Cuba: reacciones a la ley sobre el uso de las comunicaciones
La Sociedad Interamericana de Prensa criticó la nueva ley que, entre otros puntos, considera como delito convocar manifestaciones y publicar contenidos que podrían ser subversivos
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la nueva estocada a la libertad de expresión en Cuba que significa la aprobación de un decreto que aumenta el “control y las restricciones al uso de internet y las redes sociales” en la isla.
Se trata del Decreto-Ley 35/2021, una serie de medidas que el régimen cubano puso en marcha este en respuesta a las protestas antigubernamentales pacíficas que iniciaron el 11 de julio.
La nueva normativa sobre Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico establece 17 delitos de ciberseguridad.
Así, la convocatoria a manifestaciones es considerada un delito de ciberterrorismo y la publicación en la red de contenidos considerados subversivos es tipificado como incidente de alta peligrosidad.
El hondureño Jorge Canahuati, presidente de la SIP, tachó este decreto de “nueva estocada contra la libertad de expresión, una normativa elaborada con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales”.
Canahuati destacó que “estas (las redes sociales) se han convertido en el principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información”.
“La aprobación de esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado”, expresó, por su parte, el argentino Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Señaló que esta medida se suma a las “leyes y decretos que ya existen en Cuba para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial”.
El “amedrentamiento en contra de la población y de los periodistas independientes” por el uso de internet no es nuevo en Cuba, indicó la SIP en un comunicado.
La SIP viene denunciando en sus informes semestrales al monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) como brazo ejecutor de las políticas restrictivas de los servicios de internet y telefonía.
El Índice Chapultepec 2020, una herramienta de medición de la SIP fundamentada en su Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, pone a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, entre los países cuyos gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, jaqueos y amenaza de sanciones penales.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.