derechos.
La reforma llegó a ser tan controversial, que la misma presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, que promovió el proyecto, se apartó de algunos parágrafos que se agregaron por considerarlos anticonstitucionales.
Además, la controvertida reforma apunta, entre otras cosas, a la creación de nuevos cargos en la Defensoría del Pueblo. Serían alrededor de 1000 nuevos puestos, ya que se propone que haya un defensor por municipio en el país. Esto fue altamente criticado por figuras como el senador Antonio Sanguino, quien alegó que mientras se rechazan debates de proyectos que buscan garantizar la matrícula cero, se aprueban nuevos cargos que generarían más gastos al Estado.
“Sería ideal si los poderes realmente estuvieran separados en este momento, pero no es la realidad, por eso no es viable en un Estado como este, que no está haciendo sus labores de control y vigilancia como debe ser”
CARLOS ANDRÉS ARIAS ORJUELA Comunicador social y periodista especializado en Opinión Pública y docente de maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado
Sobre esta polémica reforma, Carlos Andrés Arias Orjuela, comunicador social y periodista especializado en Opinión Pública y docente de maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado, comenta que estos fragmentos del articulado son fatales para la democracia.
Además, el experto comenta que al tocar los dineros del Estado para aumentar el número de cargos es grave, ya que realmente estos se pueden prestar para que se posicionen cuotas amiguistas en esas nuevas vacantes de la Defensoría del Pueblo: “Sería ideal si los poderes realmente estuvieran separados en este momento, pero no es la realidad, por eso no es viable en un Estado como este, que no está haciendo sus labores de control y vigilancia como debe ser”, comentó.
Por otra parte, la reforma al Código General Disciplinario se habría aprobado el pasado miércoles. El proyecto fue redactado por Margarita Cabello, la misma procuradora general, quien alegó que su aprobación podría detener la archivación de por lo menos 10.000 procesos disciplinarios.
Esta reforma también generó varias críticas, pues, por ejemplo, establece funciones administrativas al interior de la Procuraduría al presidente de la República. Es decir, este podría ajustar a su acomodo la planta del personal en la entidad.
La Misión de Observación Electoral (MOE), criticó, en su momento, que esta reforma le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, lo que no debería suceder. Además, lo facultaría de funciones de policía judicial. Es decir que al interior de la Procuraduría se podrían autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones.
La bancada opositora realmente ha rebatido, principalmente, este articulado que otorga las funciones judiciales a esta entidad. Según dicen, este poder que se le otorga podría generar persecusión a dirigentes políticos. En medio de esta, también se ha planteado la creación de nuevos cargos, que, nuevamente, serían costeados con recursos del Estado, lo cual se contradice con varias de las afirmaciones que han venido del Gobierno que dictan que los recursos no están siendo suficientes.
Incluso, el Consejo Nacional de Estado (CNE) se manifestó en contra de la reforma, ya que para el tribunal, la Procuraduría no forma parte constitucional de la Rama Judicial y por ende, no puede desempeñar funciones que a esta correspondan.
Entre tanto, ahora, en el caso de la reforma a la justicia, el proyecto espera ser conciliado con el texto de la Cámara de Representantes. Luego, será la Corte Constitucional quien revise el proyecto y determine la constitucionalidad del texto aprobado.