Colombia trabaja en mejorar el trato de las instituciones estatales hacia las mujeres víctimas
Un estudio muestra la necesidad de seguir trabajando en la transformación de los prejuicios, creencias e imaginarios culturales que justifican la violencia contra las mujeres
MARÍA ESPERANZA ARIAS La mayoría de mujeres víctimas de violencia acuden principalmente a la Policía y a la Fiscalía con el ánimo de imponer denuncias y pedir justicia, pero en algunos casos terminan siendo revictimizadas.
Es por eso que la Vicepresidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de ONU Mujeres y Usaid, trabajan para estudiar e identificar cambios en los patrones socioculturales que legitiman o justifican violencias contra las colombianas.
El resultado del análisis se muestra en la tercera medición del Estudio de Tolerancia Social de Violencias contra Mujeres, que por primera vez arrojó resultados positivos, aunque todavía hay mucho por hacer.
El estudio
Los resultados establecen que las tres entidades más reconocidas por la población para acudir en caso de agresión o algún tipo de violencia contra las mujeres son: la Policía (70,9% frente a 51%, en 2015), la Fiscalía (37,3% frente a 31,1%, en 2015) y las comisarías de familia (21,6% frente a 21%, en 2015). Esto quiere decir que en todos los casos la participación de las mujeres al momento de imponer denuncias aumentó y esto se podría traducir en un leve aumento en la confianza en las instituciones.
La consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, resaltó que Colombia camina en la dirección correcta, en aras de proteger a las mujeres y blindarlas de cualquier tipo de violencia. “Los resultados son alentadores, pues se muestra un avance importante en las regiones y se evidencia cómo los procesos de formación y sensibilización a la ciudanía y a las entidades del Estado están dando fruto. Cada vez la sociedad rechaza más la violencia contra las mujeres; es importante continuar fortaleciendo el trabajo con la comunidad y con los servidores públicos, ya que –en menor medida– aún persisten imaginarios que justifican la violencia”.
Asimismo, el estudio sugiere la necesidad de fortalecer acciones educativas y de comunicación dirigidas a la población en general, y de formación dirigidas a los servidores públicos, pues se mantienen creencias que culpan a las víctimas de estas violencias. En la encuesta, el 17% de los hombres y 13% de las mujeres creen que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”. No obstante, debe anotarse que este porcentaje ascendía al 37% en 2015, tanto en género masculino como femenino.
La representante de ONU Mujeres Colombia, Bibiana Aído Almagro, aseguró que “esta publicación nos ofrece una hoja de ruta, donde se señalan elementos de oportunidad para que conjuntamente sumemos esfuerzos para garantizar que ninguna mujer o niña en ninguna región del país sufra violencia”.
Y estos esfuerzos se han visto reflejados en las Comisarías de Familia, donde han fortalecido protocolos y lineamientos para la prevención y el abordaje integral de las violencias contra las mujeres, la prevención del riesgo de feminicidio, la realización de Consejos de Seguridad territoriales centrados en las violencias contra las mujeres y la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo.
Sobre esto, la Subdirectora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia, Martha Aponte, señaló que “sabemos que se requiere de una transformación cultural en la erradicación de violencias contra las mujeres.
“TODOS TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE TRANSFORMAR LAS NORMAS SOCIALES Y LOS VALORES CULTURALES QUE DISCRIMINAN A LAS MUJERES” MARTHA APONTE Subdirectora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia
Esto es una tarea compartida entre la sociedad y las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar las violencias. Todos tenemos la responsabilidad de transformar las normas sociales y los valores culturales que discriminan a las mujeres”.
Este estudio es solo uno de los pasos para seguir adelante en el trabajo de lograr que los servidores públicos tengan un trato más humano con las mujeres víctimas de violencia.