El comando de la Bogotá cuidadora...
El Gobierno criticó y rechazó la idea de Claudia López de crear un comando contra estructuras criminales de migrantes. Le contamos sobre este nuevo choque entre Duque y López, así como las reacciones ante este anuncio de la alcaldesa.
No pasaron 24 horas desde del anuncio de la alcaldesa Claudia López sobre la creación de un comando de operaciones conjunto contra estructuras criminales de migrantes, así como el compromiso de la identificación de la totalidad de la población migrante residente en Bogotá, para que el Gobierno de Iván Duque desautorizara lo pactado durante un consejo de seguridad entre el Distrito, Policía y Migración Colombia.
La alcaldesa confirmó la noticia en sus redes sociales, indicando que la impunidad incrementa la criminalidad e inseguridad. “Los criminales no van a hacer fila en Migración para que los identifiquemos y judicialicemos. Tenemos que salir, identificarlos y capturarlos para judicializarlos”, dijo.
Paralelamente, afirmó que respeta, mas no comparte, la decisión del presidente Iván Duque: “No la compartimos, nos parece equivocada, nos parece que es permitir no solo el asalto a la seguridad, sino a la buena fe de los colombianos y bogotanos”.
De esa manera, recalcó que “sin poder identificar a alguien no hay judicialización y sin judicialización no hay cárcel, y sin cárcel la gente queda libre en la impunidad y sigue cometiendo delitos”.
Según lo que denunció la Alcaldía, esta situación es la que precisamente se ha venido presentando en la capital, dado que hay una inmensa cantidad de migrantes detenidos que por dificultades con la identificación, debido a su estatus migratorio, están quedando libres, gozando de impunidad. Las cifras las entregó el secretario de Seguridad Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, el pasado 12 de agosto. Precisó en su momento que, en lo corrido de este año y con corte a esa fecha, unos 16.900 ciudadanos venezolanos habían sido detenidos en la capital. De esa cifra, alrededor de 14.000 no se pudieron judicializar y quedaron libres. La última cifra que se conoce corresponde a 2550 migrantes a quienes este año sí se les pudo legalizar la captura en Bogotá.
Además del pronunciamiento de Presidencia, Migración Colombia se expresó sobre la decisión de la alcaldesa y se desmarcó de lo anunciado el pasado miércoles, asegurando que nunca respaldó la medida que, además, es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
“Aquellos casos pequeños, en los cuales se han dado casos de criminalidad, la posición continúa siendo ‘no deportación y no expulsión’. Una persona que comete un delito es una persona que tiene que ser judicializada”, dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
Sin embargo, es justamente ese último punto el que pone en duda la alcaldesa López, ya que no se puede judicializar a una persona que no está identificada.
La Cidh se opuso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) mostró su preocupación y a través de un trino dijo que este tipo de decisiones generan estigmatización.
“La Cidh reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”, indicó la Comisión.
Por lo pronto, la creación de este comando quedó desautorizada por el Gobierno Nacional, que espera darle una solución pronta a los migrantes venezolanos que llegan al país de forma irregular con la entrada en vigencia del Estatuto Temporal.